- Repudio generalizado al crimen entre congresistas y sociedad, exigen investigación expedita
- La CNDH consideró “lamentable” lo sucedido y anuncia que por oficio abrirá una investigación para luego hacer una recomendación
Lizbeth Álvarez Martínez y Elda Montiel.
SemMéxico, Cd. de México, 30 de marzo, 2021.- La Comisión de Igualdad del Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigentes de diversos partidos políticos y colectivas feministas repudiaron el asesinato a manos de policías de Victoria Salazar Arriaza, sucedido en Tulum, Quintana Roo, pero no hicieron referencia a los otros 4 feminicidios sucedidos en esa entidad el fin de semana.
La senadora petista Geovanna Bañuelos recordó que en noviembre pasado la policía municipal de Cancún dispersó con detonaciones de arma de fuego, una manifestación feminista, de la que resultaron heridas dos reporteras, por lo que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo realizar un diagnóstico integral de las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos, igualdad de género y migración y pidió a las autoridades estatales capacitación a los policías.
En boletín oficial la CNDH informó “radicar de oficio” la atracción del caso de la mujer asesinada por policías –no la nombra- y señala que se trata de presuntos hechos, que dijo conocer por notas periodística y no hace referencia a los videos que se difundieron en todas las redes sociales, fundamento para la reacción de las autoridades judiciales.
La CNDH actuó, solamente después que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el crimen como un acto deleznable.
De la misma forma la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la Republica condenó y repudio el asesinato de Victoria Salazar Arriaza a manos de policías municipales de Tulum, Quintana Roo, y llamaron al gobierno Municipal a asumir su responsabilidad y al Estado Mexicano cumpla con las recomendaciones internacionales para capacitar y especializar con perspectiva de género a las fuerzas de seguridad pública, así como al personal operador de justicia
Las senadoras de esa comisión, formada por 11 senadoras y un senador, también llamaron a la Fiscalía General y al Poder Judicial del Estado a responder con justicia pronta, expedita y cero impunidades, así como castigo a los responsables de este hecho.
Las informaciones de la CNDH y el Senado precisan que Victoria Salazar Arraiza era una mujer salvadoreña que vivía en nuestro país en calidad de migrante refugiada y era madre de dos hijas.
Las senadoras también rechazaron los hechos por brutales, en tanto que la CNDH los califica de lamentables, y relató que la Fiscalía del estado ya inició una investigación. Lo cierto es que esa fiscalía ya arraigó a 3 policías, dos hombres y una mujer, a quienes abrió una carpeta de investigación.
En tanto el Partido del Trabajo, en voz de la Senadora Geovanna Bañuelos, anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir a la Fiscalía de Quintana Roo, garantizar justicia para la víctima y sus familiares y en discurso afirmó que “La muerte de Victoria no fue un accidente, fue un asesinato. Demandamos justicia y la no repetición de estos hechos indignantes”
HECHOS
La tarde del sábado 27 de marzo, detenida en un Oxxo de Tulum, por supuesta alteración de la paz pública, Victoria fue sometida y luego asesinada por los policías. Dice la CNDH porque un probable uso excesivo de la fuerza. Las autoridades determinaron, vía la medicina forense, que la víctima recibió una presión sobre su cuerpo que le quebró la columna vertebral. Y luego su cuerpo fue subido a una camioneta, “como si fuera un objeto”, dijo el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, que por ese motivo será investigado el asesinato como feminicidio.
La CNDH se concreta a señalar que por la naturaleza de los hechos “pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos” y anunció que integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.
Los pronunciamientos de rechazo abordan y reiteran que la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.
Las senadoras, por ejemplo, dijeron que estarán atentas a las investigaciones que permitan castigar a quienes cometieron estos actos y manifestaron su a solidaridad con la familia de Victoria.
A su vez la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT enfatizó lo peligroso que es ser mujer y migrante en México, y acotó que “la acción brutal de los agentes y la falta de sensibilidad por parte de los elementos policíacos provocó que al ser detenida la mujer falleciera de camino a la comisaría a consecuencia de las vértebras fracturadas, lo que pone de manifiesto la falla en la actuación y protocolos de los agentes, y la sistemática violación de derechos humanos contra los migrantes”,
Geovanna Bañuelos recordó que en noviembre pasado la policía municipal de Cancún dispersó con detonaciones de arma de fuego, una manifestación feminista, de la que resultaron heridas dos reporteras.
También dijo que solicitará a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo realizar un diagnóstico integral de las corporaciones policiacas en materia de derechos humanos, igualdad de género y migración.
A las autoridades estatales, fortalecer la capacitación a sus cuerpos de seguridad en estas materias, con el objetivo de formar policías que protejan y defiendan a las personas, sobre todo ante el constante incremento de centroamericanos que transitan por la república, ya que es necesario que las autoridades brinden máximas garantías de respeto a sus derechos humanos, particularmente de mujeres y menores de edad.
Geovanna Bañuelos llama al Senado de la República a agilizar la aprobación de reformas tendientes a garantizar la no violencia contra la mujer y el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Refirió que el 15 de diciembre pasado presentó diversas reformas a fin de prohibir la discriminación a cualquier persona por su estatus migratorio y garantizarle el derecho a la igualdad.
Así como privilegiar el interés superior y observar el principio de la unidad familiar, la obligación del Estado mexicano de asignar un tutor en caso de que un menor de edad no vaya acompañado. Propone que ningún migrante podrá ser expulsado del país en caso de que su vida, integridad, seguridad, libertad, derechos civiles o políticos estén en riesgo. Y crear mecanismos jurisdiccionales y administrativos para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y garantizar su acceso a la justicia pronta y expedita.
