Congreso

Ingreso Básico Universal: Un derecho que no debe ser consultado

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  • En dos meses más de 30 millones estará en la informalidad, la mayoría mujeres
  • Urge legislar dice Patricia Mercado Castro, no cree en la consulta popular

Argelia Guevara

SemMéxico, Cd. de México, 21 de septiembre, 2020.- En las próximas semanas podría aumentar el empleo informal hasta más allá del 30 por ciento, lo que afectará más a las mujeres autoempleadas o empleadas en ocupaciones sin derechos, advirtió la senadora Patricia Mercado Castro, promotora de la iniciativa de Ingreso Básico Universal.


Explicó que la información más reciente ya registró un aumento del 47 por ciento al 54.9 por ciento en julio, lo que significa que 27.3 millones de personas están en empleo informal, y esta tendencia indica que al finalizar septiembre se sumarían 3.7 millones más, y son las mujeres mayoría absoluta, por ello urge dictaminar y no hacer una consulta popular al respecto.


Agregó que la necesidad de crear un apoyo como el Ingreso Vital de Emergencia no debe usarse como réplica a la consulta que ha promovido el Ejecutivo Federal sobre impartición de justicia. “Estamos en contra de banalizar el derecho ciudadano a la consulta y cargarle a la Corte el costo de decir “no””, detalló.

“Nuestro análisis jurídico dice que esas solicitudes de consulta serán rechazadas por ser inconstitucionales. Además, la iniciativa de las senadoras y senadores ciudadanos es para crear el derecho a un Ingreso Vital en situaciones de emergencia y los derechos no se consultan, se legislan”, enfatizó la senadora Patricia Mercado.

Explicó que en el Senado se integró un grupo de trabajo para analizar mecanismos y crear una propuesta concreta de apoyo a personas en esa situación. Ese grupo de trabajo fue un acuerdo político de todos los grupos parlamentarios, votado en el Pleno, y ya empezó a reunirse, expresó la senadora en su cuenta de Twitter.

Después de la presentación de una solicitud de consulta popular ante la Mesa Directiva por parte de un grupo plural de 43 senadoras y senadores de la República, integrantes de diferentes grupos parlamentarios, para apoyar económicamente a personas afectadas por la pandemia; la senadora Patricia Mercado Castro fijó su postura a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano respecto a su decisión de no acompañar dicha propuesta.

En el Senado de la República fue creado un grupo de trabajo para analizar los mecanismos de apoyo a las y los trabajadores que han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos con motivo de la contingencia sanitaria, el cual está conformado por integrantes de todos los grupos parlamentarios, recordó la legisladora.

La senadora Patricia Mercado es representante de Movimiento Ciudadano en dicho grupo de trabajo y vocera de la iniciativa para crear el Ingreso Vital de Emergencia. ”Ese acuerdo es un logro y es un camino institucional que estamos transitando y ahí nos mantendremos”, indicó.

Mayor consenso para la consulta del Ingreso Básico Universal

Sobre la propuesta de Consulta Popular que otorgue un Ingreso Básico Universal tendría que haber un mayor consenso, dijo coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado.


Afirmó que no descalifica la propuesta presentada por senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios, sin embargo, subrayó que él hubiera preferido que este asunto se dialogará más entre todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta.


Detalló que esta propuesta será discutida y deliberada en la Comisión de Gobernación, ya que lleva un proceso distinto a cuando es solicitada por el titular del Ejecutivo, caso en el que se remite directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Vamos a ver qué procede jurídicamente, apuntó.
El legislador explicó que, cuando la petición de consulta provenga de por lo menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictaminarían.
El 16 de septiembre pasado, un grupo plural de 43 senadoras y senadores de la República integrantes de diferentes grupos parlamentarios, presentaron ante la Mesa Directiva una solicitud de consulta popular a la ciudadanía con la siguiente pregunta

“¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?”

En el documento, se destaca que “ha sido constante la propuesta de diversos grupos parlamentarios, académicos, expertos, sociedad civil, organismos internacionales y otros, al presentar alternativas de apoyo a ´los mexicanos´ durante la presente contingencia, como lo son el Ingreso Básico Universal para Emergencia, Renta Básica, Ingreso Mínimo, Ingreso Básico Temporal, Seguro de Desempleo, entre muchas otras que coinciden en otorgar un apoyo a ´los mexicanos´, mismas que no han sido discutidas, mucho menos aprobadas en el Poder Legislativo o consideradas por el Poder Ejecutivo”. Sin embargo, ya entró en discusión, según la información de Movimiento Ciudadano.

La iniciativa sostiene que “la negativa recurrente del Gobierno federal, así como de los grupos parlamentarios mayoritarios de las dos Cámaras del Congreso para abordar y aprobar estos temas que podrían mejorar la situación económica de la población, han provocado el deterioro cada vez más delicado de la ya lastimada economía de las familias mexicanas”.

Además, se subraya que “se han presentado infinidad de propuestas en la materia, como la referida de establecer un ingreso básico vital para cada familia, incentivar estímulos fiscales en los servicios básicos como: la energía eléctrica y demás, o suspender momentáneamente los pagos patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ninguna de las cuales ha sido prioridad para el Gobierno Federal”.

De acuerdo con los instrumentos legales vigentes, el procedimiento legal para dicha consulta es el siguiente: “Artículo 27. Cuando la petición de consulta popular provenga de por lo menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, se seguirá el siguiente procedimiento: LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen.

II. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

III. Aprobada la petición por el Congreso, la Cámara revisora la enviará a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

IV. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de esta Ley;

V. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara revisora, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

VI. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

SEM/ag/sj

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