*Senadora, con un año de militancia en Morena, propone todos los fondos de ONG se reporten Unidad de Inteligencia Financiera
Busca someter a escrutinio a 43 mil 252 asociaciones registradas en el país, y limitar su libertad política
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 11 de junio 2021.- Un proyecto de iniciativa para regular a 43 mil 252 organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento externo, ya sea de particulares o de gobiernos extranjeros, presentó la senadora de Morena Nancy Guadalupe Sánchez Arroyo, con fecha 9 de junio.
La ex priista nacida en los Mochis, Sinaloa, hace dos años se incorporó a Morena, y hace menos de un año llegó a una escaño del senado porque era la suplente de la también priista, Vanessa Rubio Márquez quien pidió permiso. No es claro si es del grupo de Morena o del PRI. Rubio ha sido tres veces subsecretaria de Estado en Relaciones Exteriores, SEDESOL y Secretaria de Hacienda, y Crédito Público.
Presenté ante el pleno, iniciativa para que se registren y evalúen las OSC’s que obtienen recursos económicos del extranjero, evitando que dichos fondos sean utilizados para injerir en asuntos estrictamente competentes del Estado Mexicano.https://t.co/HNA3KeQjzs
— Nancy G. Sánchez Arredondo (@nancysanchez_bc) June 9, 2021
La iniciativa propone que los donativos deducibles en el extranjero deberán ser reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su examen y aprobación, con “la intención de realizar un exhaustivo ejercicio de transparencia en el origen y destino de los recursos obtenidos del exterior”.
La exposición de motivos señala que esta iniciativa tiene como objetivo tener “total claridad respecto a los productos, campañas, acciones o publicaciones que incurran actos de injerencia de la vida pública y política de nuestro país desde terceros en el exterior”.
De esta manera, se pretende reformar y adicionar los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y adicionar una fracción XI al artículo Iniciativa 82, y una fracción VII al Artículo 82-Qauter de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de revocación y aprobación de autorizaciones para recibir donativos.
En la modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta específica que son causales de revocación “recibir donativos deducibles del extranjero sin notificar a la UIF de la SHCP y se haya determinado que el destino de los donativos tiene fines de proselitismo o político electorales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 82 fracción II”
Precisa que al 31 de marzo de 2021 existen un total de 43 mil 252 Asociaciones Civiles registradas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y que la gran mayoría cuentan con autorización para recibir donativos deducibles sin límite y sin importar la procedencia ya sea nacional o extranjera, además de proveer al donador ventajas como la deducción de impuestos.
Específica, en el documento de la iniciativa, que resulta preocupante “las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien refirió que desde su Gobierno continuará apoyando a Organizaciones que hablen sobre corrupción, justificando que esta es una amenaza para “su país”, por lo que sin algún argumento adicional desde su perspectiva utilizarán a la sociedad civil como informantes del acontecer político de nuestro país”.
Llama la atención que se busca “cortar este tipo intervenciones que únicamente atentan contra la democracia y la libertad de nuestro país, y que no debemos permitirlo porque se oponen a la “Transformación” y se esconden en “una falsa máscara de combate a la corrupción” y que estos grupos neoliberales están dispuestos a “violentar la frágil democracia que tenemos a causa de detractores del bienestar social mexicano”
Afirma en el texto que “el financiamiento ha sido la herramienta más útil y eficiente que han tenido los gobiernos del exterior para consolidar su intervención en asuntos políticos y electorales en México, por lo que han logrado dividir y generar incertidumbre tanto en la sociedad como en los propios mercados internos, sin observar que estas acciones únicamente afectan a la población”.
“Y en este juego sucio intervencionista, las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en los peones más efectivos para lograr su cometido, sobre todo porque cuentan con los recursos suficientes para generar ruido y distorsiones entre la población en México”.
Lo califica como un “ejercicio de protección y defensa de nuestra democracia” por” el financiamiento que proviene del extranjero y que ha tenido por destino afectar la imagen y la credibilidad de las instituciones públicas de nuestro país”.
“Se pretende evitar la injerencia de intereses particulares de extranjeros sobre la vida pública y política de nuestro país, lo cual se observa como una respuesta que respeta la norma que rige la política exterior sobre la intervención y la libre determinación de los pueblos”
Se trata entonces de un mecanismo que prevenga actos de intromisión que afecten la libertad de decisión, que no atente en contra de las instituciones públicas a través de estudios simulados o maquillados que afecten la efectividad de las políticas públicas aplicadas por el Ejecutivo Federal”.
Llama la atención el origen y estudios de la trabajadora social, senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Nacida el 12 de febrero de 1965 en Los Mochis, Sinaloa. Es senadora suplente por Baja California ya que desde los cinco años vive en ese l estado.
De 1982 a 1984 estudió la licenciatura en trabajo social en la Escuela Técnica de Trabajo Social de Mexicali y de 1985 a 1987 estudió la especialidad en audición y lenguaje en el Instituto Auditivo Oral de Mexicali. Tiene cuatro hijos.
Militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 1989 y 2018, 20 años. En 2007 fue dirigente del partido en el municipio de Mexicali. En las elecciones federales de 2009 fue suplente de Samuel Ramos Flores, candidato a diputado federal del distrito 1 del estado de Baja California. En las elecciones estatales de 2010 fue elegida como diputada de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California por el distrito 2 del estado, con sede en Mexicali. En las elecciones federales de 2012 fue postulada por el Partido Revolucionario Institucional como senadora de segunda fórmula. De 2013 a 2015 fue dirigente estatal del partido en Baja California.
En las elecciones federales de 2015 fue designada como diputada federal de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional. Dentro del congreso fue secretaria de la comisión de la industria vinícola. En las elecciones federales de 2018 fue designada como suplente de Vanessa Rubio Márquez, candidata a senadora plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. En 2019 renunció al PRI para incorporarse al equipo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio de 2020, después de que Vanessa Rubio dejara su cargo como senadora, Nancy Sánchez Arredondo ocupó su escaño en el senado, incorporándose a la bancada de Morena.
Las reformas fiscales para 2021 están dirigidas a regular a las OSC
Se reconoce que como un primer paso la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, ya fueron reguladas en la resolución de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2021, para evitar malversación de fondos o que las mismas destinen fondos a actividades distintas por las que fueron creadas, es decir, que se desvíen de su objeto social.
Entre algunas de las acciones aprobadas en 2020 y aplicables para este año fueron:
- Regulación en materia de ingresos no relacionados con la actividad autorizada
- Destino del patrimonio
- Certificación para la obtención de donatarias
- Revocación de autorizaciones
Insiste que se busca eliminar cualquier forma de defraudación fiscal y evitar afectar a la población a través del desvío de recursos hacia asociaciones simuladas que se valen de una carencia social para recaudar fondos y destinarlos a objetos distintos a su función.
“No se trata de limitar, se trata de evitar que los intereses de la población mexicana siempre deben estar por encima de los intereses particulares tanto de grupos pequeños de poder como de extranjeros ya sean del ámbito de gobierno o privado”.
En la exposición de motivos se recurre a la Doctrina Estrada la cual se refiere a la libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países, es decir mantener a México como un país neutral ante la vida política y pública de otros.
Argumenta en la iniciativa que existen grupos ciudadanos que han logrado irrumpir esta disposición y han permitido que Estados u organizaciones de poder de otros países participen y atenten en contra de la vida política de nuestro país.
Aunque reconocen que existen asociaciones civiles que promueven la investigación y la participación ciudadana, considera que “estas deben estar más orientadas a sumar esfuerzos junto con las diferentes instancias del Estado y lograr el mejor desarrollo posible de la población”.
Dentro de este tipo de asociaciones, existen aquellas que las integran personajes e intelectuales, que con claro sesgo al objeto que pretende la organización en que participan, de manera evidente impulsan un activismo político con un claro sesgo a favor de intereses privados nacionales o extranjeros; o bien de grupos que marcadamente operan contra los intereses nacionales, mostrando un claro conflicto de intereses entre el objeto de la organización, los intereses de quienes reciben financiamiento y el activismo político que defienden.
