Internacional

Informe especial sobre la violencia policial contra las mujeres en el marco del Paro Nacional 2021: Impunidad en Colombia

208 Vistas
  • Urgen a la Solidaridad con las mujeres atropelladas, asesinadas y violadas. Sisma Mujer
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia sexual cometida por la Policía


Redacción
SemMéxico, Bogotá, Colombia, 17 de mayo, 2021.- En este paro nacional, todas las instituciones le han fallado a la ciudadanía que se viene movilizando. Lo que ha generado mayores posibilidades para la profundización de medidas de represión de la protesta social en Colombia.


De acuerdo con estudio de la fundación Sisma Mujer “Del fin de la guerra a la erradicación de la violencia sexual contra las mujeres: un reto para la paz” de mayo de 2017, compartido con SemMéxico, firmado por las Redes de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes y Colectiva Feminista de Derechos Humanos La Manada.
El informe detalla que el 93 por ciento de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron contra mujeres y niñas. Según informe de la comisión colombiana de juristas Acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual, “Los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado tienen el 97 por ciento de impunidad y las víctimas siguen sin acceso a reparación y salud integral, así lo dice el informe de la Mesa de Seguimiento a los autos 092 de 2008 y 009 de 2015”. Es decir, no es algo nuevo en Colombia. Ha formado parte de la guerra pero también se reproduce como maleza en la cotidianidad de una cultura que normalizó la acción violenta sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.


Según el informe de la ONG Temblores, “Bolillo, Dios y Patria”, “Durante los años 2017, 2018 y 2019, Medicina Legal registró 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. 139 de ellos fueron cometidos por las Fuerzas Militares y 102 por la Policía Nacional.


Así podemos afirmar que cada 10 días ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un miembro de la Policía.” Durante “el año 2017 siete hombres y 29 mujeres fueron violentadas sexualmente por la policía, en el 2018, 28 mujeres y cinco hombres y, en el 2019, 25 mujeres y ocho hombres”. Así no más, hombres sin tener la posibilidad de saber si se trata de hombres gays, mujeres trans con cédulas en las que aparece esta categoría o si se considera un registro sensible al género. Aspecto que se deduce puesto que estas cifras aportadas por medicina legal sólo clasifica a las personas como hombres y mujeres.


La ONG Temblores y el periódico El Espectador, en un reporte del 28 de abril del año en curso en la ciudad de Bogotá, en el marco del Paro Nacional, una mujer sufre violencia sexual por parte de agentes de policía. Posteriormente ella publica en su cuenta de Twitter:
“Mientras caminaba sola desde la plaza de la hoja a mi casa me encerraron unos policías moroboseándome y a decirme “si así son las marchantes que rico echarles gases”. “No saben el miedo que sentí pensando que no iba a regresar a casa. tombos hptas”


Otro hecho sucedió, de acuerdo con publicación en medios, en Acacías – Meta la noche del 3 de mayo, cuando agentes de la policía impiden el paso a un grupo de mujeres que participaban de las movilizaciones.
En un vídeo publicado en la nota de prensa, un policía se dirige a otro que llama cabo diciendo: “hágale lo que quiera y déjela pasar”. Según la ONG Temblores:
“usuarios en redes sociales aseguraron que la noche del pasado sábado” 9 de mayo “varios manifestantes fueron trasladados a la estación de policía del barrio
San Benito en Bogotá, donde, según denuncian, sufrieron agresiones. Los relatos hablan de un agente de la Policía que hizo desnudar a una mujer en ese CAI”
También publica esta ONG que: “miembros de la Fuerza Pública en el sector del Tintal en Bogotá retuvieron arbitrariamente a mujeres que, al ser violentadas sexualmente en un camión, se lanzaron del vehículo hacia un caño para huir”.


El día del 29 de Abril, la defensora de DDHH Daniela Caicedo, detenida junto a su compañero de la RED FIC por agentes de la policía pese a que estaban claramente identificados con sus chalecos y carnets por estar en el escenario de las manifestaciones en el Paro nacional. A Daniela le fue retenido su teléfono celular.
En el valle del cauca y Cali no sucede lo contrario. El día 30 abril, 2 mujeres son detenidas y agredidas sexualmente por parte de agentes del ESMAD. Ambas reciben violencia psicológica por parte de los agentes. Adicional a ello, una sufre acceso carnal violento y la otra abuso sexual en el sitio de detención donde las llevaron luego de estar protestando pacíficamente en el marco del Paro Nacional.


Posteriormente, el lunes 3 de mayo de 2021 en horas de la noche, luego de presentarse una balacera de forma indiscriminada contra ciudadanía que venía manifestándose en el punto de concentración de La Luna, se conforma una misión de verificación integrada por varias organizaciones de DDHH, la OACUNDH, procuraduría, defensoría y defensores y defensoras de derechos humanos. Hecho del cual resaltamos que, las defensoras de Derechos Humanos Darnelly Rodríguez de REDFC y Ana María Burgos de CSPP, iban caminando y un agente de policía de civil le lanza una patada a Ana María por la parte de atrás y sin quitarse el casco golpea en la cabeza a Darnelly Rodríguez.


Ellas terminan recibiendo, patadas, insultos, amenazas de muerte, de violación y el impacto de las patadas, los golpes y de dos aturdidoras que lesionan físicamente a la defensora Darnelly. En Popayán, la noche del 12 de mayo, 3 mujeres menores de edad fueron agredidas sexualmente luego de ser capturadas en medio de movilizaciones en el marco del paro nacional. Una de ellas de 17 años se suicidó al día siguiente de la captura en su residencia. Y ante esto preguntamos a las autoridades si esto bien puede tipificarse como feminicidio.


En la ciudad de Palmira en la noche del 3 de mayo, se registraron 11 casos de agresiones y violencia sexual en contra de mujeres por parte de hombres de la fuerza pública. 2 de ellas son menores de edad. Sin dejar de mencionar que, en 2 de los casos registrados, las mujeres fueron agredidas sexualmente mientras permanecían juntas. Lo cual implica la comisión de varios delitos sexuales en el mismo hecho contra las mujeres entre las que se cuentan menores de edad.


Durante la noche del 7 de mayo, 2 defensoras de la RED FIC fueron perseguidas por una camioneta de alto cilindraje luego de acompañar personas heridas producto de la balacera que se produce en el punto de concentración de La Luna por hombres de civil armados que se movilizaban en camionetas de alto cilindraje minutos antes.


El 9 de mayo A las 2:20 pm se presenta una delicada situación de agresión con armas de fuego a la minga que se encontraba desplazándose por la zona de Jamundí.

Los mingueros fueron atacados por una turba uribista al pie de la vía, quienes pretenden retirar el bloqueo en el punto. Se recibieron denuncias de la comunidad sobre varias personas comuneras heridas con impactos de bala por este ataque. En estas agresiones graves, según la información recibida, fueron heridas 3 mujeres integrantes de la minga. Según la comunidad, ese mismo 9 de mayo, es raptada una mujer de la minga indígena en el punto de concentración de Paso del Comercio.


En los 18 días que llevamos del paro nacional en Colombia, se han reportado 12 casos de agresión sexual a nivel nacional de acuerdo con la ONG Temblores, a lo que se suma otros 11 en el Valle del Cauca y 3 mujeres menores de edad en la ciudad de Popayán. Lo que nos arroja un total de 26 casos reportados por agresión sexual a las mujeres.


El 5 de mayo, 1 mujer reporta haber sido perseguida por un hombre en una moto luego de haber salido de la marcha y hasta su casa.


El 10 de mayo, una mujer es asesinada en su casa luego de llegar de las manifestaciones pacíficas en el punto de Puerto Resistencia. Otra informa hostigamiento por parte de la policía. Esto lo denuncia a través de sus redes: “La policía llega a la casa de la víctima y le muestran a la mamá fotos donde la joven está en moto con bolsas y le dicen que está contribuyendo a la violencia. Posterior a ello, Carolina hace la denuncia pública puesto que lo que se ha encontrado haciendo es apoyar con insumos de salud y alimentos a las personas en el paro.


Dice que “le ataron las manos” y se retira del apoyo que estaba haciendo. Hace responsable al Estado, la policía y los entes gubernamentales por su seguridad y la de sus amigos. Esto lo hace a través de vídeos que publica por redes.”
No obstante, es indispensable señalar que, desde el 28 de abril hasta el 13 de mayo, hemos podido registrar en la REDFIC que de un total de 209 personas capturas, 52 han sido mujeres, otras 19 han resultado heridas y 15 aún continúan desaparecidas.


De acuerdo con lo expresado por la Colectiva Feminista de DDHH La Manada a través de un portal de noticias español, las mujeres sufren la violencia policial de manera diferenciada. Prácticas como tocamientos sexuales, golpes en razón del género, acceso carnal violento, acto sexual abusivo, insultos y tratos crueles y degradantes, son entre otras los riesgos a los que se enfrentan las mujeres que participan y lideran la protesta social, así como la defensa de los derechos humanos en Colombia. Adicional a esto, según se afirmó, las mujeres y los cuerpos feminizados padecen otras múltiples violaciones de DDHH en razón de la identidad de género y de sus prácticas sexuales que, sin embargo, difícilmente son registradas. Esto sucede, precisamente porque otro aspecto de esta violencia policial expresada en prácticas e imaginarios machistas, niega y violenta de manera específica la existencia de personas con sexualidades y géneros diversas.


Esto deja de presente que hay un subregistro que parece tener varias capas. Por un lado está el miedo a denunciar ante las instituciones encargadas de investigar, sancionar, acompañar, prevenir y garantizar los DDHH en Colombia. Por otro está la normalización de la violencia basada en género, producto de siglos de un sistema patriarcal que dinamiza no sólo el modelo político económico sino que imprime en la cultura abusos sobre los cuerpos de las mujeres, haciéndolos “naturalmente” accesibles a los hombres y autoridades de poder. Como ejemplo está el vídeo de Acacías. A lo que se agrega otro subregistro, y es el del binarismo, pues según esta perspectiva, las personas sólo son hombres o mujeres. Lo que deja por fuera las personas queer, no binarias, en tránsito o simplemente sin género definido.


Estos múltiples factores, así como otros que aquí no se mencionan, conforman lo que se señala como el velo del patriarcado frente a la violencia estructural que ejercen “legalmente” policía, ejército y ESMAD en medio de las protestas. Donde no sólo se comenten abusos, excesos e ilegalidades por parte de los agentes armados a plena luz del día y que, gracias a los registros realizados por ciudadanía conocemos de primera mano, organizaciones y cámaras de la ciudad, sino que, a esto se agrega que esta violencia policial es diferencial y golpea de manera específica a mujeres, niñas, niños y personas en diversidades de sexo y género, invisibilizadas. Logrando con ello niveles de impunidad que impiden de manera contundente la defensa, garantía y promoción de los DDHH que el Estado colombiano se ha comprometido a defender en el marco jurídico internacional al firmar el pacto internacional de los derechos humanos y los tratados, convenciones y demás documentos que regulan el accionar de los Estados en esta materia en los países firmantes.


Dejamos pues en sus manos hoy viernes 14 de mayo de 2021, a 16 días del Paro Nacional este informe sobre las violencias basadas en género cometidas por la fuerza pública colombiana, con la salvedad que aún tenemos casos que se encuentran en proceso de documentación, es decir que no es la cifra final hasta la fecha.

Continuaremos realizando recepción de denuncias, registro en campo, sistematización de datos y análisis de estos hechos delincuenciales contra las mujeres y las personas feminizadas sigan siendo territorio de guerra. Los derechos humanos de las mujeres son de humanas.

Y es obligación del Estado colombiano y del gobierno del señor Iván Duque garantizarlos. Exhortamos a todas las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de los mandatos que derivan de estos compromisos internacionales para que investiguen, sancionen y reparen a las víctimas que 16 días de vinolencia desmedida e injustificada han dejado sobre la ciudadanía que protesta de manera legítima y pacífica en el marco del paro nacional.

El organismo internacional recordó que estos actos contra las mujeres configuran una «forma de tortura».
Por otra parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este sábado sobre la situación de orden público en el país, esta vez para condenar los hechos de violencia sexual y psicológica contra mujeres adolescentes, presuntamente cometidos por integrantes de la Policía durante las manifestaciones en Popayán de esta semana.
La CIDH recordó que estos actos cometidos por agentes estatales, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, “son una forma de tortura”.
Asimismo, condenó de manera enérgica, el presunto abuso sexual contra la menor de 17 años Alison Meléndez, quien apareció muerta, en un aparente suicidio, luego de denunciar estos hechos por parte del ESMAD.
Pues ese organismo internacional, no sólo exhortó al Estado colombiano a sancionar a los responsables de este caso, sino también a reforzar los mecanismos de respuesta a la violencia contra las mujeres y brindar capacitación a personas que integran la fuerza pública.
La CIDH también ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales y se manifestó dispuesta para apoyar en la superación de la crisis.
“La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”, aseguró.
La ONG Temblores tiene reportes de al menos 16 denuncias de violencia sexual por parte del ESMAD desde el 28 de abril, mientras que la Inspección de la Policía, ya adelanta 124 investigaciones por excesos de la fuerza durante el paro nacional: 9 por homicidio, 64 por abuso de autoridad, 26 por agresiones físicas, 17 por otras conductas y 8 por lesiones personales.

Comment here

Accesibilidad