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Feministas y ONGs piden a AMLO tome en serio y actúe ante actos terroristas

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  • México atraviesa un conflicto armado interno que requiere apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
  • Gobierno mexicano no acepta que son actos terroristas que afectan a la población civil.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 16 de agosto del 2022.- Ante la postura de las autoridades del Estado Mexicano de no reconocer que los grupos delincuenciales realizan actos terroristas contra la población civil, en conferencia de prensa  colectivas como Marea Verde, Las Brujas del Mar, Madres Buscadoras de México, Casa de las Muñecas Tiresias y Bryan LeBaron solicitaron formalmente al Gobierno de López Obrador frenar la guerra interna y reconocer la violencia que grupos terroristas llevan contra la población civil.

Una solicitud ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que declare que México atraviesa por un conflicto armado interno y aplique las obligaciones y atribuciones para enviar apoyo de las Fuerzas Armadas con el fin de alcanzar la paz, hicieron las colectivas feministas y organizaciones no gubernamentales.  

Mientras que el secretario de Gobernación Adán Augusto López, cuestionado directamente en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que los hechos violentos de los últimos días eran un acto de terrorismo, y los minimizó como actos “propagandísticos” de los grupos delincuenciales.

En cartas enviadas tanto a Naciones Unidas como a la Secretaría de Relaciones Exteriores exponen que tan solo la última semana 341 personas fueron asesinadas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y Baja California por los grupos armados pertenecientes a diversos colectivos criminales, en actos considerados como “TERRORISMO” por la Ley Penal Federal de México.

En dichos despliegues hubo uso de armas de fuego, bloqueos de las vías de comunicación, incendios de comercios y explosión de vehículos con el fin de obligar a las autoridades a no aplicar las leyes en perjuicio de sus intereses ilícitos.

El estudio realizado por “Congressional Research Service” de los Estados Unidos reporta que entre un 30 y 35 por ciento del territorio nacional, es un “espacio no gobernado”, es decir, ausencia del estado de derecho mexicano, donde se impone la presencia de los grupos armados.

En la carta exponen que desde hace 14 años se comenzó a utilizar la fuerza armada en una declarada confrontación entre el Estado Mexicano y los grupos criminales que se conoció como “La  guerra contra el narco” con resultados de pérdidas humanas, materiales, económicas, desplazamientos forzados individuales y colectivos en su modalidad internacional como interno, desapariciones, violaciones graves a los derechos humanos y la comisión de una pluralidad de conductas que trascienden en la paz social y seguridad nacional.

Actualmente los grupos armados se han incrementado y diversificado con un poder armamentista, económico y social. Se han apoderado de parte del territorio nacional lo que les ha permitido tomar el control de diversas instituciones del estado (principalmente en el ámbito municipal y estatal), con el fin de desestabilizar la gobernanza de muchas regiones y comunidades enteras, para perpetuar la comisión de delitos en el ámbito local e internacional, lo que incrementa su rango de ataque a la ciudadanía y a las instituciones.

Existen dos realidades notorias y verificables: la primera es que hay una confrontación constante entre los distintos grupos armados que buscan generar controles territoriales y la segunda es que la acción de dichos grupos hacia el estado y civiles ha sido históricamente relevante para alcanzar el monopolio de las actividades ilícitas, tan es así que durante el mismo período se ha perdido en México un número similar a las vidas perdidas en la Guerra que se vive entre Ucrania y Rusia, si se consideran las muertes atendiendo al número de habitantes.

Las colectivas feministas y organizaciones no gubernamentales, apoyados por los diversos convenios de Ginebra de 1949 y 1977 en relación a la protección de la población civil y víctimas, solicitan que se apliquen las obligaciones y atribuciones dadas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para investigar, recomendadas y enviar apoyo de las Fuerzas Armadas con el único fin de alcanzar la paz.

En la conferencia de prensa, Bryan LeBaron enfatizó en que hay que reconocer que existe el delito de terrorismo en este país y no se quiere reconocer. Refirió que así como aceptamos ayuda de médicos de Cuba, por que no podemos aceptar la ayuda internacional en este gran conflicto de violencia por el que sufrimos.

SEM/MG

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