SemMéxico, Cd. de México, 30 de enero de 2019.- Activistas feministas, abogadas y defensoras de derechos humanos hicieron un llamado a las y los diputados federales a que consideren el feminicidio y el abuso o violencia sexual contra menores como delitos graves que ameritarían prisión preventiva oficiosa, puesto que atentan contra los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños.
En la Mesa de trabajo Propuestas a la Reforma del Artículo 19 Constitucional, convocada por integrantes del movimiento feminista y amplio de mujeres, señalaron que esa iniciativa que se encuentra en dictamen obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres. “Es preocupante que al Estado le duela más el robo de hidrocarburos o lo electoral, que la muerte de una mujer o la violación de un menor”, señaló Nury Romero Santiago, del Frente Derecho, Justicia y Libertad.
Sería desastroso que las y los diputados consideren delitos que no tienen una tipología de gravedad y que eliminen otros que sí laceran al país y afectan a una colectividad, porque están enviando el mensaje de que las mujeres no importan, indicó la abogada Yaneth Tamayo Ávalos, ante activistas y representantes de organizaciones de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Guerrero, Querétaro, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Michoacán y Ciudad de México.
Tal parece que las y los diputados desconocen cifras de feminicidios en México. Tan solo en enero de este año, en el estado de México han ocurrido 15 de esos delitos, puntualizó la defensora de derechos humanos y abogada feminista Emma Obrador Garrido, en la reunión efectuada en la Cámara de Diputados, pero a la que no asistió ninguna/ningún representante popular.
En la reunión coordinada por Josefina Meza Espinoza, del Frente Político Nacional de Mujeres, las participantes demandaron a las y los diputados que legislen no nada más “pensando en los automóviles”, sino desde una perspectiva de género, feminista y respetar el principio de progresividad de los derechos humanos.
Igualmente, que conozcan el Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas y la Guía Práctica para reducir la prisión preventiva, ambos documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Recomendación General Núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, emitido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Pidieron, además, que se destinen recursos en la prevención, capacitación y profesionalización de servidoras/es públicos y en los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Asimismo, hicieron un llamado a una concentración masiva e integrar un plan de acción a nivel local para presionar a las y los diputados y convocaron a las mujeres a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.
Prisión preventiva: violatoria de los derechos humanos
En entrevista para SemMéxico, la abogada Yaneth Tamayo consideró, por otra parte, que es un error resolver o prevenir un problema social, como es el robo de combustibles, con base en la prisión preventiva, porque esta es una medida cautelar, procesal no punitiva. Lo más conveniente, dijo, es que esos delitos se vayan a los códigos penales estatales, no en una reforma constitucional, y se aumenten las penas.
Además, advirtió, México estaría incumpliendo la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva o minimizarla, pues hay violaciones a los derechos humanos —como el de la libertad y a tener un proceso rápido y expedito— y se llega a incurrir en actos de tortura, además de que no se cuentan con protocolos que permitan un seguimiento de esos casos.
Tamayo apuntó que los tres delitos que se quedaron finalmente en el dictamen (en materia de corrupción, electoral y robo de hidrocarburos) son delitos patrimoniales y no tienen que ver con violaciones a los derechos humanos como sí lo son los feminicidios y la violencia sexual contra menores.
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