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Ingreso Básico Ciudadano como un derecho constitucional, propone Lorena Villavicencio

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  • De manera inmediata busca resolver los problemas de falta de ingreso y desempleo por el Covid 19 
  • En la pobreza, las más afectadas las mujeres

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 9 de junio de 2020.- La iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano como un derecho constitucional que sea universal, incondicional y permanente promovida por los legisladores de Morena Lorena Villavicencio, Porfirio Muñoz Ledo y Gabriela Cuevas fue presentada en conferencia virtual este lunes.

La iniciativa es respaldada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas y el diputado Tonatiuh Bravo, quienes solicitaron al Gobierno Federal ya no demorar más tiempo en la aprobación de esta propuesta. A esta iniciativa también se sumó la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle. 

La iniciativa que reforma los artículos constitucionales 4º y 35 busca establecer un ingreso básico ciudadano de manera inmediata para atender como medida temporal la emergencia de millones de familias, que están viviendo la situación actual de no contar con ingresos y empleo causados por la pandemia del coronavirus. 

A largo plazo, como un ingreso regular en efectivo que se pague a las y los ciudadanos en lo individual, que no dependa de los recursos de cada quien, ni de su situación laboral, que se entregue progresivamente iniciando por los más pobres, señaló Lorena Villavicencio.

El Congreso deberá establecer la Ley correspondiente, y establecerá el monto, periodicidad y mecanismos de entrega, asegurando la transparencia, la participación ciudadana en la ejecución de los mecanismos y formas de distribución; así como la universalidad y progresividad en su distribución. 

Aseguró que no se afecta a otros programas como es el caso de los adultos mayores. 

Explicó que esta iniciativa pretende evitar que en el país haya entre 15 y 20 millones de nuevos pobres, pues está dirigida a los grupos más vulnerables como son mujeres, indígenas, personas discapacitadas y otros, que serán determinados por los indicadores y estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Esta iniciativa está sustentada con recomendaciones que ha hecho la Cepal, a todos los países de América Latina, y en especial a México, de avanzar hacia un “ingreso básico” para ayudar a la población más vulnerable debido al gran impacto que tendrá la pandemia de COVID-19.

La diputada Lorena Villavicencio, hizo referencia a la propuesta presentada hace días por Movimiento Ciudadano con el consenso de otras voces académicas y de la sociedad civil del Ingreso Mínimo Vital ante las cifras ya anunciadas por el INEGI y el IMSS sobre los casi doce millones de personas que se han quedado sin trabajo, sin ingresos y que corren el riesgo de cruzar la línea de la desigualdad. Además de los posibles efectos en la pobreza, es necesario considerar que un sector de la población que deberá afrontar esta pandemia con mayores desventajas son las mujeres.

Por lo que planteó la idea de establecer una mesa de trabajo bicameral para hacer una sola iniciativa que sea de unidad, la reforma constitucional blanca, para que sea una Reforma para la Paz y la Igualdad, idea que comparte con Porfirio Muñoz Ledo. 

Solicitó al Presidente de la República adoptar juntos medidas de emergencia para los doce millones de personas que no tienen empleo, ni ahorros, impulsando el Ingreso Unico Vital, y conmino a sus compañeras legisladoras y legisladores a iniciar la discusión al interior de la Cámara de Diputados sobre este nuevo derecho para los ciudadanos, el Ingreso Básico Universal.

También precisó que el ingreso que se propone es incondicional, un derecho individual que no está vinculado a la situación familiar. 

Porque consideró que cuando hablamos de familia podría prestarse a que se le otorgue a quien funge como jefe de familia, y esto iría en detrimento de las mujeres, quienes, en este país, por cierto, realizan labores domésticas y de cuidados sin ninguna retribución, aun cuando esas labores representan un ahorro al Estado equivalente al 23.5 por ciento del PIB (5.5 billones de pesos).

Además, si se otorga por familia, sería necesario un ejército de verificadores y podría prestarse a arbitrariedades y exclusiones, además de desalentar la cohabitación, ya que penaliza mediante una reducción a quien decida vivir con otra persona.

Ante la amenaza del crecimiento de la pobreza que involucra actualmente a 52.4 millones de personas en situación de pobreza y 9.3 millones en pobreza extrema, debemos adoptar medidas permanentes para garantizar un medio de sustento o un salario complementario que permita una vida digna a las personas.

Es momento, dijo, de replantear la política social, ya que los programas sociales

sectorizados, condicionados, suelen convertir a sus beneficiarios en una clientela que debe permanecer en la indigencia, pobreza o en la precariedad laboral para mantener el apoyo o subsidio, lo cual no permite que superen la línea de la pobreza.

Hizo énfasis en que no es nada más una medida para paliar los estragos de este virus letal que nos ha confinado a la humanidad entera, se trata de un pilar fundamental de una sociedad libre, en la que se garantice a través de una política fiscal redistributiva y progresiva un ingreso mensual, permanente, incondicional y universal. 

Necesitamos un piso firme en el que podamos ponernos de pie como individuos y comunidades. Más cuando ha quedado claro que el crecimiento por sí mismo no ofrece una solución estructural al desempleo y la precariedad. 

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