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La PGR, CNS y las Secretarías de la Marina y Defensa Nacional, las más señalas por violencia y tortura.

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Elda Montiel
SemMéxico. Ginebra, Suiza.26 de abril 2019.- La necesidad de que México cuente con un Programa Nacional contra la Tortura y un Registro Nacional de Detención de Personas, así como la adecuada aplicación de la Ley contra la Tortura, fue expuesta ante el Comite de la ONU contra la Tortura (CAT) por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Ginebra, Suiza.

En el marco del 66 Periodo de Sesiones del CAT y la séptima revisión periodíca de nuestro país, la CNDH señaló que en el contexto de violencia y tortura que vive nuestro pais, las autoridades más señaladas son, la entonces, Procuraduría General de la República- ahora Fiscalía General-, la Comisión Nacional de Seguridad y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Como organismo independiente y autónomo, la CNDH entregó al CAT la información relacionada con las Recomendaciones por Violaciones Graves a Derechos Humanos que ha emitido, en las cuales la tortura es una constante, como son, entre otros, los casos de Nochixtlán y la Recomendación del Caso Iguala sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, la cual representa uno de los asuntos más ominosos de violación a los derechos fundamentales en nuestro país.

Reiteró al organismo internacional que observará y analizará la normativa secundaria de la Guardia Nacional, que recientemente se creó, y destacó que ha urgido al Estado mexicano a contar a la brevedad con un Programa Nacional contra la Tortura y con un Registro Naciónal de Detención de Personas, que tenga metodología homologada para lograr datos estadísticos confiables.

Otro aspecto que destacó el organismo de derechos humanos, fue respecto de la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de México, ya que lo considera un retroceso por el riesgo de vulneración del principio de presunción de inocencia.

Especial mención fue la violencia obstétrica y se resaltó la importancia de que las autoridades médicas cumplan con la Recomendación General 31/2017 sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, emitida por la CNDH.

En éste contexto, se reiteró la importancia de que los servicios periciales sean independientes y autónomos, particularmente en lo que se refiere a la aplicación del Protocolo de Estambul.

Respecto a las personas privadas de su libertad se hizo notar que sólo 15 entidades federativas cuentan con centro penitenciario para mujeres y la necesidad de que cada estado cuente con uno. Así como las personas internas en instituciones de salud mental y psiquiátricos sufren malos tratos, lo que también ocurre a las personas con discapacidad o retenidas en estaciones migratorias.

La reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición, también fueron temas abordados, en los que se destacó la urgencia de que el gobierno de mexicano los atienda.

Una de las insistencias al gobierno mexicano es el respeto a las cuatro garantías al momento de la detención: los derechos a ser asistido por un abogado, a tener un examen médico, darle a conocer sus derechos y acceso a ellos, y a comunicarse con una persona de su confianza para darle a conocer dónde se encuentra, el motivo de su detención.

La CNDH coincidió con los miembros del Comité de que la capacitación a los servidores públicos, sea evaluada y se mida el impacto de la eficacia de los mismos. Toda vez que, la adecuada capacitación debe llevar a la modificación de conductas violatorias de los derechos humanos.

En esta reunión privada en que la CNDH amplió la información proporcionada al Comité en preparación para el Séptimo Informe del Estado mexicano participaron la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja; la Secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera Treviño, y la Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Ninfa Delia Domínguez.

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