Moisés Sánchez Limón
SemMéxico, Ciudad de México, 7 de marzo del 2023.- ¿Quién conoce los nombres de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pregunta tramposa del licenciado Presidente a las y los asistentes a la mañanera de la semana pasada, entre ellos contadísimos auténticos reporteros y reporteras.
Por supuesto, nadie respondió porque ninguno de las y los presentes se sabe de corridito los nombres de los once ministros y ministras. Tal vez de dos o tres, quizá cuatro, cinco, pero…
Y si a usted le hacen similar pregunta, que recite nombres de las y los once consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) o de las y los siete comisionados que integran al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se quedaría con cara de what?
Mire usted, por la importancia de la batalla que se libra con el Plan B de reforma electoral como materia y una aportación cultural ahí le van los nombres de los once ministros de la Corte:
Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández.
Pero…
Imposible para el ciudadano y la ciudadana común identificar a las y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, como el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ya no digamos, los 500 diputados y diputadas federales o los 128 senadores y senadoras, ni qué decir de los y las comisionados del INFO CDMX, de integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o de la Comisión Federal de Competencia Económica…
No, imposible. Son asunto de especialistas en cada materia.
Pero resulta que en esos órganos autónomos descansa la gobernabilidad del país. Son los pesos y contrapesos frente al Poder público, el del Ejecutivo Federal y cuyos límites acotan estos órganos autónomos.
Por eso el alto riesgo de la perversa tarea de desmantelar al Instituto Nacional Electoral cuya responsabilidad es conducir los procesos electorales en el ejercicio de nuestra joven democracia que encontró cauce de independencia cuando el gobierno federal perdió el control del padrón electoral y la organización de los comicios que sancionaba como Colegio Electoral la Cámara de Diputados.
Juez y parte, hasta que la reforma política de 1990 posibilitó la creación del Instituto Federal Electoral que sustituyó a la Comisión Federal Electoral que hasta 1994 se ciudadaniza y en 1996 se desprende de la tutela de la Secretaría de Gobernación.
Largo camino de más de tres décadas en las que el IFE se convirtió en Instituto Nacional Electoral y nació el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y el gobierno dejó de ser juez y parte, en tanto el INE transitó entre el reconocimiento y la descalificación. Excelente función para el triunfador; tramposa y oficialista para el perdedor. Por decir lo menos.
Y ésta manzana de la discordia en que se convirtió con la irrupción del llamado gobierno de la Cuarta Transformación que pretende hacerse del control del árbitro de la contienda y luego del juez cuya sentencia es inatacable.
Por eso, por eso, desde 2006 arrastró la mala fama creada por Andrés Manuel López Obrador, quien, derrotado en las urnas el 2 de julio, el 15 de septiembre de 2006 fue proclamado “presidente legítimo” y comenzó a perseguir al triunfador en los comicios, Felipe Calderón Hinojosa, quien le ganó por cerrada diferencia de 243 mil 934 votos.
Y Felipe, para Andrés Manuel y sus huestes, cargó con el mote de “presidente espurio”. Es el enemigo número 1 de López Obrador y su causa que se encamina a enfrentar una singular e histórica batalla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que analizará y dictará sentencia respecto de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el llamado Plan B de la reforma electoral, por partidos de oposición, abogados/as, organizaciones ciudadanas y el propio Instituto Nacional Electoral.
Ello al margen de las denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por eso, por eso la importancia de esa tarea de descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, especialmente, a su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña Hernández cuya independencia del poder presidencial no es nueva.
Y, bueno, ni qué decir de la burda y grosera embestida desatada desde Palacio Nacional contra Lorenzo Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama, que se centra en mostrarlos como cabeza de la burocracia dorada del INE, acusándolos de tener millonarios sueldos y preparar su salida con jugosa bolsa de liquidación.
Pero no es asunto de pesos y centavos.
Porque fue la Cámara de Diputados la que aprobó salarios y remuneraciones, que por cierto y como lo refirió Córdova Vianello, no ha legislado en torno de las remuneraciones que percibe el licenciado Presidente.
Porque una cosa es el salario y otro la remuneración que percibe y que de ninguna manera es el que se conoce de 148 mil 376 pesos con 42 centavos.
Por eso…
Si el ciudadano/a común tuviera tiempo para seguir en vivo las sesiones públicas de integrantes de los órganos autónomos, las y los dueños del poder no engañarían como engañan ni mentirían como mienten.
Se acabaría el discurso del doble lenguaje y la postura que en la plaza pública engatusa.
Se sabría que las promesas quedan como tales y que el México Feliz no es más que una patraña porque el pobre sigue pobre y el miserable apenas tiene la posibilidad de soñar con ser pobre si le cumplen la mínima parte de comer bien por lo menos una vez al día.
Si el ciudadano/a que defiende a la 4T, el llamado pueblo bueno, y el restante al que se califica conservador, neoliberal, de derecha, fifí, vendepatria, traidor y etcétera, etcétera, se enteraran de cómo debaten las y los defensores del oficialismo y los opositores/as en el Congreso de la Unión y el pleno del Consejo General del INE, sin duda los dueños del poder no engañarían como engañan, no mentirían como mienten y estarían desnudos ante la mirada calificadora del elector.
Y conocerían a personajes como Hamlet García Almaguer y Eurípides Alejandro Flores Pacheco cuya misión en el Consejo General del INE, no es debatir con argumentos. No. Su misión es la de provocadores que insultan y mienten sin rubor.
Pero la semana pasada erraron en la tarea. Ni los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova cayeron en la trampa de la provocación, al insulto la respuesta fue el argumento fundamentado.
¡Vaya tarea la de desacreditar a la Corte y desmantelar al INE! Aplauso para las y los navegantes que van en busca de tiempos idos con el capitán ahíto de poder. ¡Ah!, las y los demócratas trasnochados. Cuidado, cuidado. Digo.
sanchezlimon@gmail.com www.entresemana.mx @sanchezlimon1
