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España sin enfoque de derechos humanos al identificar a las víctimas de trata

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  • Vulnera España directrices europeas
  • En 2019, solo 42 fueron identificadas como víctimas de trata de 2 mil 834 que se hallaron potencialmente en riesgo

Alina Rudel

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 19 octubre, 2021. – La explotación sexual es uno de los negocios más lucrativos que afecta a mujeres y niñas de todo el mundo. El 60 por ciento de las víctimas registradas fueron objeto de trata, según un informe de la Comisión Europea.

Un dato aproximado debido a la falta de información sin saber cuántas más siguen permaneciendo en esta situación de esclavitud que atenta contra sus derechos. Además, es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años, incrementándose un 44 por ciento, a causa de las nuevas tecnologías, los distintos flujos migratorios y la crisis de la Covid-19.

Por estas razones, a principios de este año los eurodiputados y las eurodiputadas pidieron a la Comisión reforzar la lucha contra la trata de personas. El presidente del Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), Davor Derencinovic, aseguró en un comunicado que “es crucial que las autoridades pertinentes aumenten sus esfuerzos para combatir esta práctica ilegal y proporcionar ayuda y respaldo a las víctimas”, y también poner especial atención a los flujos migratorios donde las mujeres corren el riesgo de ser captadas por los traficantes.

La situación española según la normativa europea

Según un informe de 2020 del organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se detectaron un 92 por ciento de víctimas de trata en el mundo. Sin embargo, es ardua la tarea de identificación ya que, por cada mujer identificada, existen otras 20 sin identificar.

Por cada mujer identificada, existen otras 20 sin identificar

A nivel europeo, existen medidas para luchar contra la trata de seres humanos y proteger a las víctimas. Un ejemplo es el ‘Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la trata de personas’ que entró en vigor el 1 de agosto de 2009 y fue fundamental para tratar esta cuestión desde un enfoque de derechos humanos, ya que obliga a los Estados miembros a que la identificación de las víctimas se realice por autoridades competentes y personas especializadas.

Además, en 2011 se aprobó la ‘Directiva Europea 2011/36/UE’ con el objetivo de prevenir y luchar contra esta forma de esclavitud anteponiendo los derechos humanos a la persecución del delito y un fortalecimiento del sistema de protección de las víctimas.

Para adaptarse a estas directivas europeas, España modificó el Código Penal en relación al delito de trata, la Ley Orgánica de Extranjería y la aprobación del primer y segundo Plan Integral de Lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines de Explotación Sexual. Sin embargo, según un informe de Amnistía Internacional, sigue siendo uno de los nueve países europeos, junto con Bulgaria, Alemania, Francia, Croacia, Luxemburgo, Hungría, Austria y Finlandia, en permitir que solamente la policía pueda identificar a las víctimas.

España sigue permitiendo que solamente la policía pueda identificar a las víctimas

Esto genera un grave problema estructural, ya que según datos proporcionados por la Dirección General de la Policía a Amnistía Internacional para la elaboración del informe ‘Cadenas invisibles’ en 2019 tan solo 42 mujeres fueron identificadas formalmente como víctimas de trata de las 2.834 que se hallaron potencialmente en riesgo. Esto significa que solo una pequeña parte de las mujeres, que se atreven a denunciar, pueden acceder a sus derechos de manera plena con garantías de protección, aunque en muchos casos, “ni siquiera son respetados una vez activados’’, según Amnistía Internacional.

La falta de un enfoque que prime los derechos de las víctimas y de diferentes lagunas legales hace que España no cumpla los tratados firmados y de obligado cumplimiento tanto europeos como internacionales. “En España se han hecho avances y se han formado a profesionales, pero hay que seguir profundizando en el enfoque de derechos humanos porque en muchas ocasiones se confunde la identificación formal de las víctimas al hecho de que ellas denuncien o colaboren con las autoridades”, aclara la Coordinadora del Área de Sensibilización e Incidencias de Proyecto Esperanza Adoratrices, Marta González Manchón. “Si una víctima no quiere denunciar por miedo a las represalias, se queda fuera del sistema de protección”, añade la asociación Women’s Link. Por ello, este no debe ser el único requisito para que una mujer sea identificada como víctima y reciba la asistencia y la protección que necesite.

La falta de un enfoque de derechos humanos hace que España no cumpla los tratados firmados

Además, al aplicar un enfoque policial hace que las víctimas corran el peligro de ser instrumentalizadas. Por ello, es fundamental la intervención de “un mecanismo multiagencial con formación de trata, derechos humanos y género” capacitado para apoyarlas en todo el proceso y “ayudarlas a salir de este círculo de explotación y trata”, según la portavoz sobre trata y Responsable de Relaciones Institucionales de Política Interior en Amnistía Internacional España, Verónica Barroso.

Aquí juega un papel muy importante el Proyecto Esperanza que el año pasado participó en la evaluación en relación a la correcta aplicación de la Directiva Europea para valorar si se cumple eficazmente, y analizar “dónde están las lagunas y las dificultades e intentar que la protección a las víctimas mejore”, explica María González.

Las víctimas corren el peligro de ser instrumentalizadas

En cuanto al proceso de identificación, lo primordial es “atender a las necesidades, al bienestar y a los derechos de las víctimas’’. Además, hay que evitar “que pueda ser revictimizada por la manera de tratarla, por no identificarla adecuadamente, por instrumentalizarla, por no respetar sus derechos o sus necesidades”, afirma la coordinadora de Proyecto Esperanza.

 “Los procesos son duros, pero evidentemente consideramos que mucho más duro son las historias que estas mujeres viven desde que salen de sus países de origen hasta que llegan y están en nuestro país esclavizadas y, muchas de ellas, durante años”, declara la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora.

Por otro lado, la aboga defensora de Derechos Humanos en Women’s Link, Gema Fernández, sigue insistiendo “en que el sistema de protección a víctimas de trata en España adolece de un fallo de enfoque”. La Ley de Protección de Testigos (1994), que no ha sido desarrollada reglamentariamente, es “una ley muy limitada que no tiene recursos económicos para garantizar su aplicación y tampoco garantiza la suficiente protección a las víctimas de trata que pueden estar en riesgo”, denuncia González. Además, solo se aplica cuando la víctima decide colaborar con las autoridades.

Por ello, la labor de denuncia y el diseño de nuevas propuestas por parte de los organismos que defienden a las víctimas de trata es importante “para que se aprueben nuevas legislaciones a nivel europeo y (…) se cumplan eficazmente”, afirma González. Asimismo, debe de haber un posicionamiento por parte de la Administración española para llevar a cabo una “políticas públicas que avancen en dar alternativas a las mujeres” y ajustadas a lo que ellas necesitan porque son “las protagonistas”, añade Rocío Mora.

Una ley integral contra la trata de personas en el punto de mira

En abril de este año el Ministerio de Igualdad anunció la puesta en marcha de un plan de acción urgente contra la trata. No obstante, el borrador todavía no ha salido a la luz, según Verónica Barroso de Amnistía Internacional, “no hemos tenido acceso a ningún texto”. Por esta razón, muchas organizaciones que forman parte de la Red Española Contra la Trata siguen insistiendo y denunciado la falta de una ley integral que garantice la protección a las víctimas y “ponga sus derechos en el centro, por encima de cualquier interés”, manifiesta Women’s Link.

Una ley que avanza pausadamente, pero necesaria para luchar con todas las formas de trata de seres humanos. “Un abordaje integral que vaya desde la detección, la identificación, la protección, la formación de empleo y la inserción en la sociedad”, añade Rocío Mora. Además, es necesario la creación de medidas enfocadas en salvaguardar los derechos humanos, ya que es primordial “priorizar la protección de la víctima sobre el control policial, persecución del delito y control migratorio”, señala Verónica Barroso.

La trata en tiempos de pandemia

La Covid-19 ha sido un obstáculo para luchar contra este crimen. Según el informe de la UNODC, el confinamiento aumentó la dificultad para la identificación de las víctimas de trata por la menor actividad de servicios considerados como no esenciales. Por ello, “en mayo de 2020, el Ministerio de Igualdad amplió el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la Crisis de la Covid-19 con medidas adicionales dirigidas a las víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contexto de prostitución”, explica la portavoz de Amnistía Internacional.

El confinamiento aumentó la dificultad para la identificación de las víctimas

No obstante, asociaciones como APRAMP fueron a todos los lugares que seguían activos gracias a sus unidades de rescate. “Nos encontramos a mujeres que habían sido totalmente abandonadas en esos lugares y que no sabían siquiera lo que estaba pasando”, narra la directora de la entidad. Además, perdieron el seguimiento de más de la mitad de las mujeres, ya que “las llevaban a otros lugares y teníamos que comenzar de nuevo la búsqueda”. No obstante, hasta la fecha han podido recuperar a todas las mujeres con el trabajo de las supervivientes que están contratadas por la organización.

Una realidad que debe ser visibilizada y denunciada

Hay un dato que preocupa a las organizaciones y es el aumento del número de niñas que se ven implicadas en la trata; según el informe de UNODC, una de cada tres víctimas de trata son niñas. En APRAMP, el 65 por ciento de las mujeres entrevistadas declaran que llegaron siendo menores de edad. “Una situación de completa apropiación donde el demandante de sexo de pago hace lo que quiere con el cuerpo de una mujer (…) e, incluso, no quieren mujeres, quieren niñas. Entonces estamos hablando de algo muy grave y que no se puede consentir”, denuncia Mora. Además, señala que “no es tanto la pérdida de libertad, sino de dignidad” que deja unos “daños horrorosos”. Por ello, es necesario que las víctimas tengan una asistencia de calidad por parte del área psicológica.

Una de cada tres víctimas de trata son niñas

Al final, la trata es una realidad compleja y “que está en permanente cambio”, remarca la coordinadora de Proyecto Esperanza. Por ello, “el reto y el desafío permanente es estar abiertas, aprendiendo y detectando qué nuevas tendencias hay, qué nuevas formas de operar están utilizando los tratantes” para prevenir que las mujeres en situaciones de riesgo se conviertan en posibles víctimas de trata.

SEM-AmecoPress/ar

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