- Elaborada por tres organizaciones que operan a nivel internacional, Women´s Link Worldwide, la Federación Internacional de Planificación Familiar – Red Europea (IPPF-EN) y Amnistía Internacional
Por Raquel Zapata González
SemMéxico/ AmecoPress. Madrid, 28 de mayo 2020.- Tres organizaciones que operan a nivel internacional, Women´s Link Worldwide, la Federación Internacional de Planificación Familiar – Red Europea (IPPF-EN) y Amnistía Internacional, han advertido de que la pandemia de Covid-19 está agravando la desigualdad de género y aumentando los niveles de discriminación. Ante esta situación, estas entidades han presentado una guía que tiene como eje central la situación de la mujer y que, mediante la perspectiva de género, aborda cómo operar ante futuras pandemias velando por la seguridad de miles de mujeres y de sus derechos.
Antes de la crisis de COVID-19, una de cada cinco mujeres sufría violencia por parte de su pareja en Europa. Las medidas de confinamiento y cuarentena para contener la expansión del virus han expuesto a mujeres y niñas a niveles más altos de abuso y violencia a manos de sus parejas, ex-parejas u otros miembros de la familia, y en muchos casos han dificultado su acceso al apoyo y ayuda institucional que tanto necesitan. Aunque algunos países han tomado medidas de apoyo, en particular, la violencia de género ha aumentado de manera alarmante. Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, en muchos países europeos las llamadas de emergencia han crecido un 60% comparado con el año pasado, como ha sido el caso de España, donde las llamadas al 016 han alcanzado cotas nunca vistas antes alcanzando el 60% del que habla la OMS.
La Guía para Europa: Proteger los derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia de Covid-19 y el periodo posterior “constituye una hoja de ruta para que las autoridades y organismos públicos a nivel nacional y local conozcan en mayor profundidad sus obligaciones en lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, tanto durante la pandemia como en los periodos de transición y recuperación. Teniendo en cuenta la posibilidad de nuevos rebrotes, que podrían llevar al restablecimiento de las medidas de cuarentena y distanciamiento físico ya suprimidas”, recoge el documento, donde además se hace hincapié en que “las autoridades deben tener siempre en cuenta las directrices de esta guía a la hora de diseñar nuevas medidas”.
El documento se centra en determinados aspectos de la crisis que afectan de forma desproporcionada y diferenciada a mujeres y niñas. Y, lo que es más importante, los Estados deben garantizar una participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la COVID-19. Se pone el foco en el acceso a los servicios por parte de las víctimas de violencia de género, la respuesta eficaz por parte de las instituciones competentes, el acceso a la justicia, los derechos de las mujeres y niñas migrantes y el acceso a los recursos de salud sexual y reproducción.
Sobre el derecho a vivir libres de violencias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Como se recoge en este documento, en épocas de crisis, las mujeres y las niñas están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y violencia doméstica. ONU Mujeres señala que la violencia contra las mujeres es “la vulneración de los derechos humanos más extendida en todo el mundo”. Los Estados deben estar a la altura para proteger a las mujeres y niñas que viven en sus sociedades y deben prepararse para un incremento de las denuncias de violencia de género en etapas de confinamiento como la vivida actualmente, así como para adoptar medidas que permitan abordarlas. La guía recoge que los estados deben amparar una serie de iniciativas, entre las que se encuentran:
Las autoridades judiciales deben garantizar que las supervivientes de violencia sexual y doméstica, las mujeres en riesgo de sufrirla, y sus hijas e hijos tengan acceso efectivo a la justicia, así como la puesta en marcha de las oportunas medidas de protección, como órdenes de alejamiento y de limitación de movimientos con carácter de emergencia.
- Las autoridades locales y nacionales competentes deben garantizar que los servicios de apoyo, como los refugios, sigan abiertos y tengan capacidad suficiente para el aislamiento físico de las supervivientes en caso necesario.
- Las autoridades deben difundir públicamente la existencia de este tipo de servicios a través de campañas de sensibilización y concienciación.
- Los servicios que permiten a las mujeres y las niñas denunciar casos de violencia y recibir asistencia, como apoyo legal, médico, psicosocial y económico, deben considerarse servicios esenciales.
- Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para facilitar la activación de los protocolos de búsqueda en caso de que se denuncie la desaparición de mujeres y niñas durante la vigencia de las medidas de cuarentena.
- Los servicios de extensión existentes en aquellos lugares donde las mujeres no pueden acceder físicamente a los servicios (por ejemplo, en los campos de refugiados) deben adaptarse a las medidas de salud pública que se hayan impuesto durante la cuarentena.
- Asimismo, es necesario garantizar la recopilación de datos desagregados por género/sexo, edad, y otros factores relevantes en términos de incidencia de la violencia contra las mujeres, a fin de obtener una visión clara de los riesgos existentes durante la crisis y allanar el camino hacia la elaboración de políticas multidisciplinares que den respuesta a las necesidades en materia de género.
Acceso a servicios, productos e información sobre salud sexual y reproductiva
La pandemia ha paralizado la actividad de los países y también de gran parte de su ciudadanía, como consecuencia, esto ha afectado a múltiples sectores entre los que se encuentra la salud sexual y reproductiva. Cada Estado deberá garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva se lleven a cabo y que no merme su calidad. De esta forma, cobra especial importancia asegurar el acceso a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, atención al aborto seguro, tratamientos de aborto o post-aborto y la atención a la salud materna de manera accesible, asequible y adecuada.
Los derechos de las mujeres y las niñas en el contexto de la migración y la movilidad humana
“En la mayoría de casos, estas mujeres y niñas viven hacinadas en campos de refugiados y asentamientos informales superpoblados e infradotados en toda Europa, lo cual las coloca en una situación de grave riesgo sanitario, que se ve agravado por la crisis de COVID-19”, recoge el documento elaborado por las tres entidades.
Estas mujeres y niñas no tienen garantizada su seguridad e integridad ya que en este tipo de entornos también tienen riesgo de sufrir abusos sexuales o violencia de género. Por otro lado, la falta de servicios y productos básicos como el agua corriente potable y el jabón, unido a la falta de personal sanitario suficiente, constituyen un grave problema en este tipo de contextos, ya que dificulta la situación sanitaria en la que se encuentran estas niñas y mujeres. “Así pues, los Estados deben adoptar medidas que tengan en cuenta el impacto diferenciado de la crisis sobre las niñas y mujeres en tránsito”, concluye la guía.
Acceso a la justicia
Las organizaciones que han impulsado este documento han puesto también el foco en la justicia como órgano que debe velar por la seguridad de las niñas y mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de peligro o vulnerabilidad. De esta forma, determinan que la obligación de garantizar el acceso a la justicia debe respetarse de manera estricta tanto en los planes de emergencia en respuesta a la crisis de COVID-19 como en fases posteriores.
La provisión de asistencia jurídica y servicios de apoyo a las supervivientes de violencia debe considerarse esencial durante la cuarentena como, por ejemplo, hemos visto que se ha realizado en España y otros países. Por su parte, las autoridades locales y nacionales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su disponibilidad, accesibilidad y financiación. Estas medidas deben mantenerse una vez finalice la cuarentena.
“Las supervivientes de violencia de género, incluyendo las niñas, deben tener acceso a mecanismos flexibles de denuncia y búsqueda de protección, como vía online o telefónica, o a través de otros medios alternativos, teniendo en cuenta las restricciones a los desplazamientos aún en vigor. Una vez se permitan los desplazamientos, las autoridades deben mantener la respuesta y seguimiento adecuados”, determina el documento.
Además, cualquier ampliación de los plazos judiciales debe tener en cuenta “la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las niñas y mujeres supervivientes de la violencia, en un marco temporal razonable y sin retrasos injustificados”.
Después de la COVID-19
Todo esto tiene lugar en el marco de sombrías perspectivas económicas para millones de mujeres y niñas en la Europa posterior a la COVID-19. Se espera que las secuelas de la crisis de salud afecten gravemente a los medios de vida de las mujeres, en particular a las que trabajan en los sectores asistencial o informal y a las que ya sufren marginación. Las necesidades y los derechos de las mujeres y las niñas deben ocupar un lugar central en las respuestas a la COVID-19 y después de la pandemia.
Las mujeres que sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, como las romaníes, migrantes o solicitantes de asilo, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans y otras en situaciones de marginación, están más expuestas a ser objeto de actuaciones de agentes estatales y de sufrir perjuicios, incluidos perfiles raciales. Es fundamental que los Estados garanticen que el incremento de las atribuciones policiales no afecta de forma desproporcionada a estas mujeres.
“Europa no será la misma después de la COVID-19. La pandemia es una crisis sin precedentes con graves consecuencias de derechos humanos para las mujeres y las niñas. Paradójicamente, estos tiempos sombríos nos brindan la oportunidad de hacer más para superar la discriminación y la desigualdad”, ha afirmado Marie Struthers, directora regional para Europa de Amnistía Internacional.
“Hacemos un llamamiento a los Estados para que escuchen las voces de las mujeres y conviertan Europa en un lugar mejor para todas las mujeres y niñas después de la COVID-19”.
Las tres organizaciones instan a los gobiernos europeos a hacer cuanto esté en su poder para garantizar que no se deja de lado a las mujeres y niñas y que se respetan sus derechos.
