En Oaxaca, uno de cada tres procedimientos sancionadores llega a un tribunal

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  • Autoridades municipales quienes más actos de violencia política en razón de género cometen
  • Cinco autoridades en la “lista negra” por violentar derechos políticos

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 5 de abril, 2021.- En Oaxaca el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) recibió entre julio del 2020 y hasta el 31 de marzo pasado un total de 23 procedimientos especiales sancionadores (PES) por violencia política en razón de género, solo una tercera parte llega ante un tribunal electoral.

De acuerdo con documentos públicos de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del IEEPCO, de los 23 PES, ocho fueron remitidos al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, cuatro fueron sobreseídos, cuatro se realizan investigaciones complementarias, dos fueron desechados y cinco están en investigación preliminar o inicial.

El IEEPCO refirió en un boletín, reciente, sobre los informes correspondientes a los expedientes de investigación por presuntas violaciones a la ley electoral que, de los siete expedientes con que cuenta correspondientes al año anterior, seis son por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y de los 90 expedientes de este año solo dos son por esa razón, es decir, en total ocho fueron enviados ante un tribunal.

Es esta instancia dónde las mujeres acuden a denunciar la violencia política en razón de género y buscan que los casos no queden en impunidad. Ivonne Gallegos Carreño interpuso una queja el 19 de marzo, un día después fue asesinada muy cerca de la población de Ocotlán de Morelos donde sería candidata del PAN a la alcaldía.

En la mayoría de las veces la violencia política en razón de género es cometida contra presidentas municipales y regidoras, una diputada federal y servidoras públicas, por parte de presidentes municipales, miembros de su cabildo y funcionarios municipales, además de personas de la comunidad junto con autoridades municipales, corporaciones de seguridad, diputados, partidos políticos y medios de comunicación.

De los casos que reporta el IEEPCO no todos fueron sancionados en contra de los denunciados por parte del Tribunal Electoral de Oaxaca (TEEO), cuyas decisiones, en ocasiones fueron revocadas por la Sala Xalapa o por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Un caso concreto fue el PES que presentó Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva el 28 de junio de 2020 y que hoy a nueve meses espera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por su presunto agresor, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez.

El PES fue inicialmente desechado por el IEEPCO, la Sala Xalapa determinó que debería ser resuelto por el TEEO instancia que determinó la violencia política en razón de género, pero el presidente municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín impugnó y la sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) aseguró que había violencia política pero no en razón de género y posteriormente la Sala Superior del TEPJF lo desechó por no considerarlo de interés superior, aunque quedó firme la sentencia por violencia política y ordenó restituir a Escamilla Villanueva en su cargo como directora del Instituto Municipal de las Mujeres, el pago de sus sueldos y reparación del daño.

García Jarquín por su parte interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que los tribunales se extralimitaron y violaron la autonomía municipal, al considerar que son estas autoridades quienes determinan a sus empleados, al respecto Escamilla Villanueva virtual candidata a diputada local por Fuerza México señaló que espera que la SCJN sea justa en su resolución, que solo dio tiempo al munícipe morenista de Oaxaca de Juárez quien pretendía ser reelecto.

Señaló que está claro que la resolución en su caso no ha sido cumplida y apeló a que este tipo de vías sean más ágiles.

Registro de personas sancionadas en materia de VP

Por otra parte, el IEEPCO publicó el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El primero es el hoy presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero, quien se habría disculpado “pero no sabía por qué” con la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables, Nayeli Ortiz Jiménez.

Sigue la presidenta municipal de Santa Cruz Amilpas, Natividad Matías Morales, por haber marginado y aislado a la regidora Adriana Risueño Matías.

Timonteo Valencia Vásquez, presidente municipal de Santa Catalina Quierí, por omisiones al derecho a la salud reproductiva de una regidora suplente, quien se ausentó por maternidad y al volver se obstruyó el acceso a las oficinas y le exigió firmara su renuncia, además de que entregara las llaves y omitió el pago de sus dietas. Por este mismo caso también se encuentra en la lista la regidora Alejandrina Herrera Méndez.

En tanto la presienta municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Abelardo Baños, está en la lista por la comisión de violencia simbólica e institucional, en virtud de haber sido invisibilizada la regidora de Ecología, que la llevó a presentar su licencia y posteriormente su renuncia.

Los que tienen desvirtuada la presunción del modo honesto de vivir

La misma institución cuenta con un Registro de Personas que tienen Desvirtuada la Presunción de tener un Modo Honesto de Vivir, se trata de seis autoridades municipales, cuatro de ellos electos por sistemas normativos indígenas y dos por partidos políticos, en este caso no fueron sentenciado por violencia contra las mujeres, pero éstas derivaron de denuncias por violencia de política en razón de género.

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