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Fiscalía capitalina reabre la investigación del feminicidio de Digna Ochoa con equipo y con perspectiva de género

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  • Reconoce el Estado Mexicano que le falló a Digna Ochoa al negarle acceso a la justicia.
  • México fue condenado por la Corte Interamericana desde 2013, ahora una disculpa pública y el nombre de una calle.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México, 19 de octubre del 2022.-  Se hará una nueva investigación sobre el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, anunció la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy a 21 años de su deceso y a 19 años que se pidió esa investigación, luego que la procuración de justicia dijo que se suicidó.

Nadie creyó esa hipótesis. Y no obstante las protestas, el largo camino de organismos de los derechos humanos, el sustento claro de que en 1999 ella pidió protección internacional, porque había sido amenazada y había sufrido un secuestro, las autoridades sostuvieron que era un suicidio, por eso hoy el gobierno mexicano pidió disculpas, reconociendo que se puso en riesgo por su desempeño valiente al denunciar a personajes del gobierno y de las fuerzas armadas, que dejó en claro que el Estado Mexicano fue omiso.

Hoy a 21 años del feminicidio de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido se informó que se cambió la nomenclatura de la calle Gabriel Hernández en el tramo de la Fiscalía General de la Ciudad de México por su nombre; y el gobierno de la República en una ceremonia especial ofreció una disculpa pública a ella y a su familia porque, se dijo, el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad, ni su integridad personal y no garantizó su acceso a la justicia.

En la Ceremonia tocó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dar esa disculpa y dijo que fue responsabilidad del gobierno mexicano no garantizar el acceso a la justicia al negarse a investigar su muerte como un asesinato por su labor como defensora de derechos humanos.

La Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy informó que se abrirá una nueva investigación que estará a cargo de una Unidad Especializada, conformada por un equipo multidisciplinario integrada por mujeres desde una perspectiva de género y derechos humanos que cuenta con el voto de confianza de la familia Ochoa y Plácido.

Al mismo tiempo dio a conocer que un tramo de la calle enfrente de la fiscalía capitalina que fue testigo de la lucha incansable de la familia y sus abogados por el esclarecimiento de la verdad, lleva desde hoy el nombre de Digna Ochoa y Plácido. Al igual que en Misantla, Veracruz también se retomó una calle para ponerle su nombre.

Digna Ochoa y Plácido fue encontrada sin vida en su despacho ubicado en la calle de Zacatecas 31, colonia Roma, la tarde del 19 de octubre de 2001.

En vida se le conoció por su trabajo de abogacía contra la impunidad, y en la investigación de casos donde se presumió que estuvieron implicados funcionarios/as públicos, algunos integrantes de la desaparecida Procuraduría General de la República; igual sobre las fuerzas armadas, que podrían calificarse de graves violaciones a los derechos humanos. Su tarea fue construir elementos jurídicos para que encontrara la verdad y se castigara a los responsables de esos ilícitos; fue una abanderada para que las autoridades involucradas fueran puestas en manos de la justicia.

Originaria de Veracruz, trabajaba en el entonces Distrito Federal, en 2001, fue hallada asesinada en su despacho y desde antes, por su labor, ya había recibido amenazas. No se ha condenado a nadie por el caso.

En enero del 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cortead) condenó a México por la deficiente investigación llevada a cabo sobre la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida en el año 2001, lo cual constituye una violación a la obligación estatal de garantizar el derecho a la vida. La versión oficial que mantuvo la procuraduría fue de un suicidio, descartando la posibilidad de homicidio por su activismo. Hoy por la Sentencia de la Corte, se anuncia la nueva investigación.

Quién era y cuál hoy la respuesta

Ella fue una abogada valiente, conocedora que no escatimó tiempo ni capacidad en la defensa de los derechos humanos. Por su desempeño fue galardonada con diversos premios internacionales en reconocimiento por su trabajo.

Relató el subsecretario, Alejandro Encinas señaló que “a menos de un año de la notificación de la sentencia internacional para el caso Digna Ochoa, se ha avanzado de manera sustantiva en el cumplimiento de las medidas de reparación, rehabilitación e indemnización para la familia”.

Solicitó a la titular de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que “no cejemos en la atención oportuna e inmediata de toda la familia para cumplir con esta responsabilidad y garantizar una reparación integral”.

Asimismo dio a conocer que “la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, impulsa la creación de un nuevo marco legal y normativo que defina los ámbitos de competencia, concurrencia y obligaciones específicas de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, priorizando la implementación de medidas encaminadas a fortalecer una política pública de protección de personas de este sector”.

El hermano de Digna Ochoa, Jesús Ochoa y Plácido aceptó a nombre de su familia la disculpa pública del Estado Mexicano y sostuvo que la defensorafue asesinada por sus ideales en la defensa de los derechos humanos de las personas, por lo que el compromiso con su hermana es no parar hasta lograr la verdad, alcanzar la justicia y castigar a quienes le arrancaron la vida y a quienes construyeron la versión del suicidio.

Expresó: “Hace 21 años decidí tomar el caso de mi hermana en mis manos y no voy a parar hasta encontrar la verdad y justicia”. A los que se atrevieron a afirmar que Digna Ochoa se había suicidado les decimos que hoy “Digna está más viva que nunca”.

En su intervención Jesús Ochoa recordó que antes del asesinato de su hermana, en 1980, su padre fue detenido de manera arbitraria por la policía judicial de Veracruz, quien lo torturó y lo desapareció por 3 días.

Así como “el 19 de octubre de 2001, como a las 7 de la noche me entero por cortes informativos de que mi hermana había sido asesinada por dos disparos. Pasaron 3 años para aceptar su muerte”.

También un momento crucial dijo fue haber exhumado el cuerpo de Digna Ochoa para comprobar que fue un feminicidio y no un suicidio como lo sostenía Renato Sales Heredia, quien se desempeña hoy como flamante fiscal de Campeche, señaló.

David Peña Rodríguez abogado defensor refirió que junto con Jesús Ochoa y Plácido acordaron expresar lo que tenían que decir, esperaron 21 años muy complejos en las que se recibieron humillaciones y burlas por parte de las autoridades, pero por fin se pudo revertir la hipótesis de suicidio.

Consideró que como abogado y defensor de los derechos humanos también para él este acto de la disculpa pública es un desagravio personal, pues esta búsqueda de la verdad dividió al movimiento de los derechos humanos a quienes hizo un llamado a la reconciliación.

David Peña Rodríguez pertenece al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), acompañó jurídicamente a la familia Ochoa y Plácido durante el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la que hizo la recomendación referida por Encinas.

En el acto de reconocimiento asistieron representantes del Secretario de Relaciones Exteriores y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Tomaron la palabra diversas integrantes de las organizaciones de Derechos Humanos que han formado parte activa en la búsqueda de la verdad en el Caso de Digna Ochoa, que a 21 años no se ha sentenciado a nadie.

Historia de impunidad

Dos años antes del asesinato de Digna Ochoa y Plácido, – el 7 de septiembre de 1999- solicitó medidas cautelares para ella, para los integrantes del Centro PRO de Derechos Humanos. Igualmente intervino el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Estas organizaciones presentaron una petición inicial de medidas provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) por violación de derechos humanos en perjuicio de Digna Ochoa y Plácido. Debido a las amenazas que tenía, y la falta de investigación de los ataques y algunos secuestros.

En noviembre de 1999 la Comisión IDH sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa.

En 2001, casi dos años después la Corte IDH dio por concluidas las medidas provisionales otorgadas a Digna Ochoa y demás integrantes del Centro PRODH. Dos meses después, la abogada fue asesinada.

Inmediatamente, tras su asesinato, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, manifestó su preocupación por la gravedad del asesinato, calificado por las autoridades de la Procuraduría, como suicidio.

Ello a pesar de los antecedentes, las medidas cautelares solicitadas, los asuntos que trataba la abogada y el acuerdo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos OEA, donde se había emitido una resolución en noviembre de 1999, en la que urgía al Estado mexicano a adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad personal de Digna Ochoa y Plácido y otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).

A su muerte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió al Estado Mexicano iniciar una investigación en el ámbito penal, misma que duró cerca de diez años, en la que se practicaron diversas diligencias forenses, químicas, balísticas e informes psicológicos; se tomaron pruebas testimoniales, fotográficas, entre otras. En su informe de fondo 61/19, la Comisión IDH determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la indagatoria que determinó que la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue suicidio, omisiones en el registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas de balística.

Al determinarse que había sido por suicidio, el 6 de mayo de 2003 los familiares de Digna Ochoa ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero estas fueron rechazadas o incluidas parcialmente.

Las recomendaciones ahora se atenderán, 19 años después.

Por lo anterior, dentro de su informe de fondo, la Comisión IDH estableció las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, esas que ahora dijo el subsecretario se van a subsanar, 21 años después:

1.    Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas. La CIDH solicita a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas de compensación económica a satisfacción.

2.    Disponer las medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de la familia de Digna Ochoa y Plácido, de ser su voluntad y de manera concertada.

3.    Reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa.

4.    Disponer mecanismos de no repetición que incluyan el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos.

La Comisión IDH emitió un comunicado el 18 de febrero de 2020 donde anunció que el 2 de octubre del 2019 envió el caso de la defensora Digna Ochoa a la Corte IDH para su estudio y, en su caso, para una posible sentencia en contra del Estado Mexicano. Un año más tarde, en abril de 2021 se emitió un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, donde el Estado Mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada. Asimismo, como obligación y convicción del Estado Mexicano, se acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, con la participación de la familia y la de su representación legal [9].

El 25 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades cometidas en el marco de la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001.

En la sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano, distintas acciones de reparación y no repetición, entre ellas:

  • Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar las circunstancias de la muerta de la señora Digna Ochoa y, en su caso juzgar y eventualmente sancionar a la persona o personas responsables de su muerte.
  • Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
  • Diseñar e implementar una campaña para reconocer la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos.
  • Elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
  • Crear e implementar un “Mecanismo de Protección de Testigos que intervengan en el Procedimiento Penal”,
  • Elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales.
  • Elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reforma a la “Ley Federal Para La Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal” para que “incluya los parámetros y estándares internacionales sobre la materia para la creación y operación efectiva de un Mecanismo de Protección a Testigos”.
  • Crear e implementar a nivel federal un protocolo específico y especializado para la investigación de ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos [10].

SEM/MG

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