Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 19 de agosto de 2020.- Norma Otilia Hernández Martínez, diputada local de Morena, propuso, establecer como falta grave, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, la violencia de género, y abuso de poder, que comentan servidores públicos, en contra de las mujeres.
En la sesión de este miércoles, la diputada local, presentó la propuesta de adición al artículo 57de la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Guerrero, encaminada a sancionar los casos de servidores públicos, quienes en el amparo de su cargo, cometen violencia de género en ejercicio de sus funciones, hacia las mujeres y posteriormente contra sus parejas.
“Que el cometer violencia de género constituya una razón de peso, por ello se propone considerar como falta grave; con ello el servidor público deberá responder ante su actuación y los hechos que denoten la omisión de los principios deontológicos del servicio público y sobre todo por la evidente violación a los derechos humanos de las mujeres”, argumentó Hernández Martínez.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género para su análisis y dictaminación; establece que será responsable el servidor público que en ejercicio de sus funciones, ejerza violencia contra las mujeres, considerándola como una falta grave de abuso de funciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.
Refirió que de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), en México se registraron 508 mil 186 casos de violencia contra la mujer; mientras que en el estado de Guerrero, se registró un total de 5 mil 16 casos para el año 2019.
Agregó que el indicador de tipo de violencia contra la mujer, indica que la psicológica es la más común en Guerrero, con alrededor de 2 mil 300 casos registrados. La segunda es económica, con mil 500 expedientes iniciados, la física, con unos mil 200 casos; la violencia matrimonial y sexual, posteriormente.
Hernández Martínez no dejó de mencionar los distintos documentos y tratados internacionales que existen para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, y pese a ello, no se ha logrado garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dijo que una de las principales razones para ello, es el propio sistema de justicia en el que prevalece la impunidad.
Lo grave de las distintas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, exige acciones urgentes para atender y proteger a las víctimas y garantizar que el Estado cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores públicos, acotó la legisladora.
