Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 15 de enero de 2020.- La diputada Mariana García Guillén de Morena, presentó una iniciativa de adiciones a la Constitución Política del Estado de Guerrero, a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al Código Penal estatal, para tipificar como delito la violencia política contra las mujeres, y con ello, prevenir, sancionar y erradicar esta práctica.
En su argumentación, la legisladora de Morena mencionó que, en México, el avance en el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos político−electorales de las mujeres ha sido lento y no ha estado exento de dificultades.
A pesar de que desde 1953, están reconocidos los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, y que se han introducido criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular desde el 2014, y recientemente con la reforma del 6 de junio del año pasado (2019), aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país, y el Estado; la violencia política por razones de género.
Definió que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer -en razón de género-, con un trato diferenciado hacia ellas, con el objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
Aunque esta práctica no es nueva, comentó que fue hasta las elecciones intermedias de 2015 que este tipo de agresiones empezaron a investigarse en las instancias de procuración de justicia con perspectiva de género, por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).
En 2015, se registraron 38 casos que podían clasificarse bajo esta denominación; uno de los más emblemáticos y graves refirió la legisladora local, fue el secuestro y asesinato de Aidé Nava González, precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero; después del cual se desarrolló el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres en 2016, año en el que también la FEPADE registró 103 casos de agresiones políticas con motivaciones de género.
Añadió que en su Informe Anual de Actividades 2018, la FEPADE dio cuenta de que durante el proceso electoral 2017-2018, abrieron seis carpetas de investigación por Violencia Política de Género y 41 números de atención.
Lamentablemente, en ninguno de tales casos, ha habido una resolución a favor de las víctimas y “ese es uno de los incentivos para que esta forma de violencia no disminuya ni desaparezca: la certeza de que no habrá consecuencias”, apunto García Guillén.
Uno de los principales impedimentos que se enfrenta para la investigación de este tipo de agresiones, es que no están tipificadas en la legislación mexicana, mucho menos en el Estado de Guerrero, “lo que hace especialmente difícil su procesamiento en nuestro sistema de justicia. Reconociendo este importante vacío legal, es urgente tipificarla como delito y en consecuencia adoptar medidas para su prevención y atención”, subrayó la legisladora.
La diputada de Morena recalcó que el nuevo reto que tiene frente a sí la democracia mexicana en materia de género es garantizar a cada mujer poder participar en la política, lo que incluye su derecho a postularse y ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas.
“Para mí es una prioridad tipificar e identificar las disposiciones que son necesarias modificar para prevenir, atender, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencias contra las mujeres, con la finalidad de que los derechos políticos de las mujeres sean un derecho efectivo que podamos ejercer con total libertad”, sostuvo García Guillen.
Agregó que la presente iniciativa busca reformar la Constitución Política Local, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Código Penal y la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, del Estado de Guerrero, que constituiría una innovación integral única en su tipo y con ello se garantizaría la transversalidad en su observancia de la reforma de equidad de género realizada el año pasado “y podríamos estar haciendo realidad el sueño de muchas mujeres que se han quedado en el camino”.
Las propuestas fueron turnadas a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos; Justicia y Para la igualdad de Género, respectivamente.
