Mujeres

La inseguridad y atentados a la democracia por Covid19, continúan: iniciativa mesoamericana

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  • El estudio de defensoras mesoamericanas, vigente 15 meses después: no a la militarización
  • Hasta la fecha 15 mujeres por su defensa en DH, asesinadas en la región mesoamericana

Sara Lovera

SemMéxico, Cd de México,  21 de junio 2021.- En la mayoría de países de Mesoamérica, la crisis por COVID-19 se ha convertido en el pretexto perfecto para seguir debilitando la democracia, aumentando el autoritarismo y reforzando la militarización, afirma el texto Impactos de COVID19, sobre la vida y las luchas de las defensoras mesoamericanas de derechos humanos.

Por ejemplo sostiene que en México, si bien el Gobierno Federal no ha tenido un enfoque represivo, autoridades locales han usado las medidas para vulnerar el derecho a la protesta y acosar a activistas.

El viernes 5 de junio, la defensora Claudia Hernández fue detenida arbitrariamente por elementos de la policía estatal de San Luís Potosí mientras participaba en una manifestación para protestar por la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Claudia acudió a la manifestación como integrante del colectivo #YoSoy132 para desarrollar labores de observación y mediación durante la marcha. 08/06/2020 – Alerta Defensoras México.

Situaciones semejantes han sucedido en Guanajuato, Chihuahua y Estado de México. Las y los trabajadores de la Salud no fueron escuchados y a muchos se les negó la vacuna, sobre todo si eran de hospitales o servicios privados.

Los datos y reflexiones que presentamos en el informe Des-hilar la crisis, tejer futuros. Impactos de COVID-19 sobre la vida y las luchas de las defensoras mesoamericanas de derechos humanos” son el resultado de un mapeo que desarrollamos en la IM-Defensoras junto con las redes y articulaciones nacionales que la integran. En el periodo estudiado 15 mujeres defensoras, en distintos países fueron asesinadas.

El texto fue resultado de una  encuesta se llevó a cabo entre el 29 de mayo y el 4 de julio de 2020, donde participaron  un total de 475 defensoras de derechos humanos ubicadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

Desde entonces la investigación se propuso s entender de qué manera la irrupción de la COVID-19 y la respuesta de los gobiernos y otros grupos de poder ante la misma, impactan las  nuestras vidas, nuestra acción política y nuestra labor de defensa de derechos humanos.

Para complementar el  análisis, particularmente con relación a las condiciones pre-existentes que teníamos las defensoras cuando detonó la sindemia, utilizamos información de nuestro informe interno “Actualización 2019 del Diagnóstico de la prácticas de autocuidado, cuidado colectivo y sanación de defensoras de derechos humanos”.

Este mapeo fue  necesario y anticipatorios, porque no se contaba  con información detallada de las afectaciones que las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.

A 14 meses, los datos se fueron profundizando y comprobando. El caso de Perú, es emblemático; las restricciones en algunas comunidades; los efecto de las protestas por falta de medicamentos en México y otras, muestran, dice la iniciativa, que un nuevo brote, será fatal.

Las defensoras, como grupos vulnerable, temían por su  salud, situación económica, trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, acceso a la comunicación, amenazas y riesgos, entre otros indicadores.

La información recabada, dicen, le ha  permitido fortalecer nuestra respuesta local, nacional y regional de Protección Integral Feminista en un momento de incertidumbre, mayores restricciones y nuevas vulneraciones a nuestros derechos.  Hoy se sabe que las principales luchas son encabezadas por mujeres, como dijo a Semméxico, Josefina Chávez, directora de Cuadernos Feministas e integrante de la iniciativa mesoamericana.

Aisladas e Incomunicadas

Lo que tampoco ha cambiado, es como en tiempos de sindemia, confinamiento y distanciamiento social, comunicarse y hacer trabajo de manera virtual y seguro no es una alternativa que esté al alcance de la mayoría de las defensoras.

Muchas de ellas, algunas verdaderamente aisladas, no han logrado los recursos necesarios para tener saldo en el celular (53%), situación que se agrava para las compañeras de entornos rurales (67%) en comparación a las urbanas (46%). Apenas 16%  tiene acceso a conexión wi-fi, entre las defensoras que no tienen acceso a este servicio y solo cuentan con los datos de su celular para acceder a internet la gran mayoría son defensoras que viven en zonas rurales (57%).

 Los riesgos en materia de seguridad digital son patentes pues la mayoría usan vías no seguras para comunicarse.

Atentado a la Democracia y Militarización

En Honduras, el gobierno decretó la suspensión de derechos y garantías constitucionales y ha sido responsable del aumento de la violencia y el acoso a comunidades en resistencia.

 La defensora Iris Argentina Álvarez fue asesinada hoy 2 de abril por personas identificadas como agentes seguridad privada de la Empresa Azucarera La Grecia. El hecho ocurrió durante un violento e ilegal desalojo en el sector de Los Chanchos, municipio de Marcovia, Choluteca. Testigos de la comunidad aseguran que elementos policiales permanecían en la zona cuando los agresores abrieron fuego contra varias familias con muchos niños y niñas. La policía no hizo nada para detener la violencia que terminó con la vida de la defensora y dejó a otras dos personas heridas, incluyendo un menor de edad. 02/04/2020.

En Guatemala se impuso el estado de sitio en comunidades especialmente activas en la lucha contra el extractivismo. Hombres y mujeres de Santa Catarina Ixtahuacan han sido reprimidas por la Policía Nacional Civil cuando denunciaban, con un bloqueo, la presencia de pobladores de Nahuala entrando a su territorio acompañados del ejército para realizar una siembra en la finca El Alto, territorio en disputa por ambos municipios.

Ello ocurre en el marco del Estado de Sitio decretado en la zona por el gobierno el pasado 29 de mayo. 11/06/2020 – Alerta Urgente Guatemala.

 En Nicaragua, la persecución política se incrementa y el gobierno reprime a quienes contradicen la versión oficial sobre el impacto de la sindemia en el país. Las defensoras de la Costa Caribe de Nicaragua Nora Newball, Dolene Miller, Jennifer Brown y Kalua Salazar han denunciado hoy 22 de junio, hostigamiento policial y asedio en sus viviendas por parte de la policía nacional. Las activistas y periodistas denuncian que se han colocado más de 20 policías con patrullas en frente de sus casas. Ellas indican que el hostigamiento se ha incrementado después que denunciaran las muertes por Covid-19 y demandaran acciones de prevención en el territorio. 22/06/2020 – Alerta Urgente Nicaragua.

 Mientras se usaba la COVID-19 para restringir libertades y se negaba el trabajo de derechos humanos como una actividad esencial, los Estados permitieron proseguir con la actividad extractiva aprovechando las limitaciones impuestas a las comunidades y organizaciones que defienden el territorio. El extractivismo no se ha confinado y, por el contrario, se lo ha tratado de legitimar como vía para salir de la crisis actual. «… mientras se declaraban estados de emergencia y se imponía el aislamiento social obligatorio, actividades como la minería, el agronegocio o la tala eran declaradas “actividades esenciales” para la economía y la sociedad, lo que implica que estas funcionan sin restricciones…para mantener las actividades operativas han forzado a las y los trabajadores a exponerse al contagio del coronavirus…»

Coordenadas del extractivismo: México

Durante la pandemia en América Latina, arrojó la investigación, por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.

 Según informes varias organizaciones sostienen que en  México y Centroamérica: garantizar la defensa de derechos humanos en la región es más urgente que nunca.

Ya que los gobiernos han sostenido con hechos que poner los derechos humanos en el centro de la respuesta a la crisis no era en absoluto una prioridad a pesar de que era la única vía para salvaguardar la salud y la vida digna de la mayoría de la población.

 Por ello, las defensoras y comunicadoras no contaron con condiciones y medidas especiales para ejercer de manera segura tareas como la organización de actividades de alimentación y salud comunitarias, el acompañamiento a grupos vulnerados y víctimas de violencia, la protesta social ante injusticias y violaciones a derechos humanos, el monitoreo y denuncia de violaciones a derechos humanos, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.

En los hechos, las defensoras, afirmaron que se sigue  viviendo una crisis de acción política sin precedentes que vulnera los derechos de la mayoría de la población y agrava las desigualdades y el autoritarismo.

Con todo y confinamiento, entre marzo y noviembre de 2020, al menos 15  mujeres definidas como defensoras de derechos humanos  fueron asesinadas.

 † Paulina Gómez Palacios Escudero, campesina originaria de San Luis Potosí, México, fue encontrada asesinada el 22 de marzo. Esta defensora del territorio trabajaba con el Consejo Regional Wixárika, quien desde 2009 había luchado por impedir la actividad de mineras en su territorio.

† Karla Camarena, también conocida como Valentina Ferrety, era una reconocida defensora de los derechos de las comunidades LGBTI. El domingo 29 de marzo la asesinaron en el municipio de San Felipe, en el estado de Guanajuato, México.

 † La periodista mexicana María Elena Ferral falleció en el hospital como consecuencia de las heridas recibidas el 30 de marzo después de ser atacada con arma de fuego en Papantla, estado de Veracruz. Por su trabajo denunciando actos de corrupción y delitos del ámbito político había sido amenazada y atacada en redes sociales.

† Iris Argentina Álvarez, de la cooperativa campesina Cerro Escondido, fue asesinada en Honduras el 2 de abril durante un desalojo ilegal por parte de agentes de seguridad privada de la Empresa Azucarera La Grecia. Los policías que permanecían en la zona cuando los agresores abrieron fuego contra varias familias no hicieron nada para detener la violencia.

† La defensora salvadoreña María Antonia Sánchez, lideresa comunitaria en el Cantón Casa de Piedra, municipio de San Marcos, fue asesinada el 7 de abril en San Salvador.

 † Luz Clarita Zúniga, activista trans hondureña, fue asesinada a pedradas en una calle de la ciudad de La Ceiba el 1 de mayo de 2020. Luz Clarita, quien al parecer estaba en situación de calle, hacía parte de actividades de la Organización ProUnión Ceibeña (OPROUCE) y había recibido diversas amenazas mientras realizaba trabajo sexual por la noche.

† El 18 de junio, el cadáver de Elizabeth Montaño fue localizado al costado de la carretera federal México – Cuernavaca, en el Estado Morelos, tras permanecer desaparecida desde el 8 de junio. Ella era una mujer trans, médica y defensora del derecho a la atención médica para las personas de la comunidad LGBTQI+.

† La madrugada del 28 de junio, la defensora trangénero Alejandra Ortiz fue asesinada por sujetos desconocidos en Honduras.

† Scarleth Cáceres fue asesinada a balazos el 22 de julio en el barrio La Plazuela de Tegucigalpa. Era integrante de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, una de las organizaciones de referencia en la defensa de los derechos de la diversidad sexual en Honduras y que en los últimos años cuenta con varias integrantes asesinadas y víctimas de crímenes de odio.

 † El 28 de julio, la joven defensora transgénero Cristal López se encontraba en su casa en La Ceiba, Honduras, junto a su pareja y su hermana, cuando sujetos desconocidos entraron, dispararon contra ella y su pareja, y se llevaron a su hermana. Unos meses antes, personas desconocidas habían allanado su casa y habían destruido sus pertenencias. Cristal era integrante de Organización ProUnión Ceibeña (OPROUCE).

† Jeanine Huerta fue encontrada asesinada en su casa, en Tijuana, México, el 27 de agosto. Su cuerpo presentaba varias puñaladas. Era una conocida activista y defensora de los derechos de las personas transgénero, transexuales, travestis, trabajadoras sexuales y personas con VIH en Baja California.

 † El 2 de septiembre, el cadáver de Mireya Rodríguez fue hallado con signos de violencia al interior de una casa en Aquiles Serdán, Chihuahua, México, tras permanecer desaparecida varios días. Era una reconocida defensora de los derechos de las comunidades LGBTI y de los derechos de las trabajadoras sexuales en el estado de Chihuahua, fundadora y presidenta de la asociación Unión y fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, A.C.

† Carmen Vázquez, conocida como Karamelo en el mundo cholero y de la cultura lowrider, era una líder veterana chola que se distinguió por su lucha contra el consumo de drogas y la violencia entre pandillas. De acuerdo con reportes oficiales, fue asesinada el 24 de septiembre a balazos cerca de su domicilio, en el municipio de Guadalupe, estado de Zacatecas, México. Sus amigos aseguran que el crimen tuvo lugar cuando intentaba mediar en un conflicto. Ella estaba ayudando a un grupo de la comunidad chola que tenía una pugna con desconocidos cuando llegaron personas armadas y dispararon directamente contra ella.

† El 8 de noviembre fue la última vez que vieron con vida a la defensora trans hondureña Mía Colluchi, cuando se encontraba celebrando su cumpleaños con cinco hombres provenientes de El Salvador. Al día siguiente, por la mañana, su cuerpo apareció en las inmediaciones de Playa Grande, semidesnudo y con signos de muerte por apedreamiento.

 † La joven defensora garífuna Laura Carolina Valentín Dolmo fue encontrada sin vida en el río Danto de la ciudad de la Ceiba, el 24 de noviembre, con signos evidentes de haber sido asesinada. Ella era integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y su asesinato se une a la serie de homicidios, feminicidios y casos de desaparición forzada que ha enfrentado durante el último año el pueblo garífuna.

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