SemMéxico. 12 de marzo de 2021.- El pasado 8 de marzo mientras miles de mujeres en todo el país salían a exigir un alto a la violencia feminicida y el respeto a sus derechos, a las 19:59 horas, el Senado de la República publicó una fotografía en su cuenta de Twitter donde se observa su edificio iluminado por una luz violeta y un mensaje:
“Contra la violencia, la desigualdad y el acoso se ilumina hoy el Senado, órgano legislativo comprometido con el #8M2021”
Sin embargo, un poco antes, a las 15:16 exactamente (en lo que encapsulaban y gaseaban a las mujeres manifestantes en el Zócalo de Ciudad de México) se publicó un boletín desde su página de internet avisando la aprobación de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda al dictamen que expide la nueva ley de la Fiscalía General de la República, así como su salida de sistemas nacionales previstos en otras normas.
No vamos a entrar en todo el deslinde de responsabilidades que esto significa, expertos como Lorena Delgadillo Pérez y Eduardo Rojas Valdez ya describieron la propuesta entera como un grave retroceso que abona a la impunidad, https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/3/9/el-senado-su-responsabilidad-en-la-impunidad-259719.html así que vamos a abordar solo uno de los sistemas que tiene relación con los derechos de las mujeres.
El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres surge de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones para cumplir con cada uno de sus verbos rectores y en resumidas cuentas, trabajar de manera organizada para abatir la violencia.
Lo preside la Secretaría de Gobernación y está conformado por otras como la de Desarrollo Social, Seguridad Pública, Educación, Cultura, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el DIF, el INE, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y todos los Institutos de las Mujeres de los Estados, y sí, también es parte la Fiscalía General de la República, aunque sea con su viejo nombre.
Si cada uno de estos actores está allí es debido a que todos tienen una parte de responsabilidad, por eso en el Programa Integral que debe crearse con un presupuesto para garantizar su cumplimiento, hay obligaciones exclusivas de la Fiscalía como educar y capacitar en derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, especializar a los agentes del ministerio público en perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en la integración de denuncias e investigaciones por hechos de violencia y feminicidio.
También debe proporcionar atención de calidad y orientación a las víctimas, crear un registro de delitos cometidos contra las mujeres con variables muy concretas que permitan analizar el fenómeno, definir el perfil victimal y por consiguiente la política de prevención del delito, procuración y administración de justicia.
Dos puntos más por si no quedara claro: la Fiscalía tiene la obligación de crear protocolos especializados con perspectiva de género para la investigación de crímenes contra las mujeres incluidos el feminicidio, la trata, el abuso y la violación, debe crear una base nacional de información genética con datos de mujeres y niñas desaparecidas, así como de cuerpos de mujeres no identificadas.
Ninguna otra institución de las que he mencionado puede hacerlo porque no les toca investigar delitos, sólo le toca a la Fiscalía y lo tiene que hacer con perspectiva de género. La presunta autonomía a partir de la cual el Senado de la República justifica la decisión de sacarla de este Sistema, además de comprenderse erróneamente, parece ser más importante que la vida y la integridad de las mujeres víctimas del delito en México.
Aunado a ello se perpetúa el estado de incumplimiento a las observaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 2018, en donde al dar cuenta de la existencia de estereotipos discriminatorios y escasos conocimientos sobre derechos de las mujeres se recomendó a México la formación sistemática y obligatoria de los operadores de la ley, el uso de protocolos para la investigación, la aplicación efectiva del derecho penal y el enjuiciamiento de agresores.
En otras palabras, las decisiones que se están tomando se producen de espaldas a los derechos de las mujeres y en pro de la incapacidad de los funcionarios en el poder para comprender las exigencias que tiene la aplicación de la política criminal en un Estado Democrático del siglo XXI.
Y en definitiva el Senado tampoco nos ahorró la burla, mire que iluminarse de violeta al mismo tiempo que obstaculiza el acceso a la justicia para millones de mujeres y provee a la violencia feminicida. Hay que ser cínicos. A más ver.
Claudia Almaguer
Twitter: @Almagzur
