- La iniciativa ciudadana será avalada por Procuradurías y Fiscalías, organizaciones feministas e instituciones académicas y el INAI
- Busca impulsar un nuevo modelo de justicia y es impulsada por EQUIS Justicia para las Mujeres
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 21 de febrero 2022.- Por una justicia abierta con perspectiva de género que garantice el derecho a la información y el acceso a la justicia es lo que busca el Pacto Nacional que se firmarán mañana martes con representantes de los Poderes Judiciales de nueve estados del país encabezados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país.
La iniciativa ciudadana busca impulsar un nuevo modelo de justicia junto con las procuradurías del país impulsada por EQUIS Justicia para las Mujeres, organizaciones feministas, indígenas y de derechos humanos, así como de instituciones como el INAI, académicas y de gobierno para que México deje de estar entre los diez países peor evaluados en materia de impunidad y justicia de América Latina de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2020.
De acuerdo a las cifras oficiales 10 mujeres al día han sido privadas de la vida, solo el cinco por ciento de las mujeres víctimas de violencia denuncian. De acuerdo a la información proporcionada por SESNSP-CNI, las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, de enero a octubre del 2020 se han cometido 777 delitos de feminicidio en México. Se registran dos mil 384 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso.
En 2019, Equis Justicia para las Mujeres publicó el informe (In)Justicia Abierta: Ranking de opacidad judicial en México, evidenciando que todos los poderes judiciales locales estaban reprobados en justicia abierta, pues no cumplían con sus obligaciones en materia de transparencia.
Tan sólo uno de 32 poderes judiciales del país había publicado todas sus resoluciones, y en 18 entidades federativas el poder judicial local no reconocía su obligación de publicar esta información, ni habían registrado el número de sentencias que habían emitido.
Por supuesto, no contaban con la información desagregada por género, etnia, e identidad de las personas. Recordemos que la generación de información judicial es uno de los pilares de la justicia abierta.
En pandemia, los poderes judiciales fallaron a las mujeres
En el contexto de la pandemia sanitaria, los poderes judiciales fallaron de nuevo a las mujeres. Los tribunales suspendieron o redujeron su labor en un momento en el que las situaciones de violencia doméstica, sexual y virtual se incrementaron por el aislamiento social y por la crisis económica.
El informe (Des)protección judicial en tiempos de COVID-19 señala que la mayoría de los poderes judiciales no contemplaron como importante o urgente el funcionamiento de los diferentes mecanismos de protección dirigidos a mujeres, tales como las órdenes de protección que se pueden dictar con o sin proceso por las autoridades jurisdiccionales.
La inseguridad, las formas de violencia, opacidad, impunidad y crisis pandémica son factores que se interrelacionan aumentando el riesgo de mujeres y niñas, como sucede en casos de otras crisis o emergencias.
En México, de acuerdo con el INEGI, al menos seis de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia; siendo los principales delitos cometidos en contra de las mujeres los relacionados con violencia sexual. La mayoría de los delitos generales no se denuncian: se estima que la “cifra negra” es del 92 por ciento, es decir, únicamente 1 de cada 10 delitos se denuncian. En el caso de las mujeres mexicanas víctimas de algún tipo de violencia, sólo el cinco por ciento denuncian.
El Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género supone el desarrollo de un proceso en 5 pasos en dos años con siete estrategias con 20 acciones. Inicia con la firma del Pacto; el diagnostico que será publicado en marzo del 2022; implementación del pacto con dos informes de avances; entrega del Informe Final y difusión de avances en septiembre de 2023, y finalmente el Foro y Reconocimiento en noviembre de 2023.
El Pacto reconoce necesidades y derechos que no se cumplen; interpreta el derecho para que las personas tengan acceso efectivo a la justicia; reconoce las asimetrías de poder y las desigualdades que limitan el acceso a la justicia y al pleno goce de los derechos; implica participación, transparencia y colaboración entre actores sociales y estatales, y establece una relación de doble vía entre ciudadanía y estado.
Hallazgos
El Pacto considera como un reto y al mismo tiempo oportunidad para los poderes judiciales, transformar las instituciones de impartición de justicia y transitar a una justicia abierta que contribuya a una justicia en igualdad y sin discriminación.
Es común encontrar sentencias judiciales que no protegen, que discriminan; que, en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres. Son herramientas judiciales que alimentan este contexto de impunidad, reforzando la discriminación y la violencia.
De acuerdo a la Red por la Ciudadanización de la Justicia, con la auditoría ciudadana a los poderes judiciales de México “No es Justicia”, se analizó 110 sentencias que evidenció que todos los poderes judiciales estudiados tenían una evaluación de 5.85 (en una escala del 1 al 10) de acuerdo con los elementos de análisis.
Entre los principales hallazgos se encuentra que el 85 por ciento de las sentencias y/o resoluciones no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas en el caso.
En el 69 por ciento de los casos, las personas juzgadoras omitieron analizar las situaciones de riesgo para las mujeres, y no dictaron órdenes de protección.
En el 86 por ciento de las resoluciones no se dictaron medidas de reparación y no se emitieron medidas de seguimiento en las sentencias.
Recomendaciones de la CEDAW
También el Pacto considero los compromisos de México con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), de acuerdo a las recomendaciones de garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres en condiciones de igualdad, sin discriminación y procurando la transparencia en las sentencias.
Se precisa en el documento del Pacto: “con transparencia y efectivo acceso a la información pública podemos monitorear las acciones que el Estado implementa para promover la igualdad sustantiva y parar erradicar la violencia y cualquier forma de discriminación de género”.
“Los poderes judiciales, como entidades públicas, deben estar abiertos al escrutinio público, a la rendición de cuentas y al ejercicio transparente de recursos. Actualmente, la mayoría de las sentencias no se publican y la poca información que se emite desde los poderes judiciales locales no responde a principios de accesibilidad e inclusión”.
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