Familias, en espera de recursos que no llegan
Error en la clasificación de daños, piden instituciones regresar ayuda
SemMéxico. Jojutla, Mor., 10 febrero 2018.- En la esquina de la segunda cerrada del Rosal de la colonia Alfredo V. Bonfil, municipio de Tlaquiltenango, hay una… dos… tres casas en escombros. Judith Torres Maceda tiene una libreta entre sus brazos; allí tiene anotado todos los gastos que ha hecho desde que su casa se vino abajo. Son más de 40 mil pesos; de estos, el gobierno federal solo le ha dado 15 mil provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). El resto lo pidió prestado, porque a casi cinco meses de la tragedia, es la fecha que sigue esperando que le entreguen una segunda tarjeta con un monto de 105 mil pesos para levantar su casa dictaminada como pérdida total por el sismo del 19 de septiembre pasado. La moda sísmica ha dejado múltiples espectaculares y publicidad en redes sociales con un lema que el gobierno del estado ha usado en, al menos, los últimos tres meses: “Construyendo un nuevo Jojutla”, “Morelos de pie”. A muchos damnificados, como a Gabriela Alvarado Martínez, esto le parece tanto un fraude como una falacia, porque en Jojutla la reconstrucción no se ve; en el municipio de Tlaquiltenango, menos, por el divorcio político entre su alcalde, Enrique Alonso Plascencia, y el gobernador Graco Ramírez Abreu. Teresa González Almanza e Ileana Brito Ocampo, junto con un grupo de vecinas de los municipios de Jojutla y Tlaquiltenango, se han organizado para compartir información. No pueden estar en todas las reuniones porque tienen que trabajar, por eso procuran organizarse para asistir a todas, tanto las convocadas por el gobierno como por asociaciones civiles y fundaciones que les ofrecen apoyo para levantar nuevamente su patrimonio. Teresa e Ileana no se conocían hasta antes del sismo; se encontraron en las burocráticas filas para llenar solicitudes. El número de veces que lo han hecho resulta ya exagerado y una burla para ellas. Por primera vez en la historia moderna, el estado de Morelos (y Jojutla, en particular) pasó a formar parte de las zonas afectadas por los sismos, uno de magnitud 7.1 que sacudió la tierra el 19 de septiembre de 2017 a las 13:14 horas. El saldo fue de 74 personas muertas. El gobierno cerró la cifra de viviendas afectadas, tras concluir el censo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 15 mil 801, de las cuales 10 mil 431 fueron de daño parcial y 5 mil 370 como pérdida total. Jojutla es la ciudad más importante en la región sur del pequeño estado y en donde pareció que fue el epicentro de aquel sismo. La avenida principal, Constitución del 57, y la colonia Emiliano Zapata se convirtieron en la representación gráfica del efecto devastador del sismo. La actividad comercial prácticamente desapareció, dejando terrenos baldíos donde la tierra se ha hecho fértil para las promesas de campaña de los políticos. Fue en este municipio donde el sismo dejó sentir toda su fuerza. 2 mil 600 casas colapsaron en una zona que se vio superada por no tener una memoria sísmica. Ninguno de sus habitantes recuerda haber pasado por un terremoto de tal magnitud. Nadie tenía idea de cómo actuar en estos casos. A los pocos días, el gobierno reconoció que fue rebasado por la tragedia. Las mujeres de la Alfredo V. Bonfil Es domingo y está iniciando el mes de febrero del año 2018. La novedad del sismo se ha diluido con la proximidad de las campañas electorales que acaparan la agenda política. Gabriela Alvarado, Judith Torres, Teresa González e Iliana Brito están en la cerrada del Rosal, una calle sin pavimentar a pesar de que no es de reciente creación. La tierra suelta nos hace taparnos la nariz cuando pasa el coche de un vecino. En este lugar mostrarán el espacio en donde estuvieron sus casas y darán su testimonio del calvario que han pasado después del sismo. Todas son de la colonia Alfredo V. Bonfil, una de las más afectadas en la cabecera municipal de Tlaquiltenango. “Aquí tengo todas las notas que me ha hecho el albañil que me está haciendo la mano de obra. Está su firma de él. Son como 17 mil 500 pesos que ya llevo. Esta nota es de alambre que ha subido mucho de precio desde que iniciamos a comprar. Este es el recibo de Bansefi, cuando me dio los quince mil pesos. Está a nombre de mi papá, porque mi papá es el propietario. Se llama Manuel Torres García. Todo está aquí; alambre quemado, un carro de arena de 700 pesos…”, narra Judith Torres, frente a lo que fue su vivienda y que se vino abajo. Allí vivían seis personas, entre adultos y niños. “Poco a poco fui comprando el material. Esto fue de alambre, cemento, pegamento: mil 250 pesos. 40 anillos de 10 por 17, tramo de PVC, dos codos de 4 por 90, 25 varillas, por mil 250 pesos. 20 bultos de cemento y 20 de mortero, por todo esto último, otros 5 mil 390 pesos que lo he comprado con el apoyo de mi familia que me mandó dinero, pero ya no tienen. La hermana que me estaba ayudando se le quemó su casa”, agrega. En los gastos que lleva en su libreta no está contando los 8 mil pesos que le regaló la fundación budista de Taiwán “Tzu Chi”, cuyo dinero lo usó para comprar los materiales eléctricos y los muebles de baño. Con esfuerzo y préstamos, Judith calcula que su casa va a la mitad. Le preocupa que la temporada de lluvias está cerca y todavía no tiene un techo donde refugiar a su familia. Pero también que la propuesta del gobierno y fundaciones para reconstruir sus viviendas sea ahora la de entregar las dos tarjetas —tanto la que ya recibieron por 15 mil pesos, como la 105 mil que faltan—, por un monto de 120 mil pesos; es decir, lo que el Fonden dio a las familias damnificadas por pérdida total de su vivienda. “Primero necesitaban que les giraran la orden de Sedatu, de que ya no nos iban a girar el apoyo para que ellos entraran en acción. Supe yo que dicen que ya no nos van a dar, porque el gobierno federal dice que ya cerró todo por las campañas y le dejó todo a gobierno estatal. Entonces, gobierno estatal ya nos anda buscando porque dice que la única forma de ayudarnos es esa: por medio de las fundaciones, pero tenemos que regresar lo que ya nos dieron de Fonden. Pero ya no tenemos ese dinero, porque ya lo invertimos”, agregaron las mujeres. Pero la propuesta de la Fundación; en este caso de Alejo Pérez, no convence a Gabriela Alvarado. Con seis integrantes de familia, no imagina cómo se distribuirán en dos cuartos, en una superficie de construcción que oscila entre los 40 y 50 metros cuadrados. “La persona que me atendió de Sedatu, aquí en mi municipio donde me tocaba hacer mi trámite, reconoció que efectivamente yo tenía mi dictamen como pérdida total. Entonces me dijo: ´Mire, como su caso me conmueve, lo más que puedo hacer es ayudarle a que una fundación le construya su casa´, pero yo le dije que a mí no me sirve eso. Yo quiero mi tarjeta de material y el resto del dinero en efectivo porque quiero hacer mi casa a mi gusto. Tú me vas a entregar con una fundación para que haga una pichonera, cuando somos seis de familia, y me entreguen dos recamaritas donde nada más quepa una cama individual, cuando no vamos a caber seis personas en dos dormitorios. Por eso yo quiero ya mis tarjetas para construir a mi gusto. Pero me dijo él que no, que ya no se podía hacer nada. Entonces Sedatu así nos tiene. Esto que está haciendo con nosotros es un fraude”, lamentó Gabriela Alvarado. Ileana Brito Ocampo está en una situación peor. Por desconocimiento y otras cuestiones personales, ni ella ni su esposo accedieron a ningún apoyo de reconstrucción. Ni de Fonden ni del programa del gobierno del estado “Unidos por Morelos” ni de fundaciones. Nada. Por el momento viven en una carpa reforzada por cartón. Su objetivo es conseguir al menos algunas tejas para colocar un techado. Teresa González Almanza, adulta mayor, vive con uno de sus hijos en una casita de láminas de cartón que el viento hace que sientan que quedarán en la calle nuevamente en cualquier momento. Afortunadamente no ha llovido, dice. Gracias a que antes del sismo tenía algunos materiales de construcción, durante estos cuatro meses pudo levantar un cuarto al que le falta el techo, puertas y ventanas, para poder refugiarse de las próximas lluvias. “A ustedes nadie les puede ver la cara, pero a nosotros sí, ¿verdad?” La molestia de Gabriela Alvarado va subiendo de tono, porque tiene en sus manos el dictamen donde dice claramente que su vivienda tuvo pérdida total. A pesar de ello, no ha podido conseguir que le entreguen la segunda tarjeta para construir. Ha ido a la capital, Cuernavaca, por lo menos tres veces a las oficinas de Sedatu, en donde la han rechazado. “Ni siquiera me han querido atender, me dicen que vaya directamente a Fonden”. También ha marcado a números telefónicos en donde nadie contesta. “Ese muchacho que me atendió me aclaró que ellos (Sedatu) van a hacer la verificación, y que a las personas que recibieron las dos tarjetas y que solamente estén reforzando, van a venir y les van a hacer que devuelvan el dinero que les están dando de más. Le digo ´Ah sí, a ustedes nadie les puede ver la cara, pero ustedes sí nos ven la cara a nosotros. Tú me entregaste 15 mil pesos, y mira las fotos. Yo no tengo casa´. Además, yo entiendo que 15 mil pesos no es nada cuando se les daña todo el piso de arriba”, describe Gabriela. El desorden del FONDEN Un encargado del Banco del Ahorro Nacional y Servicio Financieros (Bansefi) en Jojutla, le dice a un montón de propietarios que perdieron su casa en el sismo, lo que ya muchos habían sospechado: que las brigadas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu) hicieron con desorden el censo para designar a quienes se les darían los apoyos económicos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por pérdida parcial y por pérdida total. Tras haber repartido las tarjetas a finales de noviembre, de las 2 mil 692 casas que resultaron con daños total y parcial en el municipio de Jojutla, 629 tuvieron errores en la asignación de apoyo. Baltazar Espín Peralta, productor cañero de Jojutla, es una de las personas que hicieron fila en Bansefi para preguntar si después de mes y medio ya había salido su nombre en la lista de rectificaciones de los folios de Fonden, porque a su casa la clasificaron como pérdida parcial, cuando ha mostrado más de una vez a los brigadistas el terreno baldío en donde estuvo su vivienda en la colonia Emiliano Zapata. “Parece que lo hicieron al azar. Una casa sí y otra no. Así puedes ver que están en la colonia Zapata. A pesar de que fue la colonia más afectada, toda la manzana desapareció, y tú te has dado cuenta”, comenta Baltazar, quien analiza la posibilidad de aceptar la propuesta de la Fundación Carso, del empresario Carlos Slim, para reconstruir su vivienda. El “nuevo” Jojutla El pasado 27 de enero, el gobernador Graco Ramírez dio el banderazo de inicio del proyecto “Nuevo Jojutla, rescate integral del Centro Histórico”, que contempla la introducción de cableado y servicios subterráneos, la construcción de tres kilómetros de red de agua potable y 7.5 kilómetros de drenaje, drenaje pluvial en 2.5 kilómetros del centro, mejoramiento de la imagen urbana, reemplazar los pavimentos por concreto estampado, construcción de rampas, ampliación de banquetas, vegetación en banquetas, camellones y plazas, con una inversión total de 358 millones de pesos. El inicio de este proyecto fue cubierto por la prensa estatal y nacional. Desde este año, el gobernador se traslada de un lugar a otro inaugurando inicio de obras, aunque no estén acabadas, porque quiere que la gente perciba los beneficio de su gobierno y, sobre todo, que su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sea elegido gobernador para dar “continuidad” a su gobierno. Sin embargo, las familias que aún siguen esperando la segunda parte del apoyo de Fonden consideraron que las obras son inadecuadas en estos momentos, cuando hay familias que no tiene un techo seguro donde vivir. Blanca, en Valle de Vázquez En Valle de Vázquez, municipio de Tlaquiltenango, Blanca Cazares Cardoso ha sido uno de los vínculos más importantes en su comunidad —sino es que el más importante—, porque mucha de la ayuda humanitaria que llegó como una marejada de distintos puntos del mundo fue entregada en manos de quienes perdieron todo. Ella guio a los brigadistas y les dio alojo, pero hace cinco años lloraba de rabia por las noches porque “los hombres” de su comunidad le impidieron participar como candidata para ayudante municipal de Valle de Vázquez. Argumentaron “usos y costumbres” en una comunidad que no es indígena y que ni siquiera conoce el marco normativo de lo que pretendían justificar, pero la frase que más se rumoraba en la asamblea y en las calles de la pequeña localidad, era: “¿Cómo una vieja nos va a venir a mandar?” Hoy, Blanca Cazares se ríe de ese capítulo de su vida. Así como ella es, muy sincera, se lleva la mano a la frente y suelta la carcajada. La sangre se le agolpa en las mejillas. Tras el sismo, hay mucho qué hacer en “el rancho”, como ella se refiere a la comunidad de Valle de Vázquez, una de las localidades del municipio de Tlaquiltenango en donde colapsaron cien casas, y de las cuales 71 están reconstruyendo dos fundaciones de manera total y sin solicitar ni un peso a los damnificados. El divorcio político En la sucursal en Jojutla del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), a Mirna Cazares Cardoso le confían lo que es un secreto a voces en el vecino municipio de Tlaquiltenango: que para este municipio no habrá rectificación de folios, que quienes resultaron con pérdida parcial así se quedarán. El motivo no lo confirman ahí, pero se rumora en las calles: el divorcio político entre el alcalde experredista Enrique Alonso Plascencia y el gobernador Graco Ramírez Abreu, por la imposición —que no aceptó— de la Policía de Mando Único, hoy rebautizada como Policía Morelos. “En Bansefi nos dijeron que estuviéramos dando vueltas para preguntar, porque la casa de mi mamá fue pérdida total y solo nos dieron pérdida parcial. Y ya fui el jueves pasado [1 de febrero] y nos dijeron que ya no van a depositar nada al municipio de Tlaquiltenango. Solo a los demás, y así está toda la gente: esperando; solo dijeron que ya no iba a haber apoyo para Tlaquiltenango, pero Fonden es federal”, declaró Mirna. Le protestan al gobernador Después de más de cuatro meses entre largas y papeleos, el gobernador Graco Ramírez, atizado por un grupo de manifestantes en Jojutla, reveló que entregaron un listado de 800 folios a Sedatu que se tienen que corregir y que en breve saldrán las nuevas listas. “Estoy diciéndole que Sedatu tiene que publicar el acuerdo de la rectificación de Fonden. Fonden es un órgano federal en donde participamos nosotros también. Tenemos la lista; yo hablé con la secretaría de Hacienda y la titular de Sedatu. Se comprometieron a rectificar 800 casos que estaban así, con daño parcial y que eran daño total […] Yo tengo la lista de todos y tenemos que hacer que Bansefi nos entregue. Tiene que bajar [el dinero]. Si no ha bajado, vamos a ver a Basefi”, dijo el mandatario a los damnificados el pasado martes 6 de febrero. “Somos contados los que estamos, pero vamos a seguir manifestándonos hasta que se nos haga justicia y se habla por todos los damnificados aquí en Jojutla, eh. En el tema de reconstrucción, ustedes como reporteros y viendo las necesidades que tenemos los jojutlenses, y como hermanos que somos, ¿creen en este momento [que] es [oportuna] la reconstrucción de Jojutla? Yo creo que es algo que están [las autoridades] haciendo para demostrar que están haciendo algo, sino que lo más primordial es por las gentes [sic] que han perdido sus casas. Ustedes dense una vuelta en Jojutla y vean como todo está tirado. Ya vienen las lluvias y eso es importante, y esto [la reconstrucción] podía esperar. ¿Cómo rompen calles siendo que estamos reconstruyendo? Y eso impide seguir avanzando para la reconstrucción de nuestras casas”, exclamó Alberto Ayala Rangel, habitante de Jojutla. SEM/yd/gl
