Juego de Palabras| Embarazo en menores de edad

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Janeth Angélica Tamayo Avalos

SemMéxico, Querétaro, 17 de febrero del 2023.- México es un país que se caracteriza por una sociedad que ha idealizado y romantizado la maternidad, en donde algunas mujeres han adoptado como estereotipo y objetivo de realización el ser madres, unas de forma forzada, otras inconscientemente y solo unas pocas de manera planificada.

Esta idealización impacta en las mujeres, en especial en las que son menores de edad, ya que estás al ser vistas como criaturas diseñadas para dar placer, son hipersexualizadas y objeto fácil de abuso sexual, lo cual produce embarazos no deseados y no planeados.

Quizás el párrafo que antecede resulte fuerte y tal vez ofensivo para algunas mujeres que han sido madres a temprana edad; no obstante, es necesario visibilizar la realidad por la que pasan las menores de edad que están embarazadas o que han sido madres.

Muchas de las menores de edad embarazadas han sido víctimas de abuso sexual por parte de los progenitores de sus hijas y/o hijos, unas de forma violenta y vil, otras mediante el chantaje y la manipulación de sus parejas; y otras, tantas, víctimas de su escasa educación sexual.

Estas situaciones han sido normalizadas y disfrazadas de irresponsabilidad, al atribuirlas a esas mujeres menores de edad.

Lo anterior, ha propiciado que los embarazos en menores de edad (9 a 18 años), se tengan que analizar y dividir en sectores etarios; el primero, donde el 30 por ciento son niñas 9 a 14 años; y el resto, adolescentes de 15 a 18 años.

Las primeras son víctimas de agresión sexual por parte de familiares o personas cercanas a su comunidad; obligadas a parir aún y cuando su vida está en riesgo, pero además vendidas o forzadas a casarse con sus agresores.

La falta de denuncia sobre abusos sexuales y embarazos en infantes, ha ocasionado que esos delitos queden impunes, elevandose la tasa de uniones y matrimonios infantiles.

Respecto al sector adolescente de 15 a 18 años, los embarazos se deben a un problema multifactorial en el cual interviene la falta o el limitado acceso a la educación integral en sexualidad.

Así como, a los roles y estereotipos de género que colocan a la maternidad como forma de realización personal, en donde interviene la construcción de identidad, el amor romántico, los vínculos afectivos mal comprendidos y el ansia de placer conjuntada con la hipersexualización en torno a la sexualidad masculina.

Estos dos últimos factores ocasionan, que en la mayoría de veces las mujeres adolescentes sean inducidas por su pareja para sostener relaciones sexuales inesperadas y no deseadas, en donde los métodos anticonceptivos son olvidados.

Situación que aumenta cuando la adolescente además es de recursos e instrucción académica limitados, la mayoría solo cuenta con educación básica, lo que la hace proclive a considerar que la única forma de conseguir el amor de su pareja y sobresalir en la sociedad es aceptar su embarazo y ser madre.

Con ello no quiero decir, que no existan jóvenes que de común acuerdo mantengan relaciones sexuales consentidas; sin embargo, estos son muy pocos y aun cuando planifican su experiencia sexual son víctimas de la falta de información y educación sexual.

En las situaciones antes mencionadas, las menores de edad han sido víctimas de la violencia sexual y de la adultocracia que les impide una educación integral en sexualidad, de la sociedad conservadora que les obstaculiza ejercer su sexualidad responsable y en algunos casos acudir al aborto legal, pero también, de la falta de corresponsabilidad que surge entre el Estado, la familia, las madres y padres.

Si bien, el Estado ha implementado políticas públicas, estas solo han sido diseñadas para controlar el deseo sexual de las mujeres y no para dotar de inteligencia sexual a las y los adolescentes. Es más fácil enseñar a los hombres a colocarse un condón y decirles a las mujeres que se abstengan de mantener relaciones sexuales tempranas para no salir embarazadas, que dotarlos de información para tomar decisiones asertivas.

A esto se le suma la falta de corresponsabilidad de la ciudadanía, quienes piensan que la intervención del Estado debe ser lineal y que se cumple solo con proveer métodos anticonceptivos, desplazando con ello la información que pudiera orientarlos.

Finalmente, se debe aceptar que los embarazos en menores de edad son un problema público que pone en riesgo la vida e integridad de niñas y adolescentes, especialmente porque son ellas las que presentan obstáculos para acceder a una vida libre de violencia y alcanzar su desarrollo personal, social y profesional.

Por ello, es necesario eliminar la desigualdad estructural, la violencia sexual y los prejuicios sociales, para estar en condiciones de propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo, así como dotar de una gama completa de métodos anticonceptivos.

Estas acciones solo serán posibles desde la integración institucional y la corresponsabilidad ciudadana.

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