- En la etapa de recuperación económica durante esta fase de la pandemia en México, veremos cómo el sector empresarial garantiza en sus actividades los derechos humanos
Por: Aura Guerrero
SemMéxico. 16 de mayo 2020.- El movimiento internacional de derechos humanos surgió primordialmente como respuesta a las violaciones a la dignidad de las personas durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos ahora viviendo otro momento histórico que tiene también el potencial de darle un vuelco a la forma en que los estados protegen y respetan los derechos humanos y a la manera en que las empresas asumen su responsabilidad al contribuir, causar o estar vinculadas con violaciones a los derechos humanos.
En el 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Estos Principios enfatizan la responsabilidad que tienen las empresas de proteger y respetar los derechos humanos en el desarrollo de su actividad económica. Tienen como propósito ser aplicados de manera indistinta en todas las empresas. A pesar de no ser obligatorios, han existido diversas iniciativas privadas que buscan que las empresas se informen sobre su contenido y los incorporen en sus actividades comerciales.
A nivel internacional se ha discutido la posibilidad de hacer un tratado en la materia que establezca la obligación expresa de las empresas de cumplir con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Esta iniciativa no ha tenido éxito, sin embargo, algunos países han implementado regulaciones que establecen dicha obligatoriedad. Francia es el único país que hasta ahora tiene un sistema así y muchos otros países discuten la adopción de una legislación similar.
Recientemente, la Comisión Europea anunció que en el 2021 introducirá una iniciativa de ley que hará obligatorio que las empresas de la Unión Europea lleven a cabo procesos de debida diligencia en la materia. Esta iniciativa se presentará como resultado del reporte final de un grupo de trabajo de la Comisión sobre la debida diligencia en la cadena de producción y como resultado de muchas de las acciones que empresas han adoptado en respuesta a esta pandemia. El reporte concluye que la mayoría de las empresas consultadas consideran que un proceso forzoso puede beneficiarlas.
En México la CNDH creó en el 2018 el Programa de Empresas y Derechos Humanos que busca consolidar una cultura preventiva y de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. La CNDH ha trabajado dentro del marco de sus atribuciones, pero no tiene facultades directas sobre las acciones de empresas privadas. Tampoco se ha percibido una voluntad clara y firme del sector empresarial para ser socialmente responsable e incorporar, motu proprio, los Principios de la ONU a sus actividades.
Cabe preguntarse si la implementación de un sistema obligatorio de debida diligencia como el que existe en Francia o se prevé para Europa es viable en México. También habría que analizar si un sistema obligatorio cabría dentro de la competencia constitucional de la CNDH. ¿Habría acaso que hablar de una nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos?
La pandemia que estamos viviendo ha dejado claro que muchas empresas han ignorado los efectos que sus actividades tienen en los derechos humanos. Pero queda por ver cual será el rol que asumirán en la etapa de recuperación económica que vendrá una vez que concluya esta primera ola del virus. También habrá que ver que reformas nuestras autoridades presentan en la materia.
