Ejecutivo

Gobernación intenta cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana del caso de Atenco, con víctimas de tortura sexual

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  • 15 años después, sin justicia, ofrece reuniones, comisiones y un diagnóstico
  • Por detenidas y baleadas en Quintana Roo, ahora, 10 meses después Gobernación llama a impartir justicia

Lizbeth Álvarez Martínez

SemMéxico, Cd. de México, 5 de mayo, 2021.- A 15 años de los reprochables hechos de San Salvador Atenco, Estado de México, y dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) referente al caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, reitera su compromiso con el cumplimiento de la sentencia para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las 11 mujeres torturadas sexualmente en mayo de 2006 por policías de dicha entidad federativa.

La subsecretaría, mediante la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, da seguimiento al cumplimiento de los resolutivos pendientes que involucran a diversas autoridades del orden federal y local.

Uno de los puntos centrales que dicta la sentencia es el fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, como medida de no repetición, responsabilidad de esta subsecretaría a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.

En atención a la instrucción presidencial de erradicar la tortura y asumiendo la responsabilidad internacional, el Gobierno de México, en aras de fortalecer dicho mecanismo, aprobó el 5 de noviembre de 2020, su incorporación como grupo de apoyo técnico al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Asimismo, la sentencia ordena al Estado mexicano la creación de un diagnóstico nacional de la situación actual, para lo cual se han impulsado trabajos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a efecto de incorporar a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) elementos que permitan obtener datos respecto a la tortura sexual en todo el país.

Finalmente, la Conavim y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos elaboraron una propuesta de lineamientos para la operación del mecanismo, la cual será puesta a consideración de organizaciones de la sociedad civil acompañantes del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integrantes de la campaña ‘Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual’, así como de las mujeres sobrevivientes, para lo cual que serán convocadas a una reunión con objeto de enriquecer tales lineamientos de la sociedad civil acompañantes del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integrantes de la campaña ‘Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual’, así como con las mujeres sobrevivientes, para lo cual que serán convocadas a una reunión, no se dijo cuándo,  con objeto de enriquecer tales lineamientos.

Llama a resolver caso de 9 de noviembre  2020 en Quintana Roo

Igualmente, informó  Gobernación, que llamó  a las autoridades de Quintana Roo a procurar e impartir justicia a mujeres agraviadas en noviembre de 2020 en esa entidad.

Explica que en esa fecha –9 de noviembre 2020– durante una protesta en demanda de justicia por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, realizada  en las inmediaciones del palacio municipal de Benito Juárez, elementos de la policía municipal accionaron sus armas de fuego para disolver la manifestación, de forma injustificada y contraria a las normas nacionales e internacionales en la materia.

Debido a ello, resultaron heridas por arma de fuego tres personas (dos mujeres y un hombre), una manifestante y dos periodistas. Por ello la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la Recomendación 20/2020 que determinó la existencia de diversas violaciones de derechos humanos, incluidas a los derechos de reunión o manifestación, libertad y seguridad personales y libertad de expresión, así como la existencia de tratos crueles o degradantes.

Asimismo, derivado de estos acontecimientos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes. El 29 de abril del 2021 se tuvo conocimiento de la emisión de un auto por parte de la autoridad judicial que conoce del caso, en el que se señala que no fue posible ubicar a diversas personas imputadas, las cuales son acusadas por los delitos de lesiones culposas y dolosas, así como delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y abuso de autoridad, en perjuicio de diversas personas, tanto manifestantes como periodistas.

Por ello  la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración llama a las autoridades de procuración e impartición de justicia de dicha entidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, desplieguen las acciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las  víctimas por lo sucedido el 9 de noviembre de 2020, en el municipio de Benito Juárez, y evitar impunidad.

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