- Omisiones, ocultamiento y destrucción de pruebas, filtración de datos y juzgar sin perspectiva de género
- Guerrero, Morelos y Oaxaca, estados con mayor impunidad en homicidio doloso
Sara Lovera/enviada y Guadalupe López García
SemMéxico. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 30 de noviembre de 2021.- En siete casos de feminicidio, presentados ante el Tribunal Feminista contra el Feminicidio, efectuado en la ciudad de Oaxaca los días 29 y 30 de noviembre, se encontró un patrón de impunidad sistemática, justificado por la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para implementar de forma efectiva y adecuada el marco jurídico nacional e internacional de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, digna, plena.
La conclusión anterior fue emitida por el jurado del tribunal, integrado por María de la Luz Estrada Mendoza, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDHEM); Norma González Benítez, de Amnistía Internacional (AI); Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia Propersona/OCNF, y Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
En la conferencia de prensa ofrecida después de concluir el Tribunal, organizado por Consorcio para El Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, la Colectiva de Madres contra el Feminicidio y la Impunidad y el OCNF, se estableció que Oaxaca es una de las tres entidades de la república con mayor impunidad en homicidio doloso, con el 99.4 por ciento, junto con Morelos (99.6%) y Guerrero (98.8%).
Las juezas detallaron las omisiones e irregularidades cometidas por las y los funcionarios estatales encargados de la procuración de justicia, después de revisar los expedientes y escuchar los testimonios de Norma, Luz del Carmen, Gerarda, Minerva, Soledad, Elvira, Zoila, Verónica y Nubia —madres, una hermana y una prima— de las víctimas.
En todos los niveles y diferentes regiones no aplicaron la perspectiva de género, como lo establece el marco normativo internacional, federal y estatal. En sus investigaciones prevalecieron prejuicios y estereotipos de género, además de una falta de sensibilidad, compromiso y empatía en el trato hacia las familias denunciantes. En todos los casos, se acreditó que el cambio de autoridades a nivel estatal implica un retraso o estancamiento de los casos.
Los casos expuestos fueron los de Dafne Denisse Carreño Bengochea (21 años), asesinada por su novio Alejandro Enrique Rivera López, el 9 de abril de 2013; Quedma Ramírez Torres (35 años), asesinada mientras dormía junto a su hija, por su concubino Erasmo Ramiro López Castaneira, el 22 de junio de 2013; Ivón Jiménez Camacho (20 años), asesinada por su novio Kevin González Rojo Martínez, el 6 de agosto de 2013; Lizbeth Jiménez Cámara (19 años), asesinada por su concubino Guillermo José Medina Carrizosa, el 29 de abril de 2018.
Asimismo, María del Sol Cruz Jarquín (27 años) y Pamela Terán (27 años), asesinadas por hombres no identificados, el 2 de junio de 2018; Melisa Areli Rojas Pastrana (29 años), asesinada por su concubino Miguel Ángel Chávez Nieto, el 20 de diciembre de 2020 y María Carmen Paula Burgos Calvo (63 años), asesinada por su vecino Cirilo Raymundo Morán Morales, el 5 de mayo de 2021. En el Tribunal también se escucharon dos casos más de violencia sexual contra tres niñas en el ámbito familiar y de violencia familiar con riesgo feminicida.
Entre las conclusiones, se destaca que en las familias se deposita la responsabilidad del impulso de las investigaciones o diligencias para la ejecución de las órdenes de aprehensión, como lo sucedido con Quedma, María Carmen Paula, Ivón y Melisa, donde no se han aprehendido a sus asesinos, a pesar de contar con información sobre la ubicación de los responsables.
Se omitieron actuaciones o diligencias primarias, como debido procesamiento de la escena y aseguramiento de material probatorio, identificación y entrevista de testigos, peritaje y tomar en cuenta el contexto previo de violencia familiar en el que vivían las víctimas. Con Lizbeth y María del Sol, las escenas del crimen fueron alteradas gravemente y destruido evidencias, no se han investigado al total de personas involucradas y ninguna autoridad ha recibido alguna sanción por la destrucción de evidencias.
Con Quedma, se demoró casi seis meses en la emisión de la orden de aprehensión, pese a la existencia de una testigo presencial. Con las tres, hubo oposición para clasificar los hechos como feminicidio. De Lizbeth, se argumentó que había sido suicidio.
En seis de los casos, las familias manifestaron su temor por posibles represalias o agresiones por parte de los responsables de los crímenes; en particular, de Quedma y María Carmen Paula. A Quedma, Dafne e Ivón las llegaron a responsabilizar de lo que les sucedió. A la primera, por una supuesta infidelidad. De María del Sol, indicaron que la violencia de la que fue víctima se asociaba exclusivamente al ámbito privado.
Con Ivón hubo filtración de información y con María Carmen y Quedma no se aplicaron medidas de protección. Para todos los casos, no se proporcionan o no fueron accesibles las medidas de apoyo y asistencia en favor de las víctimas indirectas, como asesoría jurídica, apoyo psicosocial con perspectiva de género y pertinencia cultural, gastos de traslados, entre otras.
En cuanto a las autoridades judiciales, se evidenció la falta de perspectiva de género. Con Quedma, pese a que la Fiscalía estatal inició la averiguación por feminicidio, el juez que concedió la orden de aprehensión reclasificó los hechos como homicidio calificado. Las juezas detectaron actuaciones con las que se acreditaron la colusión, corrupción y tráfico de influencias para beneficiar a los responsables feminicidas.
Con María del Sol, se dejó en libertad a uno de los responsables y hubo retrasos injustificados en la secuela del procedimiento, de hasta 13 veces de la audiencia intermedia. Por otra parte, el feminicida de Ivón es hijo de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, lo que ha influido dentro de dicho tribunal.
