Mujeres

Denuncian errores y omisiones de Fiscalía y Tribunales de Guerrero

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*Sobreviviente de feminicidio no quiere ser estadística de impunidad

* 15 meses del atentado, la justicia sigue ausente

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 agosto 2019.- “No quiero ser una estadística más de feminicidio”, dijo Alejandra Mateos Jiménez a un año tres meses de sufrir una agresión y fue dada por muerta por su ahora ex pareja Víctor Manuel Enríquez Lezama.

En espera de que el juez Edgardo Mendoza Falcón, realice una primera audiencia intermedia, pidió la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, para que a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal de Justicia (TSJ) se haga justicia y no sea una más en la lista de impunidad en la entidad.

Acompañada de su mamá, Gloria Jiménez Coronel, y Evelia Estela Catalán Casiano, Secretaria de Acción Femenil del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Mateos Jiménez narró la agresión sufrida el 8 de abril de 2018, por parte de quien entonces era su novio, Víctor Manuel Enríquez Lezama.

“No soy un número más en su estadística de feminicidio, porque sobreviví, eso no hace la diferencia al revictimizarme y minimizar la tentativa de feminicidio”.

Alejandra Mateos sobrevivió al intento de feminicidio, porque su agresor, la dio por muerta al perder el conocimiento debido a la asfixia a la que fue sometida; ella interpuso una denuncia al día siguiente, donde la agente del Ministerio Público, Noemí Castro Ángel, del Centro de Justicia para Mujeres, encuadró los delitos como lesiones, amenazas, daños y robo.

El argumento era que no estaba casada con su agresor, finalmente la servidora pública se declaró incompetente para atender el caso.

Así se remitió a la agencia de Bravos, donde fue atendida por el MP Pedro Araujo Leónides, quien integró con deficiencias la carpeta por tentativa de homicidio, lesiones, daño y robo, y no por tentativa de feminicidio, violencia de género, lesiones, daños y robo.

La explicación del funcionario fue que “solo hay tentativa de feminicidio cuando un tercero detiene al feminicida”, y en su caso, su agresor no la mató, “porque no quiso hacerlo”, no porque alguien lo detuviese.

El Ministerio Público, señaló Alejandra Mateos en todo momento trató de conciliar, cuando eso no es posible, retardó la reunión de dictámenes, ocultó información para localizar al agresor y 10 meses después judicializó la carpeta a fin de vincular a proceso a Víctor Manuel Enríquez Lezama, por el delito de “violencia de género”.

Una vez judicializada la carpeta de investigación, el juez Edgardo Mendoza Falcón, otorgó dos meses de investigación complementaria, además de dilatar por todos los medios el proceso, bajo el argumento de ser profesor de tiempo completo de la Licenciatura de Derecho de la UAGro y profesor de la misma maestría.

“Por cuestiones personales”, dijo la víctima la audiencia intermedia ha sido diferida en cuatro ocasiones entre el 24 abril y el 20 de junio pasado a las que no llegó el imputado Enríquez Lezama, en la última ocasión, su abogado presentó un justificante médico por “Fiebre Tifoidea”, por lo que el juez le otorgó 12 días de reposo absoluto y la audiencia fue diferida nuevamente al 18 de julio.

En esa fecha, la defensa del imputado nuevamente presentó una receta de “Farmacias Similares” por “Salmonella”, recibiendo otros 15 días más de reposos absoluto, la audiencia fue trasladada para el 29 de agosto, porque se va de vacaciones y no puede agendar antes la entrevista.

Como la víctima se inconformó, el juez le pidió que demuestre que el agresor miente, “cuando debió ser él –el juez-, quien tendría que ordenar certificados médicos y la comparecencia de los médicos que emitieron las recetas médicas”, señaló Mateos Jiménez.

Alejandra Mateos también denunció la protección que el Contralor Interno del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Enrique Justo Bautista, ha dado a su agresor Víctor Manuel Enríquez, por ser su secretario particular, incluso señaló que lo ocultó por varias semanas en el municipio de Azuyú y, posteriormente, se reincorporó a su trabajo, donde negaron que laborara.

Frente a estos hechos, Mateos Jiménez expresó su impotencia, frustración y decepción ante el funcionamiento del sistema de justicia del Estado de Guerrero, “siento que se han burlado de mi a más no poder, la búsqueda de justicia la inicié hace 15 meses y solamente me he topado con trabas, excusas y favoritismos”.

Dijo que durante este tiempo ha vivido con miedo, escondiéndose de su agresor.

La víctima llamó al Gobernador Héctor Astudillo a voltear los ojos hacia su caso; al presidente del TSJ, Alberto López Celis, pidió le asigne un juez que no sea “docente de tiempo completo” y que no solo atienda como juez en sus días libres y, sobre todo, que no favorezca al agresor y juzgue con perspectiva de género; al fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, lo responsabilizó de cualquier nueva agresión que pueda sufrir tanto ella como su familia, luego de las amenazas que a través de amigos en común le ha enviado el agresor.

SEM/jap/sj

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