Impunidad

Estado omiso ante el despojo patrimonial de las personas mayores: Angelita Fuentes Vera

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*Del círculo familiar les falsifican documentos y aprovechan edad y enfermedades

También hacen chantaje sentimental y amenazas de  abandono para despojarlas y las autoridades omisas tratando a las viejas y viejos como menores 

Elda Montiel 

SemMéxico, Cd de México, 3 de julio 2021.- María de los Ángeles Fuentes Vera, activista por los derechos humanos advirtió que las personas mayores son víctimas de despojo patrimonial y maltratado por los servidores públicos quienes infantilizan, regañan y cuestionan, pero  les resuelven nada.  

Asegura que el Estado es omiso porque el despojo patrimonial es un delito y no protege a las personas mayores de los familiares cercanos, o también de terceros externos como vecinos, iglesias, asilos, líderes vecinales, empresas, o hasta crimen organizado,   

La presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C., fundada en 1987, detalló que comenzaron a documentar casos de despojo patrimonial cometidos contra mujeres mayores habitantes de las colonias populares de los Pedregales de Coyoacán en la Ciudad de México.  

La activista social considera que el Estado debe defender pro persona a las personas mayores.

Durante su participación en el conversatorio “Seguridad Económica y Derechos Humanos. Haciendo frente al Maltrato Patrimonial en la Vejez” organizado por el Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Señaló además que las personas mayores se enfrentan a un enorme reto que es el laberinto de trámites y procedimientos administrativos desgastantes

Dada la experiencia del Comité que preside, Angelita Fuentes Vera puede asegurar que no hay avances en el acceso a la justicia de las personas mayores, tampoco para lograr una sensibilización que inhiba el despojo patrimonial y no tantas cargas punitivas. 

Desaprobó que al despojo patrimonial se le dé categoría de “maltrato”, ya que suele manejarse como un conflicto entre particulares, por los abogados, cuando es un delito que debe castigarse por parte del Estado con todas sus capacidades y recursos. 

Detalló todos los tipos de despojo patrimonial que aprovechan el aislamiento, cansancio y violencia que va desgastando a las personas mayores que va desde el ámbito familiar y vecinal hasta planteamientos más complejos y refinados como la gentrificación o crimen organizado. 

En el caso del despojo patrimonial familiar en el que participan los familiares directos hasta sobrinos y sobrinas, nietos o nietas, hasta yernos o nueras asegura que el Estado es omiso porque no defiende desde el primer momento a las personas mayores, no realiza acciones de resolución de conflictos, ni prioriza las necesidades y características de las personas mayores. 

Las autoridades inhiben la denuncia, hacen trámites cansados y se aprovechan del desconocimiento de las personas mayores sobre leyes o solicitan dinero a ambas partes para perseguir o permitir el despojo familiar. 

Las estrategias más comunes son falsificación de documentos, el aprovechamiento de la categoría de “demencia senil”, el chantaje sentimental y el abandono de personas mayores en espacios públicos. 

En el despojo patrimonial por el círculo cercano es realizado por ahijadas, ahijados, vecinas, cuidadoras, amistades, parejas, exparejas, entenadas, etcétera. El Estado es omiso porque permite el acto delictivo. No genera políticas públicas eficaces para las personas mayores que no cuentan con familiares o que no están en contacto directo con sus familias.

Fuentes Vera señala que, en el despojo patrimonial por profesionales como abogados, “coyotes”, líderes vecinales se ha documentado que están ligados a la administración pública, tiene contactos en las instituciones del registro de la propiedad, de impartición de justicia, personajes de la política, entre otros, o que han ocupado cargos públicos. 

Las estrategias más comunes son la identificación de predios, vecindades, terrenos, locales que se encuentran en posesión de las personas mayores, o cuya titularidad pertenece a personas mayores. Realizan una investigación detallada del grado de aislamiento, conflicto familiar o soledad que vive la persona mayor propietaria. Van vestidos de traje y traen en el maletín un Código Penal.  

Por lo que respecta a “plataformas de despojo” como llama a las instituciones como iglesias, asistencias privadas, empresas o hasta crimen organizado, utilizan pretextos de filantropía y solidaridad con las personas mayores para instrumentar del despojo patrimonial con entramados legales para orillar a las personas mayores a realizar donaciones.

En el caso de la gentrificación es el despojo premeditadamente estructurado y llevado a cabo por corporaciones inmobiliarias, constructoras de infraestructuras, especuladores urbanos. 

La estrategia es abaratar las propiedades, generalizar la propaganda negativa de barrios como “peligrosos” y en el caso de locales comerciales el cierre de tienditas o negocios pequeños. En algunos casos las administraciones locales encarecen los servicios públicos para que las personas mayores no puedan pagar el predio. En el peor de los casos se contratan grupos delincuenciales para amenazar, amedrentar y despojar a las personas mayores con uso de la fuerza. 

Ley para adultos mayores adolece de proporcionar abogado especialista 

Mientras que el Dr. Miguel Alejandro López Olvera del Instituto se refirió al derecho a la defensa que tienen todas las personas que es el derecho al debido proceso, más las personas de grupo vulnerables.   

También se refirió que en estos casos se ven afectados los derechos de las personas mayores a la propiedad y a la vivienda que están incluidos en los tratados internacionales.

Señaló que la Ley Nacional de los Derechos de las Personas Mayores que crea el Instituto Nacional para los Adultos Mayores (INAPAM) que le da atribuciones para proteger, asesorar y orientar a las personas mayores adolece de la atribución de “garantizar el derecho a la defensa de las personas mayores”. 

Es una deficiencia de la Ley nacional que no incluya el derecho de las personas mayores a contar con un abogado especialista en la materia proporcionado por el Estado. 

Por otra parte, el doctor López Olvera hizo un llamado al Estado Mexicano a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores al igual que la activista Ángeles Fuentes Vera. 

 

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