- Vulnerabilidad económica, reconfiguración política del mapa en la región por los gobiernos conservadores.
- Análisis inicial en tres países realizado por el Fondo Mujeres del Sur en el 17 de mayo
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 17 de mayo 2021.- La crisis desatada por la pandemia del Covid 19 reveló la profunda vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/trasvesti en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que han tenido avances desiguales en la ampliación de derechos.
La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada de gobiernos conservadores de derecha, en estos países plantea incertidumbre en cuanto al avance del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado.
La emergencia sumó la tarea asistencial y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y streaming, sin que se debiliten los espacios construidos. Dado que el activismo se ha movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias.
En un estudio exploratorio realizado para el Fondo Mujeres del Sur (FMS) por Guadalupe Allione Riba, Fidel Azarian, Candela Conmmeres Benejam, Melina Deangeli y Ana Fiol, concluyen que es complejo pensar en una agenda política postpandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque les parece claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención afectiva y emocional son las prioridades del momento.
Cabe recordar que el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), es una fundación que, desde el 2007, brinda apoyo financiero y acompañamiento a organizaciones que promueven los derechos de las mujeres y personas LBTIQ+, principalmente en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Señala el estudio que Argentina y Uruguay son países con claras políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio, Paraguay no produjo avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movimientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislativas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos.
Mientras los feminismos y organizaciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de partidos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parlamentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. Estas son las tensiones que atraviesan América Latina
Matrimonio igualitario
Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las parejas del mismo sexo pueden adoptar.
Brasil, Colombia y algunos estados en México legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimonio igualitario.
Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a la OEA deben aceptar el mandato.
Identidad de Género
En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género autopercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra índole con una ley aprobada en 2012.
Con otros matices, existen normativas similares en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes elementos de prueba para el reconocimiento legal.
Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– estableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para personas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica.
En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans.
Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.
Tensiones por la diversidad en América Latina
Se advierte que grupos fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de turno, propagan y legitiman discursos de odio. La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate de la ley de interrupción legal del embarazo.
En Brasil, con discurso oficial a favor de la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen hasta “terapias de cura homosexual”.
Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGBTTTIQ+.
Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera.
Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en materia de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud.
Impacto del Covid 19 en Argentina, Uruguay y Paraguay
En Argentina la restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/travesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar dispuesta en la pandemia.
Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.
En las zonas alejadas a los centros urbanos, a pesar de que no todxs lxs activistas tienen acceso a redes, se realizaron actividades en diversas plataformas y las organizaciones realizaron colectas de dinero y se las hicieron llegar.
En Uruguay las organizaciones LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la
población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a
personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañeros o compañeras trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.
La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comisarías a las que acuden en busca de protección.
Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia y dos programas de televisión: “El repasador”, por Canal 13 y “El Gran Debate”, de Unicanal, fueron señalados como reproductores de estos discursos y por prestar su espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.
Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas
con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras
sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de comunicadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales con personal de la música invitados e invitadas.
