Falta de presupuesto y prevención contra el feminicidio en México

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* Realizan Jornada Spotlight para visibilizar la violencia en Chihuahua, Estado de México y Guerrero

* Responsabilidad del Estado proporcionar “las garantías de no repetición

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 25 noviembre 2019.- Marcos discriminatorios, falta de presupuesto, falta de claridad en los datos oficiales e inexistencia de acciones de prevención contra la violencia feminicida, fueron señalados por las participantes en el conversatorio “Del campo algodonero a los 10 feminicidios al día en México: Una mirada desde Chihuahua, el Estado de México y Guerrero”.   

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 16 de noviembre de 2009, conocida como Campo Algodonero contra México, reconoce la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. Aunque en el lugar, conocido como campo algodonero, se encontraron ocho cuerpos de mujeres y niñas vilmente asesinadas en Ciudad Juárez.

Imelda Marrufo, abogada y activista de derechos humanos de Ciudad Juárez, señala que esto constituye un precedente en cuanto a que se destaca que es responsabilidad del Estado de proporcionar “las garantías de no repetición”, y que esta sentencia debe considerarse como un proceso de construcción colectiva donde participaron abogados, familiares y organizaciones civiles.

La abogada destacó que existen diversas violencias en el país, por lo que está plagado de alertas que medianamente se cumplen, ya que de acuerdo los datos de 2018 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son denunciados 42 casos al día por violación y no todos los casos se denuncian. Además de los casos de violencia familiar.

La asignación al presupuesto para atender la violencia contra las mujeres no es proporcional al daño, y que el 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer “debe convertirse para el gobierno en una fecha donde rinda un informe de lo que ha hecho y lo que le falta por hacer.  

La sentencia de Campo Algodonero debería bastar para que el Estado mexicano trazara una hoja de ruta e impulsara medidas emergentes y permanentes para proporcionar seguridad, políticas públicas y presupuestales para hacerlo posible, pero eso no ha ocurrido.

Sentencia Mariana Lima Buendia

La activista Irinea Buendía, obtuvo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en junio de 2015 para reabrir el caso de su hija Mariana Lima Buendía para que su asesinato en 2010, se investigara como feminicidio en lugar de suicidio como habían concluido las autoridades.

A pesar de que la Sentencia es reconocida en Latinoamérica como referente para exigir que las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidio bajo una perspectiva de género, aun no se ha dictado sentencia al feminicida de su hija, ya que han cambiado de jueces varias veces.

Irinea Buendía ha sido acompañada legalmente por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y señala que en México están bien resguardado los derechos humanos de los asesinos, pero a los familiares de las víctimas se les obstaculiza cualquier trámite o investigación.

La sentencia Mariana Lima Buendía resume tres efectos: el primero es la investigación de feminicidios con la debida diligencia, aplicando una perspectiva de género durante la investigación; el segundo es sancionar a los servidores públicos que recurrieron a omisiones y negligencias, y el tercero es la reparación integral del daño.

Violencia contra mujeres indígenas

Erika Garrido, de Chilpancingo, Guerrero, destacó el nivel de violencia que se vive en las siete regiones de este estado, donde la discriminación se da por ser mujeres, por ser indígenas y por ser jóvenes indígenas que son las víctimas de desaparición por las bandas del crimen organizado.  

Chilpancingo y Acapulco son los lugares más peligrosos, los perpetradores de estos asesinatos contra mujeres sirven a los grupos criminales para mandar mensajes entre ellos. Por eso las mujeres viven con miedo, incluso, ante un caso de “fuego cruzado”.

En este estado existen dos alertas de violencia de género, una en ocho municipios, y la otra alerta por “agravio comparado”, pero para las autoridades municipales y estatales no existen, no registran los casos de violencia, que para la activista no son solo datos, son rostros, familias afectadas y aun cuando existen las leyes estatales y nacionales no se aplican. 

Erika Garrido dijo enérgicamente que hay que romper el muro de la impunidad, que las autoridades dejen de tipificar como homicidios dolosos los casos de feminicidio. Que los ministerios públicos no cuentan con traductores en las cuatro lenguas que se hablan en esa entidad y que las autoridades dejen de ver a la sociedad civil como adversario y la vean como lo que son, aliados a favor de la seguridad de las mujeres.

Primera Jornada Spotlight

La iniciativa Spotlight es a nivel mundial, ya que 87 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo cada año. En América Latina, México se encuentra entre los 14 países más violentos contra las mujeres con 10 mujeres asesinadas cada día, por lo que la campaña se implementó en nuestro país al igual que Argentina, El Salvador, Guatemala y Honduras.  

En la primera jornada de Spotlight que es una alianza global de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, se señaló que su objetivo es prevenir y erradicar el feminicidio en México, por lo que sus acciones se implementan en los estados de Chihuahua, México y Guerrero, específicamente, en los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez,  Ecatepec, Naucalpan y Chilpancingo, por tener las tasas más altas de defunciones femeninas con presunción de homicidio, elevado índices de desapariciones, y alto porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual.

Con un presupuesto de 7.5 millones de pesos, la iniciativa Spotlight, que es “poner el foco” sobre la violencia contra las mujeres y las niñas busca empoderarlas y hacer realidad la igualdad de género, busca fortalecer las buenas prácticas y acciones que ya existen, e impulsar otras nuevas.

Se pone énfasis en el pilar uno, que es mejorar las normas y políticas públicas para la eliminación de la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas. Así como en el pilar cuatro, que es garantizar y hacer accesibles los servicios esenciales de salud, sociales y legales, y policiales de calidad para las mujeres y niñas víctimas de violencia.

Se hace hincapié en mejorar los sistemas de recolección de datos que permitan tomar decisiones de políticas públicas informadas, para mejorar las estrategias para el monitoreo, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

En este punto se destacó en el conversatorio que son unas cifras las que manejan las autoridades oficiales y otras las que manejas las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se debe clarificar.

El evento se llevó a cabo en la Casa Chihuahua, del gobierno del estado, donde previamente se inauguró la exposición 30 ilustraciones elaboradas por la colectiva “No estamos Todas”.

SEM/jap/sj

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