Mujeres

Exigen destitución y sanción contra alcalde de Tototlán y funcionario que acosaron a trabajadora

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  • La trabajadora denunció el año pasado el acoso, sin embargo, el alcalde también la acoso sexualmente y protegió al agresor. Las autoridades no actuaron pese a las denuncias de la víctima

Analy S. Nuño

SemMéxico, 9 de febrero de 2021, Jalisco.- Diversas organizaciones feministas, funcionarias de varios ámbitos de gobierno y mujeres de la sociedad civil organizada, exigieron el inicio de juicio político y procedimientos jurídicos en contra del presidente municipal de Tototlán y el director de Padrón y Licencias, por el acoso y  hostigamiento sexual así como violencia institucional en contra de una trabajadora.

El pasado 5 de febrero el diario Mural dio a conocer el caso de Diana, trabajadora del ayuntamiento que en 2020 denunció acoso por parte del titular de Padrón y Licencias, Efraín Martínez Íñiguez, pero contrario a los procedimientos, el presidente municipal Sergio Quezada Mendoza intervino en el asunto para “conciliar”, no obstante también la acoso sexualmente e intento disuadirla de no denunciar.

Pese a que Diana presentó denuncia ante las instancias correspondientes del ayuntamiento y la Fiscalía del Estado además de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ninguna autoridad realizó acciones para protegerla lo que la dejó agravó la situación, pues además uno de lo agresores es vecino de Diana.

Fue hasta el viernes, cuando el caso se hizo público que las autoridades reaccionaron y aseguraron que tomarían cartas en el asunto.

“Reprobamos los actos de acoso y hostigamiento sexual por parte de Sergio Quezada, alcalde de Tototlán. Exigimos a las autoridades encargadas del acceso y procuración de justicia que éste y todos los casos de violencia de género nunca más queden impunes”, señaló la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a través de un comunicado.

Este día, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), G10 x Jalisco,  Femac Jalisco y Mujeres por la Justicia Social: Atala Apodaca, fijaron un posicionamiento y exigieron a las autoridades competentes para que Diana obtenga seguridad, protección, justicia y reparación del daño.

Asimismo, exigieron se realicen los procedimientos jurídicos para separar del cargo a ambos funcionarios así como inhabilitarlos para que en el futuro no puedan ocupar cargos públicos. También demandaron investigar quién filtró los audios que la víctima entregó como pruebas en la denuncia en el que se escucha al primer edil diciéndole a la víctima “cómo te ha de disfrutar tu esposo”, en referencia a su aspecto físico.

“Que inicien los procedimientos de sanción de manera oficiosa, especialmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y como medida cautelar, como medida preventiva, exigimos la renuncia y separación del cargo del presidente municipal Sergio Quezada Mendoza y del director de Padrón y Licencias municipal Efraín Martínez, y se inicien los procedimientos de responsabilidad en su contra”, señaló Guadalupe Ramos Ponce, representante de Cladem.

En una acción paralela, Las Paritaristas, agrupación de mujeres de todas las expresiones políticas y sociedad civil organizada, clausuraron el ayuntamiento de Tototlán y entregaron un oficio al Congreso del Estado en que solicitan se realice un procedimiento de juicio de político contra el alcalde de ese municipio y el director de Padrón y Licencias.

“Es urgente la inhabilitación del alcalde quien cubrió desde el año pasado a su amigo, haciendo caso omiso a la denuncia interpuesta por Diana, así como ignoró a regidores quienes sabían del caso y habían solicitado desde agosto del año pasado en cabildo se retomara el asunto”, señaló María Fernanda Guzmán. 

Además, legisladoras de PRI, PAN y MC en el Congreso de Jalisco se pronunciaron por la destitución inmediata del presidente municipal, asimismo exhortaron a la Fiscalía iniciar una investigación para fincar cargos por el delito de acoso y hostigamiento sexual, en los que se podrían imponer penas hasta por 4 años de prisión.

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