En Quintana Roo el gobierno simula y no hace frente a la violencia contra las mujeres

*La Red Feminista Quintanarroense propone acciones sencillas y viables, exige que termine la simulación

Entre 2016 y mayo de 2021 han sucedido 53 feminicidios y Benito Juárez es la quinta ciudad más peligrosa del mundo

SemMéxico, Cd. de México, 31 de julio, 2021.-Es tiempo de acciones y no simulaciones para abatir la violencia contra las mujeres de Quintana Roo, manifestó la Red Feminista Quintanarroense y  exigió  al gobierno de esa entidad rinda cuentas claras  tras 4 años desde que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM porque no hay seguridad para ellas, y les urge regresar a sus casas con vida.

Quintana Roo  tiene el 5º. lugar en feminicidios y entre octubre de 2016 y mayo de 2021, en esa entidad han sucedido 53 feminicidios. Sólo el municipio de Benito Juárez  este año se abrieron 10 carpetas de investigación, y continúa la impunidad.

De acuerdo con  el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  Cancún se encuentra entre las 50 ciudades del mundo más violentas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ubica a la entidad como de importantes actos de acoso, violación y donde las mujeres no pueden tener seguridad.

Por ello la Red ha dado  una larga lucha, de movilizaciones y acciones para que se cumplan las recomendaciones de la AVGM, y hoy, en una actitud cooperadora exige  se hagan acciones planificadas, medibles y  reales.

Tales como  planes trimestrales de acción,  que el C5 funcione a favor de las mujeres, porque en Quintana Roo es difícil para todas las mujeres desarrollar sus proyectos de vida, cuando la inseguridad las acosa sistemáticamente.  Quieren ya, contar con un verdadero compromiso de las autoridades.

En una carta y pliego petitorio dirigidas  a  Lucio Hernández Gutiérrez Secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, en tres apartados sugieren cómo debía funcionar el C5 y desarrollar otras acciones urgentes para parar la violencia de género y abatir el feminicidio.

La red  visitó las instalaciones de C5 complejo de seguridad de Quintana Roo, puesto que hasta ahora no hay “justicia y verdad para nuestras hermanas que nos fueron arrebatadas por la violencia feminicida”. 

Proponen organizar los patrullajes, las cámaras de vigilancia, módulos de atención, indicadores de impacto medibles, recursos asignados, objetivos, estrategias y acciones a corto y mediano plazos, relacionándolos con políticas públicas claras que permitan la apropiación y mejoramiento del espacio público. Todo lo cual es hasta ahora simulación, afirman.

Hasta ahora, tras mesas de trabajo y diálogo, han sido desestimadas la cooperación ciudadana y los mecanismos de política pública a que el gobierno se ha comprometido. Delinea la Red una serie de medidas, sencillas y posibles, para enfrentar de manera efectiva la situación

Aquí la Carta petición

Lic. Lucio Hernández Gutiérrez 

Secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo

P r e s e n t e

La Red Feminista Quintanarroense es una articulación de Colectivas y Organizaciones de la Sociedad Civil que tiene entre sus objetivos la lucha por los derechos de las mujeres; en ese sentido somos acompañantes y red de apoyo de mujeres y niñas que han sido víctimas de diversos delitos. Eso nos hace conscientes de muchas de las acciones que es necesario desplegar a fin de que el sistema de seguridad pública y los recursos que en la materia se han invertido, funcionen a favor de garantizar la vida, la paz y la libertad de las mujeres en todos los espacios en los que nos desarrollamos. 

Aunado a ello, somos parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de seguimiento de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017, por lo que hemos evaluado -de manera conjunta con las demás integrantes del GIM- los informes que se han emitido y hemos propuesto acciones a desarrollar para lograr una mayor efectividad en el tema.

Por ello, en virtud del inicio de operaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación e Inteligencia en el Estado de Quintana Roo, conocido como C5, el cual contempla en sus instalaciones diversos sistemas y plataformas tecnológicas que deberían contribuir a brindar mayor seguridad a la ciudadanía, ya que el monitoreo deberá permitir la rápida implementación de recursos humanos, materiales y tecnológicos más cercanos para la oportuna atención para reducir delitos y a focalizar acciones de prevención, nos permitimos hacer las siguientes peticiones y propuestas:

1. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres. 

Al respecto, es importante mencionar que las zonas de riesgo respecto a los casos de violencia contra las mujeres se deberían determinar con base en el número de reportes, auxilios, denuncias o llamadas recibidas que se refieran a violencia familiar. Una vez detectadas, es necesario establecer las estrategias claras para reforzar los patrullajes, establecer condiciones seguras en las áreas públicas (alumbrado, podado), ubicar cámaras de vigilancia, postes de emergencia, reforzar los patrullajes, establecer aplicaciones que vinculen a las víctimas con las dependencias específicas para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia de género.

Es necesario contar con agendas o programas pre-elaborados de patrullajes que señalen la priorización de atención en las zonas de alta incidencia de violencia contra las mujeres en todos los municipios. 

Para las mujeres es necesario saber que las cámaras de vigilancia funcionan y que los postes de emergencia existen, cuántos son y dónde se encuentran, así como la forma efectiva en que esos recursos ayudarán a prevenir los delitos que se cometen en nuestra contra o coadyuvarán para dar con las personas responsables de los actos delictivos.

Por ello, esperamos que el uso de los recursos invertidos en el C5, traiga aparejados en breve resultados tangibles sobre la manera en la que esos instrumentos y/o herramientas han beneficiado a las mujeres. Como parte del GIM esperamos que se generen datos respecto a cuántos delitos se han podido detectar a partir de las cámaras de vigilancia y los sistemas del C5, cuántas veces se ha requerido la información detectada en las cámaras como pruebas en la integración de carpetas de investigación o para ser llevadas como pruebas en juicios, si han disminuido las llamadas de auxilio, si se han utilizado los postes de emergencia y cuál ha sido el seguimiento a los casos, a cuántas mujeres se las ha canalizado y ante qué autoridades, cuántas denuncias han iniciado las víctimas, cuál ha sido el seguimiento de las mismas, entre otras.

Es deseable la elaboración e implementación de un plan de trabajo con metas trimestrales, indicadores de impacto medibles, recursos asignados, objetivos, estrategias y acciones a corto y mediano plazos, relacionándolas con políticas públicas claras que permitan la apropiación y mejoramiento del espacio público, como pueden ser áreas comunes de esparcimiento, canchas deportivas, espacios culturales, servicios de alumbrado y seguridad pública de calles y colonias, lo cual contribuya a poder evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente los avances. 

2. Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios contemplando asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.  

No hay información clara sobre el número de módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo creados en los municipios, el número de personas que integran los mismos y si cumplen con la recomendación del GT y GIM (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad en todo momento), los turnos que cubren, si cuentan con el respectivo protocolo de actuación o si han sido capacitados respecto a la aplicación de los mismos. 

Además de la integración, es importante conocer dónde están ubicados aquellos cuya dirección es pública, cuál ha sido la difusión respecto a su ubicación y los servicios que prestan, el número de canalizaciones efectuadas, a qué autoridades se han dirigido esas canalizaciones y el seguimiento que se le da, si en estos módulos y unidades se han generado detenciones, órdenes de protección, denuncias penales, judicializaciones, vinculaciones a procesos, sentencias condenatorias, etc., a partir de las atenciones efectuadas.  

3. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente en casos de violencia familiar. 

Para ello, se deberán generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección –como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo permitan.  Además  es necesario que todas y todos los elementos policiacos conozcan y apliquen el  Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección y conozcan los estándares de valoración de riesgo, de actuación, atención especializada a grupos en situación vulnerable, de reacción policial y de evaluación. 

Asimismo, se debe fomentar entre el personal de las corporaciones policiacas que deben actuar ex oficio cuando tenga conocimiento de una situación que amerite la emisión de una orden de protección, sin dejar la carga de la promoción a la víctima. 

El mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas de protección no existe, dado que son muchos los casos de violencia familiar que se presentan, muchas las órdenes de protección que se emiten, pocos o nulos los elementos policiales que monitorean el cumplimiento de las mismas o acuden en caso de incumplimiento de ellas. 

Para nosotras es importante conocer cuál es la relación entre el número de órdenes de protección emitidas en cierta circunscripción territorial, respecto al número de elementos policiacos que existen para dar atención y seguimiento ante alguna llamada por incumplimiento de la orden.

Por ello es importante que:

O Se describan los mecanismos que se están aplicando para el seguimiento a las medidas y órdenes de protección otorgadas a mujeres víctimas de violencia;

O Que se destinen los recursos humanos y financieros suficientes para garantizar el cumplimiento de la medida u orden de protección, con énfasis en el fortalecimiento del número de elementos designados para la operatividad, sus habilidades y capacidades cognitivas;

O Contemplar procesos de formación y capacitación permanente al personal involucrado en la emisión y seguimiento de las medidas y órdenes de protección, con la finalidad de que la emisión se realice de manera oportuna y su seguimiento sea eficaz. Estos procesos de capacitación deberán estar alineados al Programa Único de Capacitación del estado y contemplar enfoques especializados y diferenciales como el multicultural, de género, de derechos humanos, intergeneracional e interseccional.

4. Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública necesarias, así como células municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado y contar con los recursos materiales suficientes para ejecutar sus funciones con perspectiva de género.

Como Red Feminista Quintanarroense sabemos de la creación de los GEAVIG como una acción inmediata en materia de seguridad implementada por el estado de Quintana Roo para la atención de la violencia contra las mujeres en el estado. 

Si bien esta acción representa un paso importante, se ha observado que no sólo deben existir grupos especializados para dar una atención con enfoque de género, sino que todos los elementos deben contar no solo con su protocolo de actuación, sino con una gama mínima de conocimiento sobre los derechos humanos, la realización de sus funciones con perspectiva de género y lo relativo al actuar inmediato en caso de presentarse hechos relacionados con violencia en contra de las mujeres, niños y niñas. 

Se estima necesario que todas y todos los integrantes de los cuerpos policiacos a nivel estatal y municipal cuenten con la capacitación respecto a la existencia y aplicación de los protocolos de actuación, sensibilización en materia de derechos humanos y todo un paquete de cursos para lograr una actuación con perspectiva de género, puesto que existe una gran posibilidad de que no sean necesariamente los GEAVIG quiénes den atención a todas las llamadas de auxilio.

En ese sentido, para nosotras es indispensable que el estado genere y proporcione información relativa a:  

• ¿Cuántas agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada municipio existían antes de la AVGM?  
• ¿Cuántas agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata fueron creadas a partir de la AVGM?
• ¿Cómo se integran? 
• ¿Qué elementos integran cada una de ellas?
• ¿Qué perfil y capacitación tienen los elementos que los integran?
• ¿Cuántas atenciones brindan por día cada agrupación estatal, municipal o mixta, especializada en seguridad pública, así como las células municipales de reacción inmediata en cada uno de los municipios de la entidad?
• ¿Cuál es el seguimiento que se le ha dado a los casos atendidos por cada agrupación estatal, municipal o mixta especializada en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada uno de los municipios de la entidad?
• ¿Cuántas detenciones, órdenes de protección, denuncias penales, judicializaciones, vinculaciones a procesos, sentencias condenatorias, etc., se han generado a partir de los auxilios atendidos por cada agrupación estatal, municipal o mixta especializada en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada uno de los municipios de la entidad?
• ¿Cuál es la coordinación existente en la actuación de las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada municipio?
• ¿Con qué otras u otros actores estratégicos se coordinan las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada municipio?
• ¿Cuáles son los recursos materiales que se le han proporcionado a las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata en cada Municipio para ejecutar sus funciones con perspectiva de género?
• ¿Cómo se mide la suficiencia en el otorgamiento de dichos materiales?
• Que los ayuntamientos diseñen e implementen un plan de trabajo específico para el fortalecimiento de los Grupos Especializados de Atención de la Violencia Familiar y de Género, que contenga programación, presupuesto, actividades y metas. Dicho fortalecimiento deberá contemplar un número adecuado de personal conforme al tamaño de la población que demanda la atención;
• Que el gobierno del estado y los ayuntamientos den continuidad los procesos de formación y capacitación dirigidos a la totalidad del personal de la policía estatal y municipal, respecto a la aplicación de los protocolos de actuación y sensibilización en materia de derechos humanos. Estos procesos de capacitación deberán estar alineados al Programa Único de Capacitación del estado, en coordinación de la SSP estatal, y al plan de trabajo específico que las autoridades responsables implementen para la atención de la medida, y
• Destinar a personal policial femenil necesario para la atención de manifestaciones derivadas de violencia de género y feminicidios en la entidad, misma que deberá contar con capacitación en el protocolo de actuación para manifestaciones de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como en derechos humanos y perspectiva de género.
• Verificar que las condiciones laborales de las y los elementos policiacos representen una estabilidad laboral que les permita desempeñar sus funciones con entrega y dedicación.

5. Fortalecimiento de la seguridad del Centro de Justicia para Mujeres mediante la incorporación de circuitos de vigilancia.
6. Establecimiento de un mecanismo de supervisión, investigación y sanción de las y los elementos policiacos que actúen de manera indebida en el ejercicio de su función.

Derivado de la implementación del mecanismo supervisión, investigación y sanción a servidoras y servidores públicos, se deberán generar las evidencias suficientes respecto al seguimiento de las quejas y la resolución de las mismas.

De igual manera es necesario que el gobierno del estado realice difusión amplia y clara dirigida a la ciudadanía, sobre los mecanismos definidos para el establecimiento de una queja. Lo anterior, alineado al Programa Único de comunicación y difusión de mensajes del estado.

Finalmente, se sugiere mantener en evaluación continua a las personas servidoras públicas para verificar si los perfiles de las personas que se dedican a la atención a víctimas y sobre todo el personal de seguridad a nivel estatal y municipal cuenta con el perfil adecuado para garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Según el resumen anual de investigaciones al personal, en el año 2020  solo hubo una investigación iniciada, concluida y archivada contra un operador telefónico de la línea 089, sin embargo, es necesario que los elementos de seguridad pública en general que se ven involucrados en la comisión de delitos aprovechándose del cargo o responsabilidad que ostentan, sean investigados, separados de su cargo y sancionados adecuadamente. Si no fuera así, cualquier mecanismo de quejas, evaluación y/o sanción está condenado al  fracaso.

En ese sentido, sabemos de la existencia de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por elementos policiacos en el ejercicio de sus funciones, en los que incluso ha habido recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, sin embargo, se desconoce el seguimiento que se dio al caso al interior de la dependencia.

Algunos de esos casos son los siguientes:

• En el caso de una mujer cubana que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja, varios policías estuvieron involucrados en la fuga del feminicida, sin que se haya procedido legalmente contra ellos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, pues hoy siguen laborando en la institución;
• En Bacalar una joven fue violada por un policía en diciembre de 2020. El pago efectuado fue de $35,000.00 (SON: TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) sin embargo, no hay información sobre la remoción de dicho elemento;
• En Chetumal, en el mes de marzo de 2021, a una mujer le fueron arrebatados sus dos menores hijos con la participación de policías, sin que hasta la fecha se haya hecho nada para investigar a los mismos; 
• Hay casos de personas que se han “suicidado” al interior de las cárceles, lo que lleva a cuestionar el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en dichos centros, el monitoreo que se hace de las mismas y la formal investigación que se sigue en los casos de “suicidios”.
• Ha habido casos conocidos en los que una persona del sexo femenino ingresado en una cárcel municipal despegó el bacín y el personal no se dio cuenta de la situación hasta que le empezaron a lanzar pedazos de bacín al guardia de turno.
• En los parques en los que las mujeres están asistiendo a hacer deporte, es cotidiano que sean víctimas de acoso callejero, que observen a personas que se masturben, que haya balaceras cercanas o incluso que se encuentren restos humanos, y cuando llaman a la policía las patrullas no llegan.

7. De acuerdo al informe presentado por el Estado de Quintana Roo, durante el periodo 2017-2018 se refiere la Elaboración del Protocolo para la Búsqueda y Localización de las Mujeres y Niñas desaparecidas, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, todos los días siguen desapareciendo, mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio quintanarroense. Los protocolos son efectivos si existe la aplicación de los recursos humanos, financieros y materiales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
8. Dado que el C5 se encarga de la integración, administración, operación, vigilancia y desarrollo de los sistemas tecnológicos aplicados a la seguridad pública, es necesario que esos recursos se utilicen también para la persecución de los delitos cibernéticos de los que somos víctimas principalmente las mujeres.
9. Nos preocupa que casi el 50 por ciento de los policías, tránsito y paramédicos están ocupando plazas como auxiliar eventual, puesto que la mayoría no ha aprobado sus exámenes de control y confianza y siguen laborando; y otros que ya pasaron sus evaluaciones, no han sido enviados a la academia de policías, lo que implica que quienes saben usar armas lo hacen porque los demás informalmente y a escondidas les enseñan a usarlas, de tal manera que nos falta mucho para tener una policía con una profesionalización y perfil adecuado para enfrentar la crisis de seguridad pública que percibimos al vivir en Quintana Roo. 

Queremos que el C5 funcione a favor de las mujeres, a favor de nuestra seguridad e integridad; queremos estar seguras de que podremos regresar a nuestras casas, con nuestras familias y con vida; queremos un Quintana Roo seguro en donde podamos desarrollar nuestros proyectos de vida; queremos que deje de existir un #QuintanaRooFeminicida; queremos verdadero compromiso con la protección de los derechos de las mujeres; queremos justicia y verdad para nuestras hermanas que nos fueron arrebatadas por la violencia feminicida; queremos #AccionesNoSimulaciones.

Red Feminista Quintanarroense