Congreso

Fortalecer a los órganos autónomos y sus presupuestos: Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

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  • Analiza funcionamiento de esas instituciones, pide robustecer sus funciones, no debilitarlos
  • Que el Congreso sea un vigilante y no un destructor

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 30 de junio 2021.- Los organismos constitucionales autónomos como el INE, el INAI y el Banco de México forman parte de la estructura institucional del país y su autonomía tiene la lógica de control y contrapeso para evitar los excesos de los otros poderes del estado, por lo que requieren de personal altamente especializado y presupuestos adicionales para cumplir sus funciones.

En el caso específico del CONEVAL es importante agilizar el nombramiento de las y los integrantes de su consejo general y la expedición de la ley reglamentaria, misma que cuenta con un atraso de seis años a partir de la reforma constitucional política electoral del 2014.

Refiere la investigación “Desafíos actuales de los órganos constitucionales autónomos” elaborada por Perla Carolina Gris Legorreta y Susana Ramírez Hernández para la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

Entre los desafíos de estos órganos constitucionales esta que los otros poderes atiendan las recomendaciones o solicitudes de información sin que recurran a los argumentos de incompetencia o reservas.

También señalan que se debe fortalecer esa autonomía frente a los otros poderes del Estado y que cualquier cambio al respecto debería ser para fortalecer esa autonomía y no por propuestas guiadas por el criterio de austeridad.

Por las características de sus funciones sustantivas estos órganos requieren de presupuestos adicionales en lugar de recortes presupuestales.

Considera la investigación que es recomendable potenciar el uso de las atribuciones del Congreso de la Unión (como informes y comparecencias) en materia de vigilancia y rendición de cuentas de los Organismos Constitucionales Autónomos para ejercer un real equilibrio de poderes.

De acuerdo con las últimas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) existen nueve órganos constitucionales autónomos (OCAs) que enfrentan la discusión sobre la modificación de sus funciones y el nivel de autonomía que tienen y, más recientemente, la política austeridad impulsada por la presente administración.

El documento del IBD destaca la necesidad de realizar una evaluación sobre los resultados de cada OCA en sus procesos de rendición de cuentas. Esto, a su vez, permitirá hacer una reflexión más amplia sobre los desafíos que enfrentan y evaluar el desempeño de sus funciones para la toma de decisiones.

En México existen nueve Órganos Constitucionales Autónomos a los que se ha encomendado la atención de múltiples materias:

Para la garantía y protección de los derechos humanos, como los derechos políticos y derechos electorales, el acceso a la justicia, el acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales, se encuentran la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los órganos para la generación y suministro de información confiable y de calidad para la toma de decisiones estatales y elaboración de política públicas, están el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Para la regulación de la competencia pública y privada en los mercados, se creó la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); para regular y supervisar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y; en materia de estabilidad monetaria y desarrollo del sistema financiero existe el Banco de México (BANXICO).

Iniciativas de reforma a los Órganos Constitucionales Autónomos, INE

Durante la LXIV Legislatura que va a concluir, la reforma del sistema político electoral ha sido un tema constante dentro de la agenda legislativa del Congreso de la Unión. “Entre los diversos temas que abarcan las iniciativas de reforma presentadas hasta el momento, se encuentra la modificación a la estructura orgánica y electoral del INE proveniente de la reforma de 2014. De la mano de estas iniciativas, los principales desafíos identificados que, actualmente, enfrenta el INE como OCA son:

Modificación en la integración de su órgano de dirección.

 Modificación en el proceso de designación del Consejero Presidente.

Cambios en los períodos de nombramiento.

Reducción en materia presupuestal.

Se han presentado tres iniciativas en la Cámara de Diputados, una fue desechada y dos siguen pendientes de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Estas iniciativas tienen, como principal sustento, la incorporación del principio de austeridad mediante la reducción del número de consejeros electorales, así como promover la renovación periódica de la institución mediante la rotación del puesto de Consejero Presidente.

La primera iniciativa de reforma constitucional en esta materia fue la presentada por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, el 8 de abril de 2019, la cual, si bien el 31 de enero de 2020 fue desechada por la Cámara de Diputados, es necesario mencionarla porque abrió el debate hacia una reforma electoral y del Estado, en la que se incluyó la reforma de los órganos electorales en razón de su alto costo para la democracia.

La ley reglamentaria del CONEVAL sin aprobarse desde hace seis años

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), órgano  especializado en la medición de la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social, a pesar del mandato constitucional del 2014 no ha consolidado su transformación de organismo público descentralizado a órgano constitucional autónomo debido a que el Congreso de la Unión aún tiene pendientes para que el organismo ejerza sus atribuciones y competencias constitucionales como expedir la ley reglamentaria. Dicha Ley fue aprobada en la Cámara de Diputados en octubre del 2014 y recibida en la Cámara de Senadores a fines de ese mismo mes, sin embargo, sigue sin discutirse.

Además, las investigadoras apuntan que es recomendable potenciar el uso de las atribuciones y mecanismos con que cuenta el Congreso de la Unión, tales como como informes y comparecencias para ejercer un real equilibrio de poderes.

En ese sentido, el documento del IBD destaca la necesidad de realizar una evaluación sobre los resultados de cada OCA en sus procesos de rendición de cuentas. Esto, a su vez, permitirá hacer una reflexión más amplia sobre los desafíos que enfrentan y evaluar el desempeño de sus funciones para la toma de decisiones.

En materia de presupuesto, considerando que varios de estos órganos llevan a cabo, periódicamente, actividades sustantivas que requieren recursos adicionales, es importante tener esto presente cuando se promuevan recortes que pudieran afectar el desempeño de estas funciones, se lee en la investigación.

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