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La CNDH, y CEDH de Veracruz condenan a la Fiscalía y al Gobierno por violaciones a los DDHH de una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo

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Se pronuncia porque se libere el aborto en la entidad y se cumplan recomendaciones internacionales

Las feministas hacen un recuento de violaciones a derechos sexuales y reproductivos y denuncian la negativa a dictaminar sobre la ILE

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 2 de julio, 2021.- Una ola de indignación, condena  y reclamos contra el gobierno y la fiscalía de Veracruz, surgieron  en el país y en el mundo. Ello  por el encarcelamiento de Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, recluida  desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo y provocado por la violencia de su pareja.

Este caso es resultado de una política sistemática en Veracruz, agravada por el encarcelamiento, re-victimización, vulneración al debido proceso y falta de perspectiva de género y a los derechos humanos en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado en el caso de la mujer que desde hace más un mes está presa en Acayucan por un aborto, señalaron una centena de colectivas de mujeres e, integrantes del sistema estatal contra la violencia en Veracruz.

Paralelamente Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV)  condenaron los hechos y exigieron al gobierno de Veracruz cumplir dar cuenta de los atropellos  contra  Diana Patricia.

Lo que sucedió a Diana Patricia, sostienen los organismos de Derechos Humanos,  vulnera gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.

Sobre la falta de perspectiva de género en el proceder de la FGE en el caso de la mujer encarcelada desde hace un mes por aborto, es muy grave. Por ello las firmantes, representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres,  representantes de diversas organizaciones y activistas a título individual nos pronunciamos en contra de las recientes declaraciones emitidas por la Fiscalía General del Estado a través de sus cuentas oficiales al hacer pública una nota con fecha 28 de junio del presente, en el que sin la mínima ética ni respeto jurídico, se re-victimiza a una mujer radicada en la localidad de Oluta, municipio conurbado con Acayucan Veracruz, quién tuvo un aborto en un centro comercial, mismo que de acuerdo a las declaraciones de ella misma y de sus familiares, fue producto de la violencia doméstica sufrida.

Las colectivas feministas señalan, además  que la Fiscalía General del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la re-victimización y criminalización en casos relacionados.

La Fiscalía demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género y  significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con un intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales.

La CNDH exhortó  al Gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado a no criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos y sostiene que urge derogar las leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de condenan la acusación por homicidio contra Diana Patricia porque  denota la falta de perspectiva de género en la investigación,  además de  la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que  abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres.

Para estos Organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable. 

Recuerda la CNDH  que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para “derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.

La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Feministas condena conducta desviada en Veracruz, desde hace tiempo.

Elevan sus protestas al Gobernador Cuitláhuac García, omiso en su actuar desde de 2019 y narran:

Incumplimiento en la designación de la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto.

 En mayo de 2019, tras la renuncia de la Mtra. Yolanda Olivares, el gobernador Cuitláhuac García, nombró como encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres a quien entonces fungía como jefa de la unidad de género de la Secretaría de Gobierno, la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez. 

En julio del mismo año los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada a la brevedad por la Secretaría de Gobierno.

 Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz. 

Durante este período los señalamientos hacia el Instituto han ido desde el despido injustificado de personal capacitado, la falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, hasta el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia. Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. 

A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar. 

Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes.

Recuerdan que  las recomendaciones realizadas a la entidad veracruzana en razón de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado están las que concluyen que el Estado de Veracruz obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM046 SSA-2005. Xalapa, 

 Los órganos autónomos se niegan a reconocer como el problema público que es y en cambio criminalizan y persiguen a las mujeres que los cometen, mismas que como es el caso de Claudia N, viven en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias. 

El caso del aborto ocurrido en Oluta y que mantiene desde hace un mes presa a una mujer en la cárcel  lo que no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021.

 Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha dado declaraciones acerca de su proceder, razón por la que exigimos respeto a los derechos de las mujeres, un trato digno, juzgar con perspectiva de género y dejar de usar el escrutinio público para criminalizar a aquellas que abortan.

 Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades.

 Ambos hechos tienen un mismo origen: la desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas han evidenciado en su gestión con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres, ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora.

 Firmantes Myriam Lagunes – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lorena Redondo – Integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Katya Gabriela Esteva Cruz – Regedhem A.C. e integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Red de Mujeres Feministas de Veracruz, REMUFEVER. Marea Verde Altas Montañas. Xalapa, Colectivo feminista Chihuatlahtolli A.C. Ana Valderrama, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Ximena Vio Salinas, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio Nancy Torres Castañeda, Colectiva Colmena Verde Colectivo Colmena Verde Luz María Reyes Huerta. Red de Género, Derechos Humanos y Empoderamiento A.C. Ana María Fonseca Cortés. Haydée Aurora Magallanes Montalvo, MAMVBER. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Haydée Aurora Magallanes Montalvo. Ana María Fonseca Cortés. Mónica Mendoza Madrigal, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona. Deisy Iris Jácome Sánchez. Surinam Arandia Azuara Angeles, Presidenta de Piensa, Actúa y Sorprende A.C. Rosa María Cabrera Lotfe, Responsable de la Comisión de Violencia de Género de la Organización Nacional de Mujeres y, asesora en la Secretaría de Igualdad de Géneros del PRD, feminista, ex Diputada Federal y, defensora de Derechos Humanos. Azucena Rodríguez, Diputada Federal PRD. Teresa de Jesús Vázquez de los Santos. Activista Martha Martínez Marín. Metzeri Ávila San Martín. Marea Verde Totonacapan. Católicas por el Derecho a Decidir. María Sabina Martínez Pinto, Activista. Ana Irene Muro Lagunes Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Xalapa, Veracruz a 01 de Julio del 2021 Boca del Río. Belem Palmeros Exsome, MAMVBER. Cristina Pérez Carmona, MAMVBER. Magaly Emilia Corona García, MAMVBER. Jazz Bustamante Hernández, Colectivo Soy Humano A.C. Enma Obrador Garrido Domínguez, AMAM A.C Reyna Martha Gil Rojas, Empoderando Mujeres A.C. Ana Laura Ramírez Huitrón, Red de Trabajadoras de la Educación. Erika Salinas Valadez, Coalición Nacional de Mujeres Rurales, A. C. Anna Carina Chumacero, Huitzitzilin Organización Latinoamericana por la defensa y acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C. RED-TIC Por Los Derechos De Las Mujeres. Mujeres Indígenas Popolucas Triqui de Texistepec, Veracruz. Carolina Ramírez Suárez, Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México. Maria Guadalupe López Vélez, AMAM A.C. Pro-Mujeres Veracruz Iniciativa feminista Veracruz Las Libertarias

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