María de la Luz Estrada Mendoza, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de prensa / Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro
- El documento corresponde a las alertas de violencia de género contra mujeres; feministas acusan tardanza y falta de claridad para su aplicación. CONAVIM responde que los criterios están en los lineamientos.
Nurit Martínez
SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 9 de marzo del 2023.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha retrasado por ocho meses la publicación del reglamento que aclara los criterios para lanzar, dar seguimiento y evaluar la efectividad de las alertas de género en el país.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, organizaciones y activistas recordaron que el 29 de abril del año pasado se publicó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres, que establece los mecanismos con los que cuenta el Estado para prevenir y erradicar la violencia contra ellas.
“En el tercer transitorio se especificó que la Cuatroté tenía 60 días naturales para publicar el nuevo reglamento”
“El Ejecutivo Federal, en un plazo que no exceda de sesenta días naturales después de publicado el presente Decreto, deberá reformar el Reglamento de la ley en aquellas partes que resulten necesarias para la implantación de este ordenamiento a través de un proceso participativo, tomando en cuenta la experiencia de quienes han participado en las alertas solicitadas”, señala el transitorio.
El plazo venció el pasado 28 de junio y desde entonces la Secretaría de Gobernación no ha emitido el documento para que operen los nuevos criterios para lanzar una alerta de género.
Luz Estrada, vocera del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indicó que el rezago que tiene la Secretaría de Gobernación hace que, “por ejemplo, la declaratoria de género en el estado de Tabasco siga en espera de resolución, dado que es ese reglamento el que debe definir bajo qué indicadores y condiciones se debe realizar”.
Se trata de la entidad de origen del presidente López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El pasado 3 de enero, OEM informó que la Red de Colectivas Feministas exigió al gobierno estatal y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que se active la alerta de género en Tabasco, ante el alza de los feminicidios.
Mientras en 2021 se reportaron 15 feminicidios, en 2022 se denunciaron 18 delitos de este tipo. Solo que la Red advirtió: “estos son los casos del dominio público, pero hay una cifra negra de mujeres que hasta después de muertas son invisibilizadas”.
Además, hay centenas de mujeres abusadas sexualmente y violentadas, dijo, por lo que acusó a la CONAVIM de posponer la alerta de género con indicadores que proporciona el gobierno estatal.
“8 meses de incumplimiento lleva el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador”
Esa Comisión confirmó que, hasta ahora, el reglamento sigue pendiente de publicarse, pero indicó que en los lineamientos de programas de apoyo a las alertas existentes para distribuir el presupuesto de 2023, se incorporaron los nuevos criterios.
En entrevista con El Sol de México, Luz Estrada dijo que el Observatorio entregó al gobierno federal recomendaciones para que en las solicitudes de alerta surgidas de las organizaciones, colectivos o grupos de familiares, la CONAVIM sea la que adopte medidas cautelares y de protección para ellos.
En los casos de feminicidio pidió que no se obligue a las familias de personas en situación de violencia a narrar los delitos, pues la tarea de investigar es de la autoridad, así como aclarar la integración y operación de las comisiones especiales encargadas de las declaratorias de alerta.
60 días de plazo dio el Legislativo para hacer los ajustes necesarios al reglamento, según el decreto
Yndira Sandoval, feminista, defensora de derechos humanos y activista política, aseguró que se trata de una “dilación” por parte del gobierno del presidente López Obrador y no es que no se hayan declarado más alertas desde entonces, sino que más bien es un retraso para enfrentar la violencia creciente en el país.
“Hasta ahora no hay un presupuesto claro y un reglamento que permita fiscalizar lo que se destina a las alertas que están declaradas en un territorio, así lo marca la ley, de un territorio en específico, pero dadas las cifras que tenemos, los indicadores, es para que en México existiera una alerta nacional, en todo el territorio nacional”, indicó en entrevista por separado con este medio.
Aseguró que hay entidades en donde algunos de los municipios tienen hasta dos o tres declaratorias por Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), pero el problema de fondo es que no hay un presupuesto específico.
“El reglamento es ahí clave y no se ha publicado, se sigue retrasando, por eso digo que es una dilación”, añadió Sandoval.
A decir de la activista, son varios rubros los que se combinan, por una parte, vemos que ningún mandatario quiere emitir una alerta por el costo político que implica y, luego, porque significa que se le deben asignar recursos y capacidades, solo que siempre hay un regateo en eso.
Si el transitorio de la reforma marcaba sólo 60 días para publicar el reglamento, “pues veo un pretexto o una resistencia para que haya un mecanismo que regule la declaratoria de las alertas”.
La también exconstituyente en la Ciudad de México aseguró que “es una resistencia más, no es que ahora por el reglamento no se puedan emitir las alertas, pero sí es un pretexto más que fortalece la visión que han tenido permanentemente de que no se emitan declaratorias, o que se emitan con medidas políticas poco claras, sin presupuesto o sin responsabilidad específica”.
Agregó que la no publicación del reglamento, el recorte presupuestal a los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y a la infraestructura para erradicar las brechas de desigualdad y prevenir la violencia, hacen ver, acusó, “una línea institucional gubernamental feminicida”.
“El austericidio termina por cobrar más vidas de mujeres, el desmantelamiento de políticas públicas, la reducción presupuestal, la descalificación al movimiento de las mujeres y la amenaza a la democracia, en general, es una violación a los derechos que se ve reflejada en los feminicidios, las desapariciones y la tortura”, consideró Sandoval.
SEM/MG
