Muriel Salinas Díaz
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 1º. de febrero, 2022.-Eran los años de la post guerra, entrados los años 50’, cuando por primera vez se observaron políticas dirigidas a las mujeres. En aquel contexto, el Estado y el mercado articularon una poderosa estrategia para convencer a las mujeres – quienes habían ingresado al mercado de trabajo en sustitución de los hombres que fueron a la guerra- de volver a su rol tradicional de “amas de casa” y ceder a los hombres sus empleos.
Betty Friedan llamó a este período “la mística de la feminidad”, nombre con el que tituló su obra más trascendente, donde desvela ese período de la historia en occidente. El prólogo de la primera edición en español de La Mística de la Feminidad fue escrito por Amelia Valcárcel, quien apunta: “con el auxilio de empleadores, la industria y los medios, toda una generación de mujeres, cuyos novios y maridos habían hecho la guerra, fue persuadida u obligada a que dejase sus empleos y volvieran a la situación tradicional en el matrimonio.”
Con este propósito como telón de fondo surgieron las primeras políticas dirigidas a las mujeres. Diseñadas desde un enfoque asistencialista de bienestar y centradas en promover su regreso al rol de amas de casa, estas políticas concebían a las mujeres como vulnerables, dependientes y pasivas a los procesos de desarrollo. Por tanto, el Estado no las reconocía como sujetos de derecho, como sujetos políticos y mucho menos como sujetos del desarrollo. Por ello estas políticas se orientaron a reforzar su rol reproductivo (cuidados, trabajo doméstico, maternidad y crianza) y atender problemas de salud relacionadas con la maternidad.
A mediados de los años 60’ emerge una nueva corriente de la economía feminista, conocida como Mujeres en el Desarrollo (MED). Con Esther Boserup como el referente principal de esta nueva corriente, irrumpe el pensamiento feminista en las discusiones sobre los modelos globales de desarrollo y las mujeres. El MED planteaba como problema central el hecho de que las mujeres se encontraban excluidas del proceso de desarrollo y por tanto representaban un recurso desaprovechado del mismo. Para revertir esta problemática, el MED propuso incorporar a las mujeres al desarrollo mediante políticas de inclusión al mercado de trabajo y al desarrollo productivo en los países subdesarrollados. Uno de los enfoques del MED puso el énfasis en las políticas antipobreza. Organismos internacionales, universidades y ONG, daban cuenta en sus estudios de cómo las mujeres eran la población más pobre de entre los pobres y advertían de un preocupante proceso de feminización de la pobreza en los países de América Latina (que aún persiste).
En países como México este modelo se tradujo en un boom de las políticas productivistas: proyectos productivos comenzaron a dirigirse a las mujeres como población objetivo y las comunidades y regiones más pobres se llenaron de talleres de costura, cocinas económicas, peluquerías y producción de artesanías o manualidades. Estos proyectos tenían la característica de ser de muy menor escala (microcréditos, microempresas, les llamaron) que se orientaban a resolver las necesidades prácticas de las familias y promovían en las mujeres actividades consideradas tradicionalmente femeninas, que no les distrajeran de su rol tradicional en la vida privado-doméstica.
Si bien el MED incentivó el acceso de las mujeres al desarrollo productivo, no logró modificar los roles tradicionales de género o lo que conocemos desde la teoría feminista como la división sexual del trabajo. En ese camino, diversos estudios encontraron que las mujeres eran mucho mejor administradoras de la pobreza que los hombres, distribuían de forma más equilibrada el ingreso familiar entre sus miembros y eran mucho menos propensas al mal uso de los recursos antipobreza que proveían los gobiernos a través de programas de subsidios.
El tercer enfoque del MED se asocia a los efectos de las políticas de ajuste estructural que implicaron un retiro más marcado del Estado respecto de la política social, depositando en las mujeres pobres una gran parte de esa responsabilidad gubernamental. La implementación de este modelo se sostuvo en gran medida porque se partía del supuesto de que las mujeres disponían de mucho tiempo libre debido a que el trabajo reproductivo que desempeñan en sus hogares no se consideraba como un trabajo, en tanto que se observaba el valioso rol de gestión comunitaria que desempeñan muchas mujeres en sus comunidades.
Así, el Estado comenzó a promover una mayor participación y protagonismo de las mujeres en las políticas antipobreza y de desarrollo social, trasladando gran parte de sus responsabilidades operativas en las mujeres, recargándose en su papel de gestión comunitaria. Todo ello derivó en un incremento de la jornada de trabajo no remunerado de las mujeres, lo que tampoco facilitó revertir la feminización de la pobreza y en gran medida agudizó no solamente su empobrecimiento, sino su condición de desigualdad y opresión.
Aunado a lo anterior, este modelo pronto permitió a los gobiernos latinoamericanos y partidos políticos darse cuenta del importante capital electoral que representaban las mujeres pobres, y cómo el uso clientelar de las políticas productivistas dirigidas a más de la mitad de la población, constituían una estrategia muy rentable electoralmente para la cooptación del voto de las mujeres y sus liderazgos, muchos de los cuales se construyen a partir del rol de gestión comunitaria que muchas mujeres desarrollan en sus comunidades y colonias.
A principios de los 80´ surge una nueva corriente, conocida como Género en el Desarrollo (GED). Entre las críticas más importantes que esta nueva corriente aportó al MED, es que se había dado la integración de las mujeres a un modelo de desarrollo construido por y para los hombres, sin transformar las relaciones de poder entre ambos. El GED sitúa como problema central las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres como factores que frenan un desarrollo igualitario y la plena participación de las mujeres.
La solución que aporta el GED es implementar medidas que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y que detonen procesos de transformación de las relaciones desiguales de poder entre los sexos, que modifiquen la división sexual del trabajo y el acceso de unas y otros a los recursos y beneficios del desarrollo, en pie de igualdad. El GED aportó lo que hoy conocemos como perspectiva de género para analizar las desigualdades entre mujeres y hombres y sus efectos en el proceso de desarrollo.
Fue en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, celebrada en Beijing, China, cuando los Estados parte de las Naciones Unidas, entre ellos México, adoptaron el compromiso de impulsar la igualdad entre mujeres y hombres como política de Estado, crear para ello Mecanismos Institucionales para el Adelanto de las Mujeres, adoptar la Perspectiva de Género como el enfoque desde el cual habría que diseñar e instrumentar dichas políticas y la Transversalización de la Perspectiva de Género o Mainstreaming de Género como la estrategia para su implementación.
En 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó que se eliminara el Programa de Estancias Infantiles que estaba a cargo de Sedesol. Pero, además, dio una orden muy clara: que las abuelas cuiden a sus nietos y que esa labor sea remunerada.
El Programa de Estancias Infantiles entonces fue sustituido por el Programa de “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras”, mediante el cual se “remunera” con $1,600.00 pesos cada dos meses a las personas que se dediquen a cuidar de una niña o niño, lo que además de representar un desmantelamiento de la infraestructura social de cuidados y a cambio un subsidio pírrico de $800 pesos mensuales a las personas cuidadoras, lo que claramente precariza el valor económico del trabajo de cuidados en todo el país.
En el PEF 2018 el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras contaba con un presupuesto de $4,070,264,507.00 de pesos. Para 2019, este monto se redujo a $2,041,621,313.00 pesos y para el PEF 2020 se redujo aún más, con un monto de $2,192,429,843.00 de pesos. En el PEF 2021 este programa tuvo un ligero incremento y el monto de gasto para dicho programa fue de $2,684,509,023.00 de pesos. Y para el PEF 2022 este programa cuenta con un presupuesto total de $2,684,710,092.00 de pesos.
Según datos del Censo de Población 2020 del INEGI, en México 33 de cada 100 hogares tiene como jefa de familia a una mujer, lo que significa que 11 millones, 474 mil 983 hogares son encabezados por mujeres. Además, el 18% de los hogares están compuestos por una mujer sin cónyuge y con hijas(os). La mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares (73.6%) es producido por mujeres. Este tipo de trabajo tiene un valor equivalente a 22.8% del PIB. Pero la brecha de género en la carga total de trabajo (remunerado y no remunerado) es de 13.4 horas semanales en promedio. La mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en menor disposición de tiempo libre: en promedio 4.2 horas a la semana.
Con este panorama, no podemos decir siquiera que el gobierno de la 4T ha regresado al modelo del MEG, pues en el PEF 2022 fueron eliminados absolutamente todos los programas dirigidos a las mujeres rurales y emprendedoras, pequeñas y medianas empresarias, con lo que es claro que a para el gobierno federal las mujeres no somos relevantes en el proceso de desarrollo del país.
Estas medidas regresivas no sólo representan un problema de recortes presupuestales. Estamos atestiguando el desmantelamiento de casi 30 años de avances en cuanto a las políticas de igualdad y adelanto de las mujeres en México. Estamos ante el retroceso más crítico del modelo de desarrollo en México, que, en cuanto a las mujeres, nos regresa a los años cincuenta: al modelo de la post guerra, a la mística de las mujeres.
