* El primer mes de 2020 acaba con 8 víctimas mortales (7 mujeres y una niña) por violencia machista
* Denunciar no es tan fácil, todavía
hay que mucho que mejorar
Redacción
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 30 de enero 2020.- 1.040 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. 7 en este mes de enero, un periodo en el que también ha sido asesinada una niña –ya son 35 menores desde que se recogen datos. El primer mes del año suele ser un mes con más asesinatos que la media anual.
Día 6 de enero: Un hombre de 27 años es detenido por los Mossos d’Esquadra por (presuntamente) haber matado a su mujer, de 28, y a su hija, de 3, en su domicilio, en la localidad catalana de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Día 12 de enero: Un hombre de 53 años mata a su pareja, de 61 años,
y se suicida. La había conocido unos meses en un programa de televisión. Vivían
en Puertollano (Ciudad Real).
Día 18 de enero: Un hombre, mosso d’esquadra, mata a su expareja,
una mujer de 29 años y luego se suicida. Fue en Terrassa (Barcelona).
Día 22 de enero: Un hombre de 50 años asesina a una mujer de 43, en
presencia de sus dos hijos menores. Estaban separados, pero residían bajo el
mismo techo en La Puebla de Almoradiel (Toledo).
Día 22 de enero: Un hombre de 77 años confiesa el asesinato de su
mujer, de 73 años, en Caniles (Granada).
Día 25 de enero: Un hombre de 82 años mata a su mujer, de 79, y
luego se suicida. En Lugo.
Día 28 de enero: Un hombre mata presuntamente a su novia de 40 años
y después es detenido en el aeropuerto de El Prat de Barcelona cuando trataba
de coger un vuelo para darse a la fuga. Fue en San Joan Despí, en Barcelona.
El ’mantra’ de la denuncia
Muchos medios de comunicación e instituciones han destacado que ninguna de las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas habían presentado denuncia. “Denunciar al maltratador es el camino para escapar de la violencia de género”, es el mantra que se repite a las mujeres y que sigue siendo paso fundamental para acceder al sistema de protección. Sin embargo, no es una responsabilidad exclusiva de quien sufre la violencia machista, sino que el entorno es fundamental, no solo para arroparlas, sino también para iniciar el proceso. Es decir, familiares, amistades y vecindario tienen responsabilidad en un proceso que en el momento de la denuncia y también de la separación se expone a una fase muy delicada.
La presidenta del Observatorio de la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, insiste siempre en que los bajos porcentajes de denuncias previas entre las mujeres asesinadas hacen patente la necesidad de implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género. El Observatorio recordaba en septiembre de 2019 que «el silencio de las maltratadas por pánico es un factor de riesgo del asesinato machista».
En el año 2018, 0,46 % de las denuncias presentadas lo fueron por familiares, a pesar de que el 81 % de las víctimas reconocieron que habían contado su situación alguna vez a familiares, amistades y personas de su entorno. Además, solo 4,74 % de denuncias fueron presentadas por personal asistencial, aunque ese dato ha supuesto un incremento respecto al año 2019.
Denunciar no es tan fácil. Además, todavía hay que mucho que mejorar en lo que sucede tras la denuncia: el acompañamiento a las mujeres, la formación de los operadores y operadoras que intervienen en el proceso, la valoración del riesgo, el sistema de protección, la investigación y reparación de los fallos institucionales cuando una mujer que denuncia (o sus hijos e hijas) no encuentra la protección adecuada y acaba siendo asesinada. Pero, además, no podemos depositar en la denuncia la esperanza de cientos de miles de mujeres que en estos momentos sufren maltrato.
Mujeres mayores de 65 años
Hay otro dato que, por ejemplo, puede destacarse si analizamos lo que sabemos de las mujeres asesinadas en enero a manos de sus parejas o exparejas. Dos de siete pasaban los 70 años. Según el estudio “Mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género”, presentado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en diciembre de 2019, el 40 por ciento de las víctimas de violencia de género mayores de 65 años ha sido maltratada durante más de 40 años. El estudio advierte que las mujeres mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres jóvenes, y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Esta doble discriminación está en la base de la invisibilidad de la violencia de género contra las mujeres mayores.
El 78% de las mujeres entrevistadas en este estudio manifiestan que, a lo largo de su vida, el maltratador les ha propinado empujones, y/o las ha sujetado o tirado del pelo. Un 75% dicen que han sido abofeteadas o que les han arrojado algo para hacerles daño. El 63% señalan que han sido golpeadas con el puño o con algún objeto. El 50% refieren haber recibido patadas, o haber sido arrastradas por el suelo. La dificultad para “romper el silencio” obedece a una situación de “cronificación”, esto es, “una vida entera sufriendo maltrato”, a veces, con la complicidad de su entorno, que no se implica. Otro factor es la dependencia económica y por último, la “normalización de la violencia, que afecta a todas las mujeres, aunque a ellas más”, expuso Carmen Calvo.
Las limitaciones del proceso penal
Los asesinatos y también las denuncias son la punta del iceberg de un problema complejo y profundo. La violencia de género exige respuestas estructurales que impliquen diversas perspectivas y acciones. La penal es una de ellas. Pero su alcance es limitado.
Hay expertas que lamentan que en los 15 años desde que se aprobara la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se haya priorizado su vertiente penal, descuidándose elementos que tienen que ver con la prevención, la sensibilización y la educación, que dicha normativa contempla.
Recientemente, en una reflexión conjunta celebrada en Madrid, varias juristas y
feministas advirtieron que la denuncia no siempre es la mejor salida para las
mujeres y el mismo proceso penal, tal y como está planteado, impone serias
dificultades. “El sistema penal tiene unos límites importantes”, señalaba Justa
Montero, añadiendo algo fundamental: el sistema penal tiende a convertir el
problema de la desigualdad en un problema de delito; lo individualiza y lo
desplaza de un enfoque estructural y radical.
SEM-AmecoPress
