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Entre 2012 y 2017: 22 iniciativas, en ambas cámaras, todas relegadas.

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Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 19 de febrero de 2019.- La violencia política contra las mujeres que ha dejado muertas, con huellas perennes,  miedo, enfermedades  y desaliento, lo que obliga inmediatamenta a legislar y sacar de los archivos al menos 22 iniciativas discutidas en los últimos 5 años sin resolverse, se dijo en un foro de analistas, investigadoras y mujeres que la viven, en el ejercicio de Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados.

Las convocadas para discutir la Violencia Política de Género, para acordar una legislación posible, no cesaron de contar desde su experiencia cómo se las humilla, frena, afecta y se pone en riesgo su vida. Las ausentes son las muertas. Sólo en 2018 se vivió la violencia sistemática en, antes, durante y después del proceso electoral.

Se trata de una violencia inenarrable que salta en las campañas, en el ejercicio del poder y en otros ámbitos como la administración, los sindicatos y las organizaciones. En el Congreso, ahora mismo dijo ahí la diputada perredista Guadalupe Almaguer.

Al abrir la discusión, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briseño Zuloaga, afirmó que se trata de algo indispensable ante un fenómeno que se ha recrudecido y requiere urgentemente un estatus legal en el ámbito federal, al advertir, sin ambajes, que la vida de las políticas está en riesgo.

La narrativa de 5 ponentes y no menos de 20 mujeres, dejó claro que  la incursión en política afecta a las mujeres con una violencia que va del desprecio o la burla al asesinato. Por eso legislar es urgente, llamó la ex magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, “porque nos están matando”, mientras que Mónica Rosado Toledo narró como la violencia política, de la ofensa, el maltrato y la amenaza hace estragos en la salud y en el cuerpo de las mujeres.

Ahí se dijo que no se ha tipificado por razones políticas y se han frenado las iniciativas o se han querido restringir el ámbito de esa violencia, hasta desde el Ejecutivo, dijo la investigadora Teresa Hevia.

Hoy hay que legislar en un sentido amplio, propuso la doctora Georgina Cárdenas, al señalar que hay violencia de género en la administración pública, en los sindicatos y otras organizaciones sociales. Urge entonces ya legislar.

Con ejemplos y casos concretos, desde la burla y maltrato a Marichuy representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las elecciones presidenciales de 2018, al hablar de las mujeres indígenas, donde esa violencia se ensaña, la antropóloga  Lizeth Pérez Cárdenas, dio casos y señas.

Mientras Gloria Alcocer Olmos, dirigente de Fuerza Ciudadana  dijo que a la condición de mujer se suma mayor agresión si se es joven. Y dijo que ahora se ha reducido hasta el 70 por ciento de los recursos para el Instituto Mexicano de la Juventud.

Fue la investigadora Teresa Hevia quien señaló que son 22 iniciativas paradas por diferentes razones y algunas de esas iniciativas fueron frenadas desde Los Pinos en la administración pasada.

Y desde el público las voces se fueron multiplicando. De San Juan Chamula, Leticia Martínez hablo de cómo los sistemas normativos, no sólo impiden la participación política, sino en algunos pueblos indígenas las mujeres viven violencia durante toda su vida.

Y una mujer del Partico Movimiento Ciudadano narró todos los obstáculos inenarrables para evitar su participación, y sin quebrarse, contó como mataron a su hermano, pero “yo sigo en pie”.

Cómo legislar

El  foro de Parlamento Abierto busca cómo identificar y mapear los esfuerzos realizados por 3 legislaturas, amalgamarlos y ampliar la discusión, para ahora sí legislar, señaló Briseño Zuluaga lo que implica  incorporar los fenómenos reales, las experiencias, los estudios  con las intersecciones, a veces invisibles,  de la violencia política: indígenas, jóvenes, mujeres del poder local, funcionarias, así como todo lo relacionado con la discriminación y  los  asuntos de la salud física y  psicoemocional de las víctimas.

Sobre ello la ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, Mary Carmen Alanís Figueroa planteó puntos nodales:

*El problema de la violencia de género y en especial en la política, está sobre diagnosticado, “ya sabemos” por tanto es momento de actuar.

*No se hizo antes por motivos políticos y muchas otras razones.

*Mientras hay que asumir que a las mexicanas “nos están matando” y  “estamos en una situación muy grave” y “no queremos que esto continúe”.

*Preocupa que en muchas iniciativas archivada no hay sanciones o se restringen al ámbito sólo de votar y ser votadas.

*El último proyecto, representaba una regresión. Limitaba derechos y pretendía establecer que se reconocería violencia política, solo en los casos en que se afectara el derecho a votar y ser votada.

*Eso porque “nos quisieron meter unos goles espantosos, restringiendo derechos y haciendo un chicharrón de los supuestos de violencia política”.

*El problema con las distintas iniciativas es que no conceptualizan adecuadamente la violencia de género, no prevén sanciones y tampoco reparación del daño.

*Hay resistencia a reconocer la violencia política de género en la ley, porque de ese modo no habrá sanción ni se erradicará el problema.

*La norma debe incluir claramente medidas de protección para detener la conducta en cuestión, sancionar al infractor y garantizar reparación del daño.

*Es necesario definir las competencias de cada autoridad, puntualizar la conducta irregular, así como establecer un catálogo claro de las mismas, a fin de establecer sanciones.

* Sanciones  que vayan de la amonestación y hasta la destitución de los infractores, para evitar la evasión de responsabilidades e impunidad.

* Como a los partidos políticos “les sobra” el dinero para pagar multas, las pagan e  insisten en violentar la ley.

*Hay que establecer medidas específicas para impedir la repetición de las conductas.

*Dar efectividad a la norma.

*Los cambios deben ir a las leyes electorales,  a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a los códigos penales y a la ley de partidos políticos.

Criticó nuevamente el trabajo parlamentario realizado hasta el momento, donde insistió, diputados e incluso diputadas, tenían la plena intención de que la reforma no avanzara o bien, no estableciera términos claros para frenar el combate a la violencia política.

Para la presidenta de la Comisión, Wendy Briseño desde 2012 se propuso incluir el término de violencia política, pero las iniciativas referentes no prosperaron.

Dijo que  en 2015 y 2017 se presentaron 10 proyectos cuyo fin general era erradicar la violencia política de género, a través de modificaciones a las leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de los  Partidos Políticos, la General en Materia de Delitos Electorales y la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ninguna prosperó.

En 2017, el Senado revisó una propuesta más, con el fin de sancionar la violencia política y promover los derechos político electorales de las mujeres, la cual quedó pendiente. En paralelo, en San Lázaro se presentaron propuestas para establecer que cualquier acto cuyo fin sea impedir a la mujer ejercer los derechos político electorales, sería considerado violencia política, detalló.

Esa planteaba sanciones a partidos políticos, aspirantes a candidatos, dirigentes y afiliados y tampoco avanzó.

Así hay ya  propuestas en la presente Legislatura, en el Senado, buscan tipificar la violencia política, asociada al ejercicio de derechos político electorales; así como crear un tipo penal que sancione la violencia política contra las mujeres y establezca ese elemento como causa de nulidad en una elección.

Las que se discuten en San Lázaro, abundó, contemplan tipificar la violencia política por razón de género, aclarar competencias de las autoridades, dar prioridad a medidas de prevención, establecer normas claras a cumplir por los partidos y las sanciones aplicables.

Por ello  urge una legislación, porque “nos están matando”, porque las mujeres tienen derecho a participar en política con paz y seguridad y porque si el problema es de técnica legislativa, esta legislatura deberá resolverlo ya.

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