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“Es obvio que su hija está muerta”, dice Fiscal en Juárez a padre que busca a su hija

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  • Lo que usted dice es inaceptable, reprocha José Luis Castillo, organización pide que la funcionaria se disculpe
  • Karla Micheel Salas y David Peña aseguran que la funcionaria violó estándares internacionales

Redacción

SemMéxico, Cd. Juárez, Chih., 1 de febrero, 2022.- “Si usted dice que está muerta y que lo tengo que aceptar, así nada más ¿dígame cómo murió? ¿Cuál fue la causa y modo de su muerte? ¿Y dónde están todos sus otros restos?”, exigió José Luis Castillo a la fiscal Especializada para delitos contra Mujeres en Ciudad Juárez, Diana Esther Morales Rincón, quien afirmó minutos antes: “es obvio que Esmeralda está muerta”.

Durante una reunión la funcionaria aseguró: “no tiene sentido seguir con el caso en desaparición, pues es obvio que Esmeralda está muerta”, la única opción para integrar toda la información generada de forma contextual y analítica en el caso de Arroyo del Navajo es que “la familia acepte que está muerta y con eso ya”.

Castillo, quien desde el primer momento ha emprendido la exigencia de búsqueda de su hija Esmeralda, recordó a la fiscal “ahora estás del otro lado del escritorio y no puedes tratarnos a las víctimas así, ojalá no se te olvide de dónde vienes”, en referencia a su trabajo en organizaciones de la sociedad civil de esta ciudad.

De acuerdo con un comunicado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien da acompañamiento a la familia de Esmeralda, exigió que la Fiscal ofrezca una disculpa a la familia Castillo Rincón, que reconsidere la posición asumida el pasado viernes, que respete los derechos de las víctimas y que, junto con la familia y sus abogados, construyan un nuevo esquema de investigación integral desde la perspectiva de género y de derechos humanos.

La reunión de trabajo, realizada el pasado viernes, es parte de las acciones de seguimiento que realiza de forma sistemática la familia de Esmeralda Castillo Rincón y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, en torno al Emeraldatón, una actividad que se realiza cada año el día del cumpleaños de Esmeralda.

En ese contexto, se solicitó a la Fiscal proponer un nuevo esquema de investigación, ya que se continúa analizando como un caso individual y aislado, pese a que se encontró un fragmento óseo de la tibia y que correspondería al cuerpo de Esmeralda Castillo Rincón, localizado en Arroyo del Navajo en el Valle de Juárez.

Sin embargo, personal de la Fiscalía de la anterior administración se había negado sistemáticamente a incorporar la información de contexto y de análisis criminal de los otros casos de Arroyo del Navajo a la carpeta de investigación de Esmeralda Castillo Rincón sin justificación alguna, pese a haberlo solicitado formalmente hace más de dos años.

En esta ocasión, fue la recién nombrada titular de la FEM en Ciudad Juárez quien sostuvo que no había caso seguir investigando la desaparición de Esmeralda, pues era obvio que estaba muerta.

De ahí que el padre de la víctima también le recordó que como funcionaria pública su obligación es respetar a las víctimas, ese trato y esas expresiones sin sustento legal ni científico eran “inaceptables”.

Karla Micheel Salas y David Peña, asesores jurídicos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señalaron que las afirmaciones y el condicionamiento impuesto por la fiscal Diana Esther Morales Rincón son una violación a los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas.

Expusieron que ese marco jurídico obliga a las autoridades a una mayor intervención cuando se trata de niñas y mujeres” y que no existía una lógica o razonamiento jurídico para sustentar que “una investigación por feminicidio si incluya el contexto histórico y criminal del momento y lugar donde ocurrió el hecho, mientras que cuando se trata de una desaparición la investigación sea individualizada y descontextualizada”.

Karla Micheel Salas y David Peña recordaron que recientemente obtuvieron una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por al caso Digna Ochoa y familiares vs México, asesinada en el año 2001 en la Ciudad de México, y explicaron que no hay un fundamento jurídico que sustente lo dicho por la fiscal.

En respuesta la funcionaria dijo: “entonces actúen conforme a derecho y presenten los recursos que consideren”.

SEM/sj

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