Ejecutivo

Guerrero redujo en 21.7 por ciento los casos de feminicidio: Salazar Adame

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  • El Secretario General de Gobierno informó al Congreso sobre acciones derivadas de las Alertas de Violencia de Género contra las mujeres
  • En colaboración con UNICEF se busca erradicar la misoginia

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 26 de noviembre de 2020.-El matrimonio infantil en Guerrero, es resultado de la falta de acceso a la educación y servicios de salud, además de los usos y costumbres entre las comunidades indígenas, afirmó Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno, quien reconoció que la atención de las alertas de violencia de género y por agravio comparado, deberían convertirse en políticas públicas permanentes.

Así lo sostuvo en su exposición en cuanto a las políticas implementadas para atender la violencia de género, durante la comparecencia realizada ante diputados de la 62 legislatura local, en la glosa del quinto informe de gobierno.

Dijo que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Estado de Guerrero, ocupa el lugar 25 a nivel nacional en la comisión de feminicidios. Asentó que han redoblado esfuerzos en la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, logrando reducir en 21.7 por ciento los feminicidios, además de poner en marcha acciones para erradicar la misoginia y la violencia de género.

En atención a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), informó de acciones a favor de las mujeres, entre ellas, de educación, para erradicar la misoginia y la violencia de género, a través de distintas instancias como la UNICEF, el DIF estatal y las secretarías locales de Educación y de la Mujer.

A través de la página Web Zona Violeta Guerrero, agregó el Secretario General de Gobierno, se proporciona información para prevenir la violencia en niñas, adolescentes y mujeres; se distribuyeron la Guía Violeta y Miniguías Violeta, para que más mujeres conozcan los tipos y las modalidades de violencia, así como el directorio de dependencias que atienden este problema.

Explicó a los legisladores   que en el mes de junio, fue declarada la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Agravio Comparado en el Estado de Guerrero, sobre la que el 5 de agosto, el gobierno del Estado, entregó a la CONAVIM el Programa de Trabajo, para dar seguimiento a las observaciones hechas por el Grupo Interinstitucional Multidisciplinario, alerta referida a la despenalización del aborto.

Al abrirse la etapa de cuestionamientos de parte de los diputados y diputadas, la legisladora Leticia Mosso Hernández del PT,  cuestionó al funcionario respecto del  número de matrimonios infantiles, en los últimos tres últimos años, así como las políticas públicas implementadas para atender esta práctica que puede derivar, opinó,  en trata de personas laboral y sexual.

Fundó su apreciación, en un informe de UNICEFF 2017, que sostiene que Guerrero, Chiapas y Oaxaca, son tres entidades con mayor el mayor porcentaje en matrimonio infantil con 44.82, 42.41 y 39.17 por ciento, respectivamente, a pesar de que el Código Penal lo prohíbe; además argumentó que la organización “Yo quiero, yo puedo”, y el centro de derechos humanos de la montaña “Tlalchinollan”, han advertido que se trata de una práctica recurrente.

Fue cuando Salazar Adame dijo que esa situación tiene que ver con la condición de pobreza de las tres entidades, su escaso acceso a los servicios de educación y salud, y porque prevalecen los sistemas de usos y costumbres. Y agregó que se trata de tres lugares donde prevalece el mayor número de grupos étnicos y “lamentablemente una práctica reiterada de las poblaciones indígenas, es convenir por dinero en el matrimonio de sus hijos e hijas”, asentó.

Y no se conoce con claridad la realidad, porque derivado de las reformas al código civil, no se registran estas bodas. En el Registro Civil, que no las admite por ley, se niega ese registro.

La diputada Samantha Arroyo Salgado, cuestionó al Secretario General de Gobierno respecto de la atención a personas y grupos vulnerables como las mujeres en situación de violencia dentro de la pandemia por Covid-19.

El funcionario dijo que son distintas las instancias que atienden ese problema. En la atención de mujeres en situación de violencia, confluye la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaria de la Mujer, la sub secretaria de asuntos sociales a cargo de la dependencia que encabeza, con el programa de prevención del delito.

Reconoció que el confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19, ha generado un incremento en el maltrato a las mujeres, a pesar de los esfuerzos por implementar las llamadas “nuevas masculinidades”, para generar una nueva cultura y disminuir la violencia de género. Mencionó que aunque el número de feminicidios en Guerrero no es tan alto en comparación con la media nacional, un solo caso de violencia contra las mujeres, debe preocupar a todos y todas, dijo.

La diputada Alicia Zamora Villalba del PRI, cuestionó a Salazar Adame en cuanto a las acciones emprendidas para atender las AVGM declaradas una en 2017 y la otra en junio de este año.

El Secretario General de Gobierno respondió que las recomendaciones de la AVGM se están atendiendo con la mejor actitud posible,” es un trabajo descomunal, que no es sólo del gobierno sino también de los municipios que están declarados con la misma alerta y de la sociedad civil.

Desglosó algunas actividades realizadas para atender la AVGM, entre ellas, campañas en rutas del transporte público, distribuyendo miles de micro perforados en los 9 municipios con declaratoria con los cuales han suscrito un convenio de la iniciativa código violeta, difundido guías y mini guías Violeta, infografías, videos, spots en lenguas originarias, han realizado 7 sesiones de la comisión de alerta y de promoción y participación ciudadana, la APP zona violenta, y la denuncia al 911.

En cuanto a la alerta por agravio comparado, mencionó que, el año pasado recibieron 8 millones de pesos del gobierno federal, pero este año, no han recibido ningún recurso, no obstante se canalizaron 5 millones de pesos, con recursos propios, para la Fiscalía General del Estado.

Subrayó que este, es un tema muy sensible, que debería ser objeto de políticas públicas permanentes. También mencionó que no existe una medición adecuada de la violencia, debido a que cada entidad federativa tiene sus propias características y Guerrero no puede compararse con Nuevo León, Coahuila, entre otros, sin embargo las empresas contratadas para hacer estas mediciones, aplican estándares iguales para todos los estados, cuando no debiera ser así, para tener una mejor perspectiva de la realidad y en ese sentido atenderla.

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