- Presupuesto de las CEAV en todo el país representan el 3.04 % del destinado al Tren Maya
- Sin derechos humanos no se abona a la transformación: Andrea Medina
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 8 de junio, 2020.- De aplicarse el recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por la Secretaría de Hacienda, dejaría en peligro la vida de 60 mil 667 personas inscritas actualmente en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI); de las cuales 23 mil 693 personas son víctimas directas y 36 mil 974 personas como víctimas indirectas.
Con lo que el gobierno sí estaría afectando los programas relacionados a la defensa de los derechos humanos, los cuales dijo eran la excepción en el decreto de austeridad del pasado 23 de abril, señaló la abogada feminista Andrea Medina.
En el “Pronunciamiento de los Derechos Humanos de las Víctimas” dado a conocer de manera virtual en el movimiento nacional “Nosotras tenemos otros datos”, Andrea Medina destacó que la asignación federal más los presupuestos estatales para las Comisiones de Atención a Víctimas dan un total de 958 millones 946 mil 577 pesos, lo que representa sólo un 3.04 % del monto destinado por el Gobierno Federal en 2020 a la construcción del Tren Maya, que es considerado un proyecto prioritario aún en la austeridad.
En el pronunciamiento se exige al Jefe del Ejecutivo respete el principio constitucional de progresividad en los derechos humanos, que implica la no regresión en el presupuesto y los recursos humanos destinados a cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos.
Andrea Medina dijo que “Sin este cumplimiento ningún otro proyecto abona a una transformación que sustente los principios constitucionales”.
Mientras que, al Congreso de la Unión y a los órganos de fiscalización superior de la federación y de cada estado, inicien programas especiales de auditoria vinculada con la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias en el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos.
Al Poder Judicial de la federación y de los estatales les piden que el presupuesto asignado a la igualdad de género y erradicación de la violencia, en esta contingencia no existan recortes ni subejercicios y se aplique adecuadamente y de forma transparente.
Así como el cumplimiento respecto de la reparación del daño integral de las víctimas, pues la mayoría de las sentencias lo incumplen.
Al Sistema Nacional de Víctimas y a las CEAVs, además de asegurar su presupuesto, se exige transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus obligaciones, que debería implicar un proceso participativo de evaluación para el fortalecimiento de su operación.
La abogada explicó que el pasado 2 de junio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo público el impacto negativo que tendría el recorte solicitado por Hacienda en cumplimiento de la política de austeridad de la Presidencia.
El presupuesto federal asignado para la CEAV en 2020, es de 423 millones 837 mil 35 pesos, de los cuales Hacienda pidió recortar el 75 % del gasto corriente, al igual que lo ha solicitado a la mayoría de las demás instituciones relacionadas con obligaciones de derechos humanos como mujeres, medio ambiente, cultura, etcétera.
El total del presupuesto asignado por las entidades federativas que cuentan con Comisiones de Atención a Víctimas es de 535 millones 109 mil 542 pesos (en un rango máximo de 111 millones 445 mil 415 pesos en el estado de Chihuahua, cuyo equipo actual está dando uno de los mejores resultados en la historia del país, y el rango mínimo de tres millones de pesos en el estado de Zacatecas).
Recordó que los derechos de las víctimas se consolidaron en el mundo de la mano de los derechos humanos, en la década de los cuarenta, después de las muertes de civiles generadas en la Segunda Guerra Mundial, y se plasmaron los principios para el acceso a la justicia quedaron establecidos: Justicia, Verdad y Reparación.
México comenzó a reconocer los derechos de las víctimas en el año 1993 cuando las nombró en el artículo 20 de la Constitución. En el año 2012, se aprobó la Ley General de Víctimas. Además de crear la CEAV, la Ley General crea un Sistema Nacional de Víctimas para lograr la coordinación entre los tres poderes del Estado y todos los órdenes de gobierno.
Puntualizó que además de la CEAV, la Ley crea el Sistema Nacional de Víctimas que preside el Ejecutivo, para lograr la coordinación entre los tres poderes del Estado y todos los órdenes de gobierno, pero que funciona de forma deficiente. Entre los que destacó respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, son prácticamente nulos los servicios reeducativos para los agresores, como una parte central de la transformación necesaria de la cultura discriminatoria contra las mujeres que prevalece en México.
Se ha registrado que el personal que opera justicia, desde la policía como primer respondiente, ministerios públicos y jueces desconocen los contenidos de la reparación del daño integral, por lo que los convenios reparatorios de los juicios abreviados y las sentencias no la incluyen como tal y se vuelven a quedar sólo en indemnizaciones y, en algunos casos, atención psicológica.
A partir de la Ley General de Víctimas, todas y cada una de las entidades federativas ya legislaron al respecto, sin embargo, las reformas realizadas a la Ley General, del 3 de enero de 2017, que fortalecen el Sistema Nacional y las formas de coordinación, sólo se han armonizado en 17 entidades, y faltan 15 entidades por armonizar.
Al mes de marzo de 2020, existen 24 comisiones estatales instaladas. Los estados del país que todavía no la instalan son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Sonora. Campeche cuenta con el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (INDAJUCAM), que se encarga de la atención a víctimas. De las que están instaladas, 18 cuentan con asesores jurídicos y sólo 16 cuentan con fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
Justicia para Sol Jarquín y para todas las víctimas de feminicidios
En la Jornada de esta semana de “Las Mujeres en el País”, tocó su turno a los estados de Nuevo León, Chiapas, Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas, y señalaron en general que los incrementos en llamadas de auxilio y acompañamiento fueron de 40 % en promedio.
Por parte de Nuevo León, Irma Alma Ochoa, de Artemisas por la Equidad pidió justicia para Sol Cruz Jarquín, feminicidio ocurrido hace dos años en Oaxaca, y para todos los casos de feminicidio que no han tenido justicia, así como desapariciones de mujeres y niñas.
Señaló que “el 78 % de los casos de feminicidios ocurridos en la entidad de 2017 al 2019 se investigan como feminicidios y el 22% como homicidio doloso de mujer”. Como organización pidieron la Alerta de Violencia de Género por el repunte que se dio en 2011 por 223 casos de feminicidios, cuando éstos no llegaban a 100 en años anteriores.
Del año 2000 comenzaron a registrar casos de feminicidios por medio de reportes periodísticos y en lo que va del 2020 lleva registrado 39 casos. También señaló que las fiscalías a partir de este año están registrando, el feminicidio en grado de tentativa que son 43 casos.
Elsa Simón Ortega, de la organización Por la Superación de la Mujer A.C, de Tapachula, Chiapas, señaló que actúan como acompañamiento de manera externa y también cuentan con un refugio, el cual incrementó la demanda en 40 %.
Chiapas ocupa el primer lugar en violaciones a niñas y mujeres, así como en embarazos adolescentes. La cercanía del estado a la frontera de Guatemala lo ubica como un estado muy violento, ya que hay mujeres migrantes ya establecidas que sufren de violencia por carecer de redes de apoyo, de no estar en su país, y los hombres las amenazan con denunciarlas o quitaros a las hijas o hijos.
Geovanny Pérez López, de Constitución Violeta en Tlaxcala, destacó que es incoherente la información oficial no da cuenta de los feminicidios, ya que a pesar de que se tipificó como delito lo investigan como homicidio doloso o suicidio por lo que las estadísticas no son reales sino simulación.
Además, que no se aplica la sentencia a los agresores pues en lugar de darlos los 45 años, han dado sentencias de 35 y 29 años.
Aseguró que la población de mujeres en la entidad es muy alta el porcentaje de las que han sufrido algún tipo de violencia, y que el problema de la trata de mujeres para explotación sexual es muy grave. No hay estadísticas reales, son simulación.
María Luisa Sosa, de la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges, de Zacatecas, y miembro de la Red Plural de Mujeres demandó una estrategia nacional de fondo para que se atiendan los feminicidios por los tres órdenes de gobierno.
Señaló que cuentan con la Alerta de Violencia de Género, pero no han tenido seguimiento por parte de la CONAVIM. Recordó que cuando solicitaron la AVGM en el 2017 el estado reconoció 18 feminicidios cuando ellas registraron más 300 casos que reclasificándolos encuadran en el tipo penal de feminicidio.
Rosalía López Castro, de la Red de Abogadas Violeta, de Yucatán, señaló que el panorama es muy incierto, las cifras oficiales son incongruentes. Se refirió, principalmente, a la violencia política de género del 2018. Son 106 municipios, quedaron 29 alcaldesas, actualmente son 28, lamentablemente en el 2019, una alcaldesa falleció.
Silvia Chuc Aburto, de Gobernanza Mx de Yucatán, organización que desde hace 10 años se dedica a la defensa de las mujeres, señaló que en el estado se han registrado un aumento generalizado en las diversas formas de violencia contra las mujeres, principalmente, la violencia sexual y la intrafamiliar. La violación sexual es el delito más denunciado. La violencia intrafamiliar es la primera causa en las llamadas de emergencia.
Asimismo, han detectado la violencia digital en estos primeros cuatro meses. La respuesta institucional ha sido ineficiente e inefectiva. Quintana Roo es uno de los estados más afectados por el desempleo.
SEM/em/sj
