- Se experimentan nuevas formas de violencia feminicida, por la pedagogía patriarcal y se restringe capacitación y recursos
- Luz Raquel Padilla Gutiérrez una entre miles donde un refugio la hubiera salvado, pero nada la protegió
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de julio del 2022.- El Estado de Jalisco, sólo en la presente administración, han sido asesinadas alrededor de 946 mujeres y niñas, de cuyos casos menos del 7 por ciento han sido investigados y sancionados, existen 52 feminicidas sentenciados, apenas del 4.5 por ciento de los responsables de cegar la vida a las jaliscienses. Aumentan los casos denunciados sin respuesta institucional.
Las denuncias poco atendidas, – recogemos como ejemplo 5 casos en los últimos 5 años – cuando lo son y hay medidas de protección, pero insuficientes y este gobierno federal ofreció, sólo que hasta 2023, tener refugios en todo el país, mientras restringe presupuestos a los existentes y operados por la sociedad civil. En Jalisco opera uno o dos refugios, pero no se publicitan.
Eso sucedió con Luz Raquel Padilla Gutiérrez, atacada y quemada el 16 de julio pasado quién tenía el perfil del auxilio, no sólo judicial, sino de protección integral, ante los hechos. Ni una ni otra sucedió.
En Jalisco y específicamente en Zapopan, se creó un mecanismo para salvar vidas de mujeres que hayan denunciado a su agresor, llamado Pulso de la Vida. En el caso de Luz Raquel Padilla, las autoridades no le dieron esa protección. Por eso la tremenda muerte ya generó una indignación generalizada, porque los hechos sucedieron en un espacio público, un parque y sobre todo porque había denunciado ante las autoridades las amenazas de su presunto agresor y feminicida, denuncia no investigada.
Wendy Figueroa, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios, dijo que el feminicidio de Luz Raquel es uno de los miles de casos que el gobierno mexicano ha dejado a la intemperie, porque no previene, no capacita –ha destruido el presupuesto nacional de género- y encima no protege, al desmantelar o disminuir los programas de Refugios nacional.
El de Luz Raquel es uno de los clásicos casos –miles diario- que necesitan esa protección, para eso son los Refugios, una política pública en suspenso, insuficiente y restringida, desde que Andrés Manuel López Obrador decretó en febrero de 2019, no apoyar, no reconocer y no otorgar derechos a las asociaciones civiles, reglamentadas y con existencia legal. Ahora, siguen en litigio algunos de los recursos, por decisiones equivocadas. A Luz Raquel, si esa política fuera real y nacional, podría haber salvado su vida.
Las Cifras, las únicas existentes
En el estado de Jalisco, sólo este año, suman 67 los asesinatos de mujeres, que en 2021 rompieron récord al sumar 245, 37 más que en 2020, que había sido el año más violento contra las mujeres según cifras de la fiscalía del estado.
Según explica Guadalupe Ramos Ponce, representante del capítulo Jalisco del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), en 2021 las autoridades jaliscienses clasificaran como feminicidio apenas 66 de los 245 asesinatos de mujeres y que el resto fueran catalogados como homicidios dolosos, pese a que no se sabe quién las mató.
Lo que no funciona después de un atentado o feminicidio es la justicia, el 95 por ciento de los casos quedan impunes. Pero tampoco funciona el Sistema Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres; no funciona la educación no sexista, y las mujeres quedan expensas a un contexto de violencia institucional y criminal que aumenta sus niveles de riesgo. en los dos últimos años hubo un “incremento exponencial” en feminicidios y homicidios, aunados a la violencia doméstica y laboral.
Y lo que le sucedió a Luz Raquel Padilla se inscribe en esa característica de la violencia con ácido, sustancias corrosivas o inflamables, que como las demás violencias es una violencia extrema y patriarcal, donde aflora el dominio, poder y control de ese sistema, sustentado en la pedagogía cotidiana de la criminalidad que invade al país. Pero además la indiferencia de las autoridades -añeja- pero viviblemente superada tanto en el estado de Jalisco como en el país, donde todo se arregla con violencia machista, prepotencia e imposición.
Las violencias contra las mujeres, señala reiteradamente CLADEM, tienen una altísima carga simbólica, ya que con ellas no solo se pretende causar un sufrimiento físico enorme —o, incluso, la muerte—, sino también para imponer a las víctimas una condena social y psicológica de por vida debido a las secuelas en su salud en general, vida social y economía, exacerbada con los ataques con ácido. Igualmente, cuando son asfixiadas, mutiladas o humilladas.
El diario Mural de Guadalajara, Jalisco, hizo esta mañana, en su versión digital, un recuento de mujeres que fueron asesinadas luego de que solicitaron la intervención de las autoridades, que pidieron ayuda, gritaron y hablaron del riesgo que corrían sus vidas. Ejemplo de cómo las autoridades competentes no actuaron y por tanto el Estado no las protegió.
Estos son algunos de estos casos donde las mujeres finalmente fueron asesinadas para algunas de ellas se otorgaron órdenes de protección por la Fiscalía del Estado. Esas órdenes, no obstante, no fueron suficientes para protegerlas y evitar que fueran atacadas por los feminicidas. En algunos casos, ellas señalaron concretamente a sus agresores y dieron nombres y apellidos. En la mayoría de los casos la justicia está pendiente.
Luz Raquel Padilla Gutiérrez
“Ayuda, mi agresor me atacó con cloro industrial y mi seno izquierdo está mal y las #amenazasdemuerte son a diario porque es mi vecino mi #agresor, ya levanté mi denuncia, pero no hacen nada por protegerme, tengo miedo por mi vida y la de mi familia”, fue uno de los tuits (17 de mayo) en que Luz Raquel Padilla Gutiérrez hizo públicas las agresiones y amenazas que sufría. A pesar de haber contado con una orden de protección, el Ayuntamiento de Zapopan le negó un Pulso de Vida y careció de vigilancia institucional pese a que su departamento fue vandalizado con amenazas de muerte en su contra, donde le advertían que la quemarían viva y que se hizo realidad.
El sábado 16 de julio por la tarde fue bañada en alcohol y posteriormente le encendieron fuego. La quemaron viva cinco personas en un parque público de Zapopan. El 90 por ciento de su cuerpo sufrió quemaduras graves y, al cabo de tres días, murió en el Hospital Civil. Luz, de 35 años, tenía problemas con un vecino en particular que le expresaba repudio a su hijo con autismo, que por su condición generaba ruidos fuertes en las noches. Ella misma hacía pública la situación en sus redes sociales. El vecino, Sergio N, acudió a rendir declaración ante la Fiscalía, pero no está en calidad de detenido ni se le relaciona con el ataque con fuego que le arrebató la vida este martes. Por ese hecho no hay detenidos.
Alondra Guadalupe González Arias
La mañana del 10 de marzo de 2017, Alondra Guadalupe González Arias, de 20 años, fue encontrada sin vida con signos evidentes de violencia en el departamento que compartía con su pareja, en Tlajomulco de Zúñiga. Alondra contaba con una orden de protección emitida un mes antes, cuando había denunciado violencia por parte de su pareja; acudió al Centro de Justicia para la Mujer con signos evidentes de golpes en el cuerpo y marcas de ahorcamiento en cuello.
Sin embargo, dicha orden no se hizo llegar a las autoridades responsables de aplicarla, lo que provocó que no se activara la protección para Alondra. Cuando fue asesinada, se cumplieron apenas 10 días de haber dado a luz al hijo que tuvo con su pareja, quien le quitó la vida. Después de dos años, se detuvo al asesino de Alondra en el municipio de Zapopan, su ex-pareja Pedro Giovani, el 14 de mayo del 2019.
Alexandra Castellanos Méndez
“¡Autoridades, no fue un balazo, fueron dos y hago directamente responsable al señor Alberto Cárdenas Camarena, a su amante Catalina y a toda su familia si algo nos pasa a mis hijos o a mí!!!!”, publicó Alexandra Castellanos Méndez, de 40 años, en su Facebook sobre un ataque armado recibido en su casa. Al día siguiente, un 24 de diciembre de 2017, fue encontrada muerta de dos disparos dentro de un auto, en la colonia Jardines del Zapote en Tlajomulco de Zúñiga.
Alexandra había denunciado las amenazas y constantes ataques que recibía de su ex esposo y la nueva compañera de éste, 20 días antes denunció ante la Fiscalía los hechos y tenía una orden de protección, pero no impidió que finalmente le quitaran la vida. Alberto “N”, ex esposo, así como Catalina “N”, Enedina “N” y Juan “N” fueron detenidos el 29 de diciembre del mismo año. El 4 de enero de 2018 fueron vinculados a proceso por un año y en enero de 2019 fueron enviados a prisión preventiva, sin embargo, la familia de la víctima ha denunciado constantes irregularidades en su caso y retrasos en las audiencias, que dificulta sean sentenciados.
Vanesa Gaytán Ochoa
Vanesa Gaytán Ochoa denunció tres veces a su esposo Irving Emanuel Ramírez Barajas y acudió otras 16 veces al Centro de Justicia para la Mujer, pero por una serie de fallas en el mecanismo de protección, no evaluaron el nivel de riesgo en que vivía la joven de 25 años, lo que derivó en que no contara con resguardo institucional y fuera blanco de su victimario.
El 25 de abril del 2019, Vanessa se dirigía a su trabajo y en su camino notó que su agresor la seguía a bordo de un auto, ella se comunicó con su abogado y este le sugirió que se bajara en Casa Jalisco para que la seguridad del Gobernador le brindara protección. Se bajó, habló con uno de los policías de la residencia oficial, pero su esposo la atropelló cuando hablaba con el agente y se bajó para atacarla con un cuchillo. Los escoltas ahí presentes dispararon contra el agresor, pero este no se detuvo hasta causarle la muerte, posteriormente él también murió. El caso se volvió de interés internacional debido al grado de negligencia de las autoridades, y a que el ataque final se dio frente a la residencia del gobernador Enrique Alfaro.
Verónica Patricia Guerrero Vinueza
Era abogada y encabezó la lucha social y jurídica de vecinos de Urbi Quinta, en Tonalá, en contra de Caabsa y del Ayuntamiento por permitir que la planta de transferencia de Matatlán se convirtiera en un basurero clandestino, afectando la calidad de vida de los habitantes cercanos. Era Verónica Patricia Guerrero Vinueza, quien organizó marchas y protestas vecinales contra el basurero desde diciembre de 2021.
Sin embargo, comenzó a recibir amenazas que hizo extensivas a sus vecinos que también se defendían del foco de infección de Matatlán, pero a pesar de que incluso se hizo público el amedrentamiento de grupos encapuchados contra los vecinos y contra ella, nadie actuó. El 3 de febrero de 2022 fue asesinada por personas que se acercaron a su auto exclusivamente para dispararle a quemarropa, en el centro de Tonalá. Su caso se investiga como feminicidio, pero no hay detenidos por el atentado fatal.
SEM/MG
