Grave la violencia de género en nuestro país, concluye estudio del Instituto Belisario Domínguez

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  • El feminicidio aumentó en 100% entre 2015 y 2018
  • Ciudad de México entre las seis entidades con mayor número de feminicidios. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 17 de marzo de 2020.- La falta de mecanismos eficientes y adecuados para acceder a la justicia; las deficiencias en los procesos de investigación para dar con los responsables y sancionarlos, y la falta de recursos humanos, técnicos y financieros a programas y políticas dirigidas a las mujeres son las causas que agravan la violencia de género en nuestro país. 

Así como la falta de perspectiva de género en el actuar de las instituciones estatales,causas que en su conjunto dejan ver un preocupante estado de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, por lo que resulta imperativo que el Estado mexicano, en seguimiento de sus obligaciones internacionales, implemente medidas y políticas transformadoras que permitan un avance real en erradicar los diversos tipos de violencias contra las mujeres.

Concluye la investigación que hace Instituto Belisario Domínguez (IBD) a las recomendaciones internacionales hechas al estado mexicano en julio del 2018, por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer(CEDAW, por sus siglas en inglés), y a las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha resuelto en casos de violencia contra la mujer. 

En el estudio “Recomendaciones de organismos internacionales a México respecto de la violencia contra las mujeres”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Susana Ramírez Hernández de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD), se señala que la violencia contra las mujeres en nuestro país ha sido una constante que puede ser dimensionada de acuerdo a cifras oficiales.

Las presuntas víctimas de feminicidio aumentaron en más de un 100 por ciento, entre 2015 y 2019, pasando de 426 a 1010 víctimas de este delito. A partir del 2008 la tasa de homicidios ha experimentado un significativo aumento, pasando de 2 mujeres víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes en 2007 a 5.7 en 2018. 

Las mujeres víctimas de homicidio son principalmente jóvenes entre los 18 y 35 años y con bajos niveles de escolaridad, máximo secundaria. Después del 2009, el principal sitio donde ocurre la lesión, que ocasionó el homicidio de una mujer, deja de ser la vivienda y pasa a ser la vía pública, de acuerdo a los datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El estudio destaca que a pesar de que México ratificó en 1981 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW), un instrumento internacional que compromete al Estado mexicano a tomar medidas que aseguren el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres; desde 1995 hasta el 2018, la tasa de asesinatos de mujeres pasó de 3.2 a 5.7 por cada cien mil mujeres, aunque esta tasa comenzó a aumentar de manera significativa desde el año 2008.

En seis estados de la Republica se encuentra el mayor número de presuntas víctimas de feminicidio de acuerdo a los datos de 2019 del (SESNSP): Veracruz con 165 víctimas de este delito, Estado de México con 125, Ciudad de México con 71, Nuevo León con 67, Puebla con 60 y Jalisco con 57. 

Mientras que las entidades con las tasas más altas de presuntas víctimas de feminicidio fueron Morelos y Veracruz ambas con 3.8 por cada 100 mil mujeres, seguidas de Colima con 2.8, Sonora con 2.7 y Sinaloa con 2.5.

De acuerdo a la violencia que experimentan las mujeres en la comunidad y dentro del hogar, las mujeres de 15 años y más reportaron haber sufrido algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual o económica, a lo largo de su vida, en al menos un ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar o de pareja. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada por el INEGI, con datos de los años de 2006, 2011 y 2016, esta violencia paso del 60.7% en 2006 al 66.1% en 2016. La violencia con mayor prevalencia es la emocional con 49%, seguida de la violencia sexual con 41.3%, la física con el 34% y, finalmente, la económica con el 29%.

En esta misma encuesta, las mujeres que experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de la relación con su pareja representaron alrededor del 45% para estos años. En cuanto a los tipos de violencia, la emocional es la que tiene el porcentaje más alto con un promedio del 40% para estos años, seguida de la violencia sexual con un promedio del 23%. Cuando la violencia proviene de otros agresores, diferentes a la pareja, se incrementa el porcentaje de mujeres que la padecieron, y representan alrededor del 50.7%, siendo ahora la violencia sexual la de mayor prevalencia con alrededor del 37%. Otro dato importante es que la violencia física por parte de otro agresor se incrementó del 8.7% en 2006 al 23.4% en 2016.

La investigación señala que, en julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer(CEDAW, por sus siglas en inglés), instancia que da seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, recomendó al Estado mexicano adoptar medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres.

Normalizar los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país, así como capacitar a jueces, fiscales, defensores públicos, abogados y agentes de policía acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

Establecer un mecanismo de denuncia judicial específico para los casos de discriminación contra las mujeres, y adoptar medidas eficaces que hagan que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplique en el conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales.

Reformar el artículo 73 constitucional para que el Congreso pueda aprobar un código penal nacional, así como obligar a las autoridades federales, estatales y locales a aplicar leyes para la prevención y la eliminación de la discriminación de las mujeres

Reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y niñas, entre otras acciones.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano también cuenta con obligaciones internacionales derivadas de algunas sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha resuelto en casos de violencia contra la mujer. Respecto de la desaparición de mujeres, en la sentencia Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México (CoIDH, 2009), por la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición y posterior muerte de tres jóvenes mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua en noviembre de 2001, se establecen las directrices para la investigación de estos casos y  las directrices que debe cumplir un mecanismo de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas

En lo que respecta a las sentencias sobre el Caso Rosendo Cantú y Otras vs México (CoIDH, 2010), por la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de la indígena Valentina Rosendo Cantú por miembros del Ejército mexicano, ocurrida el 16 de febrero de 2002; y el Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México (CoIDH, 2018), por la responsabilidad del Estado mexicano por la tortura sexual de once mujeres por parte de elementos de la Policía Federal y estatal en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006. 

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