- Organizaciones defensoras del territorio y comunidades han documentado presencia de policías y fiscales durante la masacre.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 14 de noviembre del 2022.- La organización XINICH reclama la impunidad, violación de los derechos humanos y falta de justicia del gobierno a 16 años de la masacre de mujeres, niñas y ancianos indígenas tzeltal y ch´ol por el desplazamiento forzado de 36 personas de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, en la Selva Lacandona por despojo territorial y privatización de la naturaleza.
A 16 años, del 13 de noviembre del 2006, las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño.
En un comunicado conjunto, las organizaciones defensoras de la Selva Lacandona, recuerdan los hechos del operativo de corte paramilitar de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada “Comunidad Lacandona”) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad.
Estaban apoyadas por 300 elementos de la policía sectorial de Chiapas, fuertemente armados con Ar-15 y AK-47. Un ataque planeado y dirigido a las y los habitantes indígenas de la comunidad Viejo Velasco, quienes se encontraban desprotegidos/as.
El gobierno mexicano mantiene total impunidad en el desplazamiento forzado de 36 personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños. La ejecución extrajudicial de seis de ellas, una de ellas María Núñez González, embarazada. La privación ilegal de la libertad y tortura de una indígena discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció después en el 2010 por la tortura física y emocional.
Cuatro desapariciones forzadas de las cuales, un año después, a instancias de familiares e integrantes de la Misión Civil se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco. Los restos de dos personas adultos mayores; Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, que estaban desaparecidos y cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares, cuatro años después.
Las investigaciones de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, CDLI-XI’NICH, de los pueblos Tzeltales, Ch’oles y Zoquez de la selva de Chiapas, apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integraron entonces, la MISION CIVIL DE OBSERVACIÖN, documento que los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas. La presencia de cinco Fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social.
Puntualizan que durante todo este tiempo, la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE) sigue sin realizar una investigación completa y efectiva de estos hechos; mientras el gobierno federal y la CNDH guardan total silencio al respecto, por lo que los responsables intelectuales, los operadores/as políticos y los autores materiales siguen en la impunidad.
La FGE nunca contó con un plan de investigación y desde hace años ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, adultos mayores que desaparecieron en estos hechos y, luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud , continúa la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -luego de 16 años- continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros.
Esta masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la Selva Lacandona.
La Asamblea y pobladores/as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despojo territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país.
Se solidarizan con la organización XINICH:
- Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic A.C.
- Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
- Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
- Comunidades de los Pueblos Indígenas de la Santísima Trinidad
- Maderas del Pueblo del Sureste, AC
- Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
- Red Todos los Derechos para Todos y Todas
- Salud y Desarrollo Comunitario A. C.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en coordinación con la Coordinadora CDLI-Xinich organización de la selva-norte de Chiapas, fundada en los años 90s integrada por defensores/as comunitarios de derechos humanos, por considerar un practica de desaparición forzada, ejecución de tortura, desplazamiento forzado hizo la petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. .
La petición del Caso fue abierta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de octubre de 2010 bajo el número 1594-10 siendo admitida mediante Informe 264/20, con el número de caso 4.120 Pedro Núñez Pérez y otros, México el 25 de septiembre del 2020. Actualmente en trámite.
