Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, Querétaro, Qro. 2 de octubre, 2021.-Una de las decisiones más relevantes de este año, sin duda ha sido la despenalización del aborto, que claro, aunque no ha sido de forma generalizada, su sola emisión producirá un efecto expansivo en los congresos.
Que llevará a un siguiente nivel, la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres. Como lo ha dicho el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, “las mujeres ricas siempre han abortado y nadie las ha encarcelado, es hora de proteger a todas las mujeres, en especial a las mujeres pobres, no se puede usar la ley como escudo para perpetuar las desigualdades”
Y es precisamente esta circunstancia, la que se debe empezar a observar; si bien, es necesario impulsar el criterio de la Suprema Corte en el resto de los Congresos Estatales omisos, lo cierto es que, de igual forma se deben vigilar la posición y las acciones que adoptarán las fiscalías y las entidades judiciales, ante casos donde han ejercido la punibilidad contra mujeres por abortar.
De acuerdo con datos emitidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, se estima que del 2015 al 2018 a nivel nacional se tenían registradas 1,666 averiguaciones previas por el delito de aborto.
Así mismo, en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron un aumento del 17.7% en el número de casos penales por aborto en el transcurso del 2019 y 2020.
Lo que suma a la fecha, un aproximado de 3 mil 979 indagatorias por aborto, sin contar a aquellas mujeres que ya se encuentran sentenciadas por ese “delito” o que en sus procesos hubo una reclasificación del delito y fueron condenadas por homicidio, aun cuando sus procesos debieron seguirse por aborto.
Además, dentro de estas cifras no se suman los procedimientos penales ni las sentencias emitidas contra de personal de salud que, en el ejercicio de su profesión asistieron de manera voluntaria a las mujeres que solicitaron la interrupción.
Lo anterior, muestra que la criminalización respecto de las decisiones reproductivas además de afectar directamente a las mujeres, afecta a un sistema de salud que sí esta comprometido con brindar servicios de salud seguros y dignos.
Por ello, como sociedad es necesario tener en cuenta la urgencia de la regularización de la interrupción del embarazo, ya que solo una de cada seis mujeres que se realice un aborto clandestino obtendrá atención sanitaria adecuada.
Y aun cuando los abortos ilegales se realicen en condiciones seguras, lo más probable es que esas mujeres se encuentren expuestas a ser sujetas a procesos penales, cuya resolución pueda constituir la pérdida de la libertad.
La criminalización del aborto no puede seguir siendo fomentada por el Estado, ya que, se perpetua la materialización de la idea, de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres y por sí mismo esto representa una violación a los derechos humanos.
Mientras no exista voluntad política e interés social para asumir los errores históricos y deconstruir las estructuras sociales que imperan en la colectividad, será difícil que alcancemos una igualdad real, donde las mujeres seamos valoradas por nuestras cualidades y no seamos discriminadas ni violentadas para desistir de nuestros ideales y necesidades.
Por último, basta decir que esta lucha no se construirá de la noche a la mañana y falta tiempo para que en todas las entidades se garanticen los derechos de todas las mujeres y se concrete una vida libre de violencia e igualitaria.
