- De 45 Declaratorias solicitadas en el país, sólo 21 han sido decretadas en 18 entidades federativas y no se homologa el delito de feminicidio
- Denuncian las peticionarias de las Alertas que el gobierno incumple con las Recomendaciones de la CEDAW y presenta Informe Sombra
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México 11 de diciembre 2020.- En el marco de las recomendaciones realizadas a nuestro país en materia de Derechos Humanos por organismos internacionales, en particular por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW) en julio de 2018, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) por un lado y la Red Nacional de Alertistas por la otra, afirman que la Alerta de Violencia de Género resulta incómoda a las autoridades y no se ha comprendido su relevancia. Tampoco se ha homologado el delito de feminicidio y se incumple con los protocolos.
La Red Nacional de Alertistas informó que en 2018 México recibió una serie de recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW son sus siglas en inglés), respecto al cumplimiento de la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Entre las acciones que México debe realizar están tipificar el feminicidio en todos los códigos penales, agilizar la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, mitigar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y evaluar el mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal.
Las peticionarias de 17 entidades del país afirman que el Estado mexicano no solo no ha cumplido con la homologación del feminicidio, lo ha politizado. Los principales obstáculos que se encontraron en la aplicación del tipo penal de feminicidio y del Protocolo de Investigación incluyen asimetrías legislativas, dificultad en la reclasificación de los homicidios dolosos como feminicidio y que los casos de mujeres asesinadas con violencia y relacionadas con el crimen organizado no son en general considerados casos de feminicidios.
En el análisis “Violencia feminicida en México. Retos y avances de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, en el que también participo SIWA “Artesanas de Paz y Justicia” se indica que actualmente se encuentran funcionando 21 declaratorias en 18 entidades del país, cuando a cinco años de la primera declaratoria en el Estado de México, se han solicitado 45 declaratorias y como en el caso de Guanajuato las autoridades se han negado a decretarla tres veces.
Además de que la participación de las organizaciones peticionarias en los Grupos Interinstitucional y Multidisciplinarios (GIM) no se da plenamente. Sólo en 11 declaratorias las organizaciones peticionarias participan con voz y voto; seis no participan, en el caso de tres Declaratorias solo participan como invitadas y en el caso de Colima, no especifican.
Por lo que una de las conclusiones recomienda homologar los criterios para la participación de los organismos peticionarios en todas las etapas del procedimiento.
En los contextos en que se desarrolla la violencia contra las mujeres como son feminicidio, desaparición, trata, violencia sexual, así como un contexto de impunidad por omisiones y negligencias de las autoridades y medidas, los Grupos de Trabajo emitieron 646 recomendaciones y medidas, de las cuales resultaron pertinentes 23 por ciento.
En 16 Declaratorias, los Grupos de Trabajo hicieron recomendaciones específicas de acuerdo con la problemática identificada y grupos con necesidades específicas, pero sólo en diez se realizaron medidas específicas, mientras que en el resto fueron medidas generales.
En relación para garantizar la No Repetición, se encuentran las reformas legislativas, modificaciones normativas y creación de políticas públicas. Sobre este punto, se identificó que en 64% de los estados con declaratoria se realizaron modificaciones al marco legislativo, es decir en 13 entidades.
En Veracruz y Guerrero, por Agravio Comparado, no se realizaron las reformas recomendadas y solamente se impulsaron 34 políticas públicas, las cuales en su mayoría se quedan en proceso.
Del total de las 21 declaratorias de Alertas, 12 no tienen dictamen de evaluación de las medidas dictadas, y solo nueve estados cuentan con dictámenes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario.
Por lo que se destacó en las conclusiones que el desafío es la implementación de las recomendaciones y medidas manera inmediata y efectiva.
Por otra parte, y de acuerdo con los lineamientos, los estados deben reportar información periódica de sus avances, sin embargo, se identificó que hay varios estados que no informan sobre las acciones que implementan para dar cumplimiento a la Alerta.
Por lo que se señala en el informe que: “La ausencia de un marco legal, tanto en la ley como el reglamento, para que se establezca la obligatoriedad de informar de manera periódica a la ciudadanía sobre las medidas de seguridad, justicia y prevención, se convierte en un vacío que impide la implementación cabal y la rendición de cuentas”.
La OCNF recomendó, entre otras cosas, que el Reglamento de la LGAMVLV establezca que el GIM esté conformado -desde su integración- por personas expertas en la problemática denunciada, así como por las organizaciones peticionarias, quienes deberán participar con voz y voto.
En el informe de la Red de Alertistas, se afirma que es resultado del trabajo de coordinación de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de 17 estados del país. También participaron organizaciones peticionarias de Morelos y de Veracruz. Además, se recopiló y se sistematizó información de la CONAVIM, se realizaron entrevistas a 17 organizaciones, se sistematizó información de 5 conversatorios regionales y de 4 estatales y se contó con el apoyo de la Federación Mexicana de Universitarias A.C. y del MUSEO DE LA MUJER. Coordinación general por Gloria Ramírez (CUDH-UNAM) /Marina Reyna/Leticia Burgos y Evangelina Flores (Red Nacional de Alertistas)
También pidieron que los GIM promuevan el acompañamiento de organismos internacionales como observadores del proceso e implementación de las Alertas.
Respecto de la metodología de investigación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Observatorio dijo que se requiere que garantice en igual proporción la participación de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas en la materia
El documento analiza distintas buenas prácticas de política pública a favor de las mujeres, y evaluó seis criterios: la participación de las mujeres en esta política pública; la protección a grupos de mujeres con necesidades específicas; análisis del contexto del problema; pertinencia; ajustes al marco legal; y Seguimiento y evaluación.
En los 18 estados con Alerta se cuenta con un sitio web en donde se informa sobre los procesos de las AVGM, pero la información es mínima, solo específica qué es la AVGM y sobre algunas actividades, pero no da información sobre las acciones que el gobierno está implementando.
Las Alertistas afirman que los gobernadores, gobernadora y presidentes/as municipales son negligentes en el cumplimiento de las Alertas.
Afirman que durante dos años de las observaciones finales del Comité CEDAW, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de 17 estados del país elaboró el Informe Sombra CEDAW Intermedio en donde se recopiló y se sistematizó información correspondiente a sus estados. Esa información arrojó entre otras lo siguiente:
1.- Este Informe sombra es resultado del trabajo de coordinación de la Cátedra UNESCO de derechos humanos de la UNAM con la Red Nacional de Alertistas, integrada por solicitantes y promoventes de 17 estados del país. También participaron organizaciones peticionarias de Morelos y de Veracruz. Además, se recopiló y se sistematizó información de la CONAVIM, se realizaron entrevistas a 17 organizaciones, se sistematizó información de 5 conversatorios regionales y de 4 estatales y se contó con el apoyo de la Federación Mexicana de Universitarias A.C. y del MUSEO DE LA MUJER. Coordinación general por Gloria Ramírez (CUDH-UNAM) /Marina Reyna/Leticia Burgos y Evangelina Flores (Red Nacional de Alertistas)
2.- Por otra parte, el Estado mexicano tampoco ha cumplido con la simplificación y armonización en las entidades federativas de los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, ni con la agilización de la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas.
A pesar de que las 17 entidades cuentan con los mecanismos del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, éstos no son aplicados de forma correcta en ningún estado de la República. Esto se debe a que la activación de las fichas de búsqueda tarda hasta las 72 horas, falta difusión, actualización y de seguimiento a las investigaciones, no existen campañas de información sobre la activación de los protocolos y no hay coordinación en la aplicación efectiva de los mecanismos.
Además no todos los estados cuentan con políticas y protocolos específicos orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas.
Por último, el Estado mexicano ha incumplido con la recomendación de garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ya que no hay una coordinación en los tres planos de gobierno, no hay interacción o participación de parte de los municipios con declaratoria de AVGM ya que se tiene en ocasiones desconocimiento por parte de las diversas instituciones y funcionarios públicos sobre las acciones que corresponden a los diferentes niveles de gobierno.
