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Iniciativa para reformar la más de 25 veces modificada Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia

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Mientras continúa la impunidad, la multiplicación de los actos violentos y cotidianos contra las mujeres: Nashieli Ramírez Hernández

Cierto: se conocen 30 ataques con ácido contra las mujeres, 6 de ellas murieron, fueron sido asesinadas

Libertad López

SemMéxico, Ciudad de México, 29 de mayo, 2022.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, promulgada en 2007, la primera integral en México, ha sido constantemente reformada, para precisar asuntos, a veces con una palabra, agregar los tipos de violencia, buscar nuevas tipificaciones penales a las violencias, y ahora se le quiere agregar la violencia con ácido y otras substancias abrasivas.

Del mismo modo agregar que el Sector Salud debe atender a las víctimas de manera integral, debido al alto costo de las cirugías reconstructivas que deben hacerse a las mujeres atacadas con ácido.

Se funda la iniciativa de estas reformas, que propone la diputada de Movimiento Ciudadano, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, en que se han reportado 30 víctimas de ataques con ácido en los últimos 20 años, pero en el último año y medio hubo 26 denuncias; solamente un criminal ha sido sentenciado; cuatro agresores   vinculados a proceso: tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar. De esos ataques 6 mujeres perdieron la vida.

Mientras se acumulan y conocen estos hechos, se ha podido precisar que el 90 por ciento de los ataques va dirigido al rostro de las mujeres y de las 28 víctimas, 22 lograron sobrevivir.

Esos son los hechos que dan motivo a una nueva una reforma de ley, cuando lo que salta a la vista es la impunidad y el no acceso a la justicia, como sostiene la defensora de los derechos humanos Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México CDHMX, quien dijo el 17 de mayo a SemMéxico, que el exceso de reformas, no resuelve la crisis humanitaria que significan las violencias contra las mujeres.

Es quizá una salida inmediata ante este panorama. Así ahora   en la Cámara de Diputados se propone incorporar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la tipificación del delito con ácido –como se han incluido la de violencia en redes sociales-  y a la Ley de Salud modificaciones para que las víctimas reciban atención integral en los hospitales del sector salud.

Entre 2007 y la fecha la LGAMVV se ha reformado más de 25 ocasiones, la última el 29 de abril cuando se precisó entre otras cosas, lo que contuvo la ley de origen, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos humanos; o la debida diligencia; la interseccionalidad, la interculturalidad, etcétera, todo contenido en las reformas a la Constitución en 2011.

 Las reformas, una y otra vez, buscan aumentar, incluir, señalar, precisar hasta dos veces en un mismo año, como si ello, indefinidamente, pudiera impactar en los dos asuntos centrales: parar las violencias contra las mujeres y resolver la impunidad.

El objeto de las reformas es precisar, incluir nuevas definiciones de tipos de violencia, crear acciones más precisas para la declaratoria de la alerta de violencia contra las mujeres; señalar con nuevos lenguajes, todo lo que significa la violencia a los derechos humanos y por ejemplo agregar una palabra, como sumar a la violencia laboral la de docencia o la violencia obstétrica. Ahora también se quiere incluir la violencia vicaria y esta vez la del ataque con ácido u otras sustancias abrasivas.

Ello a pesar de que el artículo 6 original -2007- que define los tipos de violencia, señala en su numeral VI “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.

Ahora la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía del partido Movimiento Ciudadano MC impulsa nuevos cambios, con una iniciativa que, dice, tiene el objetivo de que las mujeres víctimas de ataque con ácido u otras sustancias abrasivas, que hayan sufrido quemaduras en cualquier parte del rostro o cuerpo, reciban atención integral en los hospitales del sector salud.

Fundada su iniciativa, precisamente en los datos de la Fundación Carmen Sánchez, que documentó que desde 2001 se han presentado las denuncias de 26 mujeres que han sido atacadas por ácido, de las cuales únicamente hay una persona sentenciada. 

Precisa que así a las víctimas se les otorgue la hospitalización, las cirugías reconstructivas (plástica) que se requieran en la zona afectada del cuerpo, la rehabilitación, los servicios de psicología y nutrición.  

Propone reformas y adiciones a diversas disposiciones del artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, para definir a la violencia con ácido o con otras sustancias abrasivas, como cualquier acto de agresión contra la mujer donde se utiliza ácido o sustancias químicas para causar daños o incluso la muerte dolorosa y violenta. 

Además, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la seguridad, dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Tal como ya lo dice la Ley. 

El documento, enviado para dictamen a la Comisión de Igualdad de Género y para opinión a la Comisión de Salud, expone que en México se han reportado 30 víctimas de ataques con ácido por esta causa en los últimos 20 años.

En 96 por ciento de los casos no ha habido sentencia, pero cuatro agresores ya fueron vinculados a proceso: tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar; 90 por ciento de los ataques va dirigido al rostro de la mujer y de las 28 víctimas mujeres, sólo 22 han logrado sobrevivir.  

Las entidades federativas que más reportan estos crímenes son la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. Además, actualmente los costos por la reconstrucción quirúrgica son pagados por la fundación y no hay un máximo de cirugías, ya que hay víctimas que llevan 16, 30, 55, 70, hasta 87 cirugías, y aún les faltan más para concluir con su reconstrucción.  

Subraya que en la legislación no se establecen disposiciones para evitar o sancionar el ataque preciso a las mujeres con ácido o con cualquier sustancia abrasiva, el cual hasta el día de hoy se ha omitido tipificar o clasificar en la ley, dice.

Menciona que en materia de violencia de género los retos son enormes y falta mucho por hacer, de ahí que resulta necesario asegurar el acceso a la justicia de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos. “El Estado debe garantizarles una vida libre de violencia y de discriminación”.

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