Yaneth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 19 de marzo, 2022.- El 8 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró su postura de rechazo a la implementación de proyectos de ley fundados en la “protección de la vida y la familia”, proyectos que algunos Estados parte indebidamente han tratado legislar aun sabiendo que son incompatibles con las obligaciones internacionales.
Desde el 2017, la Corte Interamericana en adelante CIDH ha sido enfática en advertir sobre los efectos discriminatorios y las graves violaciones a derechos humanos que conllevan iniciativas como la señalada.
Especialmente porque este tipo de proyectos desconoce los principios de igualdad y no discriminación, esenciales para el derecho internacional de los derechos humanos.
Pero, además porque fomentan la perpetuación de estereotipos que colocan en riesgo a mujeres, niñas, niños, adolescente y personas de la comunidad LGBTIQ+.
Tan solo en el caso de la interrupción del embarazo se incrementan las sanciones en contra de las mujeres, del personal médico que las asiste y de todas las personas que apoyan en la práctica; además de que establecen la obligación del personal médico de presentar informes sobre abortos espontáneos, lo cual genera riesgo de criminalización por emergencias obstétricas.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes las restricciones en el acceso a la educación sexual integral, no solo genera la invisibilización de situaciones de abuso sexual y embarazos no deseados, sino también, obstaculiza la perspectiva de aceptación a la diversidad.
Estando en la misma condición los casos sobre derecho al matrimonio igualitario, en ambos casos esto implica un retroceso para los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas de la comunidad LGBTIQ+, ya que incluyen limitaciones al acceso a la información y la educación sexual integral.
Siendo que la educación sexual integral es fundamental para la construcción de sociedades más inclusivas y para la eliminación de prácticas discriminatorias ya que su ausencia afecta negativamente a la sociedad en su conjunto.
Ahora bien, este tipo de casos y propuestas legislativas no son ajenas para el Estado mexicano, ya que en diversas ocasiones la clase política conservadora se ha manifestado en los congresos al imponer argumentos que evidencian su intolerancia y desbordante convicción personal, al señalar y criminalizar a las mujeres que exigen su derecho a la autonomía personal.
Sin olvidar, la pretensión de algunos Congreso al tratar de implementar restricciones al sistema educativo -PIN Parental-, cimentando sus pretensiones en el rechazo que se tiene a los contenidos básicos de educación sexual, perspectiva de género e inclusión social, por considerar que son contrarios a las creencias morales o religiosas.
Es importante mencionar que, este intento de proyectos de ley solo ha buscado imponer un paternalismo represivo basado en un concepto moral individual de creencias personales e ideologías, en donde los derechos humanos poco importan.
Y con esto no quiero decir que, asumir una postura bajo creencias personales este mal, lo que sí está mal es que esa postura interfiera estatal y jurídicamente en la libertad y plan de vida de las personas que no comparte esas creencias, ya que esto solo ocasiona perjuicios serios a los intereses legítimos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y demás personas susceptibles de ser vulneradas.
Por último, basta decir que es importante observar determinaciones como las emitidas por la CIDH, pues en este sentido es esencial que los funcionarios públicos que nos representan y que ocupan escaños legislativos dejen de elaborar proyectos sin tomar en cuenta las obligaciones internacionales y estatales en materia de derechos humanos.
Ya que, estos tienen la obligación de promover, garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas, además de recordar que no trabajan solo para un grupo de personas con creencias similares, sino que su labor se ciñe al interés colectivo de todas las personas que habitan el país.
Así mismo, están obligados a ser conscientes y reconocer los límites que debe guardar el Estado en relación a la ciudadanía, ya que no les corresponde a los representantes del Estado promover planes de vida buenos y virtuosos, porque con ello se limita la capacidad de cada persona a elegir libre y racionalmente los planes de vida y los ideales de virtud que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias. Por lo cual su bienestar no puede estar dado por un modelo de organización social impuesto dogmáticamente.
