- La Red Feminista Quintanarroense se reúne con la titular de Conavim y exige avances
- Este año un feminicidio cada mes y la entidad con la tasa más alta de delitos sexuales
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de julio del 2022.- La Red Feminista Quintanarroense, exigió a las autoridades federales, responsables de la política de no violencia contra las mujeres, seguridad, condiciones de igualdad, justicia y paz. Ello luego de evaluar los escasos avances de la declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que está cumpliendo 5 años.
No hay en esa entidad “un solo refugio”, en lugar de uso de recursos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, invierten en un centro de reeducación para hombres; tres veces han inaugurado un Centro de Justicia para Mujeres, pero no opera ni avanza; mientras crece el número de desaparecidas, violadas, ultrajadas y “nadie sanciona a quienes revictimiza a las mujeres”.
Sus exigencias fueron expuestas en una evaluación de este 20 de julio, a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM, Fabiola Alanís Sámano, en la reunión evaluatoria.
Afirmó la red que se reunió y dialogó, pero que hay acciones necesarias no cumplidas y en tanto no se puede avanzar en asegurar la vida libre de violencia para las mujeres. Le pidieron intervención concreta. Le recordaron que abiertas al diálogo, una y otra vez se han sentado con el Gobernador de la Entidad, con el Congreso estatal, y las cosas no caminan. Y 5 años desde la AVGM,
Quintana Roo aparece desde 2020 con la tasa más altas en delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, con 97, el mal alto entre los primeros 5, seguida por Baja California Sur con 90, Querétaro con 78, Chihuahua con 75 y Ciudad de México con 72.
Según el Centro de Atención a Víctima CEAV, el tipo de lesiones presentadas por las con heridas (34.3 %), casi una cuarta parte (23.6 %) presentaron algún tipo de contusión o magullamiento, el 10.5% sufrieron fracturas y 1.8% quemaduras o corrosión, 18.7% del total de casos no indican el tipo de lesión.
Se pudo precisar que el 41% de los delitos sexuales fueron abuso sexual, seguido de violación simple (23%), otros delitos sexuales (15%), acoso sexual (10%), violación equiparada (8%), hostigamiento sexual (3%) e incesto (0.1%).
Marea Verde y otras colectivas de Quintana Roo han advertido –lo hicieron el 8 de febrero- que estos delitos están rodeados de impunidad. Señalan que la impunidad no es abstracta; el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Poder Legislativo deben de asumir su compromiso de garantizar que las personas atienen estos delitos, sean independientes y tengan una sólida trayectoria en materia de derechos humanos, para #NuncaMás permitir la impunidad.
Solo en esa medida se construirá confianza ciudadana sobre una decisión de gran relevancia para la salvaguarda de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en Quintana Roo y se recuperará la legitimidad de una institución esencial para establecer límites a los abusos de poder.
Las cifras
En los primeros cuatro meses de este 2022, se han reportado 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Cuatro de los 319 casos ocurridos en el primer cuatrimestre se registraron en Quintana Roo. Si bien el número dista de ser el de mayor incidencia por estado, sí representa que dicha demarcación no está exenta de este crimen.
Por otro lado, y a través de la labor de las distintas organizaciones no gubernamentales, se dio a conocer que el estado cerró con 53 feminicidios en 2021, cifra con un margen mucho mayor al comunicado por la fiscalía, puesto que expresó que en 2021 se habían iniciado 25.
Por ello le dejaron claro a Alanís Sámano que es indispensable que quienes trabajamos en la atención directa a las víctimas de violencia en el Estado, debemos ser escuchadas y reconocidas en el trabajo que desempeñamos como Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y dejar de ser criminalizadas y perseguidas por el propio estado.
¿Es necesario reeducar a los hombres violentos? Sin duda. Esa no es la discusión.
Recordaron que si se da una lectura a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, emitida el 7 de julio de 2017, se puede observar que se señalan una serie de medidas que el Gobierno debe implementar para asegurar nuestro derecho a una vida libre de violencia, entre las que se pueden señalar las siguientes:
- Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.
- Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección –como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo permitan-.
- Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata. Su personal deberá estar capacitado y contar con los recursos materiales suficientes para ejecutar sus funciones con perspectiva de feminista.
- Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado. Para ello, se deberá diseñar una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva feminista que busque la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia.
- Iniciar el funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres con recursos humanos y presupuestales suficientes.
- Crear y poner en funcionamiento, refugios para mujeres víctimas de violencia.
- Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas al interior de sus comunidades, que tenga como objetivo transformar los patrones socioculturales que producen y reproducen la violencia. Para la construcción de dicha estrategia se debe contar con la participación activa de las mujeres a quienes se dirigirá.
- Garantizar el derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.
- Establecer mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de violencia de género.
- Realizar un programa de monitoreo ambulatorio y anónimo para evaluar el trato a las víctimas por parte de las y los servidores públicos estatales.
No obstante, en vez de utilizar los pocos recursos que hay y que se destinan a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres de manera directa, deciden invertir en un centro de reeducación para hombres, cuando en el municipio de Solidaridad es la tercera vez que se inaugura con bombo y platillo la construcción del Centro de Justicia para Mujeres pero nada más no avanza, cuando no tiene un solo refugio para mujeres víctimas de violencia, cuando cada vez hay más mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas, cuando las turistas ya no pueden considerar que es un destino turístico seguro, cuando la totalidad de las corporaciones policíacas no están capacitadas para atender casos de violencia contra las mujeres con enfoque en derechos humanos ni perspectiva feminista (sólo quienes integran los GEAVIG lo están y no son siempre quienes pueden acudir a atender auxilios), cuando nadie sanciona a quienes revictimiza a las mujeres.
Y advirtieron que si van a reeducar a los machos está súper bien, pero no lo hagan instalando un Centro justo al lado del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y menos lo presuman como la solución al contexto feminicida que permanece en el Estado y que cada vez aumenta más. Y preguntan ¿Carlos Joaquín ya termina su administración y publica que esta obra representa un legado para las mujeres? ¿Es en serio?
