- Juana Alonzo ha estado en una prisión de Tamaulipas desde el 2014 sin sentencia.
- La migrante guatemalteca fue detenida de forma arbitraria y acusada de pertenecer a una banda dedicada al secuestro
Alexis Ortiz
SemMéxico/El País, Cd. de México, 21 de febrero, 2022.- Juana Alonzo Santizo, originaria de San Mateo Ixtatán, Guatemala, lleva más de siete años en una cárcel de Reynosa, Tamaulipas. La policía de ese estado la acusó de secuestro, pero hasta ahora no han encontrado elementos para sentenciarla. La han mantenido tras las rejas bajo la figura de prisión preventiva, a pesar de que una oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya recomendó a México liberarla.
Juana recorrió más de dos mil kilómetros para llegar a Reynosa en el 2014 con ayuda de un “pollero”, quien le prometió llevarla a Estados Unidos para encontrar mejores condiciones laborales, económicas y de vida, señala su defensa. Pero en esa ciudad fronteriza fue retenida en una casa a la que un día llegaron elementos de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Secuestro de la antigua Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.
Según el relato de Juana y sus abogados, una mujer que también estaba en esa casa logró realizar una llamada telefónica y denunció que estaba privada de su libertad. Cuando los elementos de la unidad especializada llegaron, detuvieron a Juana sin garantizarle el acceso a un intérprete que le explicara lo que estaba sucediendo en su lengua natal, el chuj.
Al no hablar español, la migrante guatemalteca de origen indígena no pudo responder las preguntas que los policías le hacían y estos la habrían golpeado, le apuntaron con un arma y la obligaron a firmar una carta donde aceptaba que era parte de una banda dedicada al secuestro.
Juana fue trasladada al Centro de Readaptación Social de la ciudad de Reynosa, lugar en el que todavía permanece sin recibir una sentencia. El Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU analizó este caso y recomendó a México, desde el 8 de septiembre del 2021, liberarla en máximo seis meses, pues las autoridades tamaulipecas no han podido acreditar que ella estaba cometiendo el delito de secuestro cuando fue detenida.
Desde hace cinco meses la oficina de la ONU explicó en su pronunciamiento 35/2021 que Juana sufrió violaciones a sus derechos humanos durante la detención, momento en el que habría sido golpeada y torturada por los policías, y en sus primeras audiencias, cuando no tuvo acceso a un traductor y un abogado que la defendieran.
“Por todo lo expuesto, el Grupo de Trabajo considera que la detención de la Sra. Alonzo Santizo fue arbitraria”, indicó la oficina de las Naciones Unidas. “Se ha vulnerado el derecho de la Sra. Alonzo Santizo, puesto que no se le garantizó el acceso a un abogado antes de su declaración inicial y, subsecuentemente, el ejercicio de igualdad de armas legales en el juicio”.
Además de la ONU, organizaciones de la sociedad civil mexicana se han unido a la exigencia de libertad para Juana. Las asociaciones entregaron una carta sobre este caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); las embajadas México en Guatemala y Washington, y el consulado mexicano en Los Ángeles, California.
La carta que las asociaciones entregaron para pedir la liberación de Juana fue firmada por más de cinco mil personas a través de una herramienta de Google. La sociedad civil también prepara una jornada de protesta digital en Twitter el próximo lunes 21 de enero, porque habrá una nueva audiencia en Reynosa, y el siguiente mes, el 8 de marzo, la familia y amigos de la migrante marcharán para exigir justicia.
Más organizaciones piden cancelar la prisión preventiva
El Grupo de Trabajo de la ONU dio como fecha límite a México el 8 de marzo para concretar la liberación de Juana Alonzo, sin embargo, las recomendaciones de esta oficina de las Naciones Unidas no son vinculantes, es decir, el gobierno mexicano no está obligado a cumplirla.
A pesar de esto, los abogados que defienden a Juana tienen optimismo en que el pronunciamiento de la ONU tenga un efecto positivo, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró el año pasado que las autoridades mexicanas deben acatar las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada, otro grupo de trabajo de las Naciones Unidas.
Aunque se trata de un grupo de trabajo diferente, la decisión de la SCJN podría servir como antecedente legal para que el Poder Judicial de Tamaulipas y la Fiscalía estatal liberen a la guatemalteca.
La-Lista consultó a la SRE si intervendrá de alguna manera en este caso, luego de la sociedad civil se lo pidiera a través de una carta y luego de recibir las recomendaciones de la ONU, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
El Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México es una de las instancias de la sociedad civil que se han sumado al llamado de liberación de Juana. “Esta es una injusticia terrible, es lamentable que estemos en el séptimo año y que siga en prisión preventiva, a pesar de las condiciones en las que se le detuvo y con todas las violaciones al debido proceso”, dice Margarita Núñez, coordinadora de este programa.
Apenas esta semana la SCJN emitió otra resolución relevante en materia de prisión preventiva oficiosa que podría ser útil para Juana. Los ministros y las ministras votaron que esta medida cautelar se puede revisar y cambiar, aunque los delitos sean graves, si ya pasaron dos años y el acusado no ha recibido una sentencia.
Núñez considera que la demora en la sentencia contra Juana “es parte de la inefectividad del sistema de justicia en este país y todas las violaciones que se cometen en el sistema acusatorio. Ya hay un pronunciamiento de la ONU y eso no es cosa menor”.
‘Detenciones arbitrarias son constantes’
En sus observaciones sobre el caso de Juana Santizo, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU aseveró que este no es un caso aislado, sino que es parte de un “problema de carácter sistemático” en el país.
“El Grupo de Trabajo ha encontrado en casos relacionados con México que los detenidos manifiestamente expresan que no reciben una orden de arresto y que generalmente no son informados de los motivos y que la figura de la prisión preventiva automática se ha mantenido a rango constitucional y expandido. El Grupo de Trabajo encuentra que el incumplimiento de los procedimientos de detención constituye un problema de carácter sistémico en México”, señaló la oficina de las Naciones Unidas.
El Programa de Asuntos Migratorios, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), también ha recopilado casos de otras mujeres migrantes que han sido víctimas de tortura y detenidas de manera arbitraria en México, por lo que el caso de Juana no es único.
En el informe criminalización de mujeres indígenas, las expertas de la Universidad Iberoamericana y el Centro Prodh entrevistaron a un grupo de mujeres extranjeras acusadas del delito de trata de personas en Chiapas, quienes nunca contaron con asistencia consular y se les obligó a firmar declaraciones fabricadas bajo tortura.
“Fueron 30 mujeres criminalizadas por trata de personas y todas en situaciones muy parecidas a la de Juana”, recuerda Núñez sobre el informe.
Como antecedente, en México ya fue liberada al menos una persona luego de que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU se pronunció. En 2015 la Suprema Corte ordenó liberar inmediatamente a Alonso Martín del Campo Dodd, quien fue acusado en 1992 de haber matado a su hermana, Juana Patricia, y a su cuñado, Gerardo Zamudio.
La única prueba en contra de Alonso Martín era una confesión de él mismo, aunque arrancada a tortura por parte de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. El mismo mecanismo que ha dejado a Juana Santizo recluida siete años en Reynosa.
SEM-ELPAIS/ao
