- Fiscalía Anticorrupción y Contraloría Interna revisarán el actuar del juez
Analy S. Nuño
SemMéxico, 18 de agosto de 2020, Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía del Estado apeló la decisión del juez Jorge Solís Arana, en el caso de la menor violentada sexualmente en Puerto Vallarta e inició distintos procedimientos para que sea revisada su actuación y el de los servidores públicos implicados en la integración de la carpeta de investigación.
De acuerdo al fiscal general, Gerardo Octavio Solís, luego de que el pasado 11 de agosto el juez determinará no procesar por el delito de corrupción de menores a Luis Alonso N, ex funcionario municipal, quien fue encontrado el pasado 26 de junio con la menor desnuda en su vehículo, “de manera inexplicable y por demás lamentable el juez decide no vincular a proceso” al imputado por lo cual se hará lo necesario para revertir la decisión.
Explicó que son 3 acciones las que se están llevando a cabo con este fin: en primer término la presentación de una apelación, con la finalidad de que el asunto sea revisado por una sala y se determine la pertinencia de la solicitud del Ministerio Público; la segunda, se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Solís Arana por su manera de resolver el caso y, la tercera, se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que en el ámbito de sus atribuciones analice la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y determinar alguna posible responsabilidad.
“Después de la resolución se empezó a trabajar en estos tres documentos, la apelación, la vista al Fiscal Anticorrupción y la queja ante el Consejo de la Judicatura, pero también se dieron indicaciones para que la Contraloría Interna de la Fiscalía revisara la actuación del Ministerio Público integrador, esto quiere decir que también está siendo revisado el servidor público por la contraloría interna, no queremos dejar de lado ninguna posibilidad”.
Aseveró que desde el momento en que el asunto se traslada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría Interna se da amplitud de jurisdicción para que se revise lo que se considere, se obtengan los documentos que sean necesarios y ambas instancias determinen si investigan a una persona determinada o amplían la investigación a algún otro servidor público.
Insistió en que la Fiscalía está “trabajando para revertir esta decisión del juez” así como recabar más datos de prueba señalados por la defensoría jurídica de la víctima, “que se están tomando en consideración para fortalecer la teoría del caso”. Además, a su decir, se incorporaron las colectivas al trabajo de investigación, para reforzar la investigación.
“Aún y cuando el Ministerio Público logra una vinculación, no termina su responsabilidad, se han conseguido otros datos de prueba, vamos a continuar en está lucha, no vamos a ceder”, dijo.
El pasado 11 de agosto el juez determinó no vincular a proceso al imputado por el delito de corrupción de menores. De acuerdo a colectivas y las asesoras jurídicas la investigación ha estado plagada de errores que permiten sospechar de una protección al imputado pues la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta ha cometido graves omisiones y faltas en la integración de la carpeta de investigación que ponen en riesgo el juicio.
Entre las fallas detectadas por la defensa de la víctima destaca el que no hubo retención de equipos telefónicos del presunto abusador, no se recabo la ropa del imputado -sobretodo el short ni el calzoncillo para determinar la existencia de fluidos, no se realizó prueba en el vehículo en cuanto a los fluidos en el del copiloto ni en el piso, así como tampoco se han levantado testimoniales del lugar donde la menor fue subida al vehículo ni ha declarado el padre de la menor.
