Saúl Escobar Toledo
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de agosto del 2022.- Uno de los problemas más inquietantes de la situación actual es el empleo. La pandemia, el bajo crecimiento económico y luego los problemas por lo que ha atravesado la escena internacional, incluyendo la guerra y la inflación, han afectado seriamente los niveles de ocupación en todo el mundo y, también, en México.
De acuerdo a los últimos datos de la ENOE -INEGI, la situación en nuestro país ha evolucionado de la siguiente manera, tomando en cuenta la “brecha laboral”, un concepto más comprensivo que incluye a las personas que están desocupadas; a las que están en esta situación pero no buscan activamente un trabajo aunque han manifestado que necesitan un empleo remunerado (y que por lo tanto forman parte de la Población Económicamente No Activa disponible); y las subocupadas y subocupados (que declaran que necesitan laborar más tiempo o buscan otra ocupación, ya sea complementaria o con un mayor horario, debido a que requieren mayores ingresos para subsistir).
En el primer trimestre de 2020, todas estas personas sumaron 12.4 millones. En el tercer trimestre, momento en el que se sintió el efecto más fuerte de la reclusión sanitaria, se elevó a 22. 4 millones, un incremento de más de 80 por ciento. Un año después, en el tercer trimestre de 2021, había bajado a 17.5 millones y en el segundo trimestre de este año se encontraba ya en 14.5 millones.
Estas cifras mostrarían, primero, que el impacto de la pandemia en 2020 fue enorme. Muchos hogares se quedaron sin ingresos durante varios meses o éstos se recortaron sensiblemente. Como resultado de lo anterior, aumentó la pobreza laboral. Y, para tratar de remediar esta caída de sus jornales, las familias se endeudaron, vendieron parte de su patrimonio, y dejaron de adquirir bienes indispensables o aquellos que deseaban comprar para mejorar su calidad de vida. La reducción de este patrimonio (no sólo de sus ingresos) está todavía por investigarse puntualmente; sin embargo, el informe de la desigualdad en el mundo de este año (disponible en https://wir2022.wid.world ) muestra que el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.2%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; por su parte, el 40 por ciento situado en la mitad superior poseía el 21.5% de la riqueza nacional. En cambio, el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.7% y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47 por ciento.
Por otro lado, los datos más recientes muestran una mejoría de la situación en comparación a la segunda mitad de 2020, ya que la brecha laboral se había reducido, aunque no hemos llegado a alcanzar los índices que existían antes de la pandemia. Todavía, dos millones de personas más que a principios de ese año, seguían sin trabajo o con remuneraciones insuficientes.
Lo anterior se reflejó también en un aumento del ingreso laboral per cápita, según CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Por ello, la pobreza laboral (personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con los recursos que recibe por sus actividades), pasó del 46.3% en el tercer trimestre de 2020 al 38.3% en el segundo trimestre de este año. De la misma manera que en el caso de los niveles de ocupación, todavía no se llega a los porcentajes que se registraron antes de la pandemia (35.6 %).
Los progresos descritos ocurrieron a pesar de la inflación que ha lastimado a los hogares más pobres, lo que indicaría que, por un lado, hay factores que contrarrestaron este fenómeno y, por otro lado, desafortunadamente, que existen muchas familias que aún siguen afectadas, sobre todo en el área rural (donde los porcentajes no variaron) y en aquellas ubicadas en las zonas urbanas que se encuentran más desprotegidas.
Uno de los factores que atenuaron la pobreza, fue un nivel de ocupación más alto, como quedó de manifiesto con la reducción de la brecha laboral. Otro, el incremento de los salarios mínimos, y un tercero parece haber sido que, según el IMSS, “a un año de la reforma en materia de subcontratación, 2.9 millones de trabajadores están ahora contratados de manera directa, lo que significa el 55.7% del universo identificado en noviembre de 2020, lo que, asimismo, se reflejó en una elevación de su salario base de cotización de 469 a 597 pesos”.
No obstante, hay que destacar que la mejoría de los niveles de ocupación se debe a un crecimiento del empleo informal: de los poco más de dos millones de personas que encontraron una ocupación remunerada en el año (entre el II trimestre de 20221 y 2022), casi 700 mil lo hicieron por cuenta propia y más de 400 mil en un empleo asalariado, también informal. Por ello, el conjunto de este sector (trabajadoras y trabajadores por cuenta propia y asalariadas y asalariados) representa casi el 56 por ciento del total de personas empleadas (32 millones de un total de 57.5). Son, por supuesto, las más vulnerables: carecen, en su inmensa mayoría, de seguridad, protección y estabilidad laboral, y reciben ingresos muy reducidos.
Otro dato que ilustra lo anterior se refleja en que el incremento de la ocupación se debió principalmente al sector servicios (1.6 millones) y a las microempresas (1 millón), y en menor medida, a las manufacturas (480 mil) y los grandes establecimientos (430 mil). Por cierto, el sector gobierno tuvo cifras negativas: redujo sus plazas de trabajo en más de 300 mil personas.
En resumen, se pueden detectar un adelanto en materia de empleo, bajo condiciones adversas y una dinámica que no permite avizorar un cambio importante en la distribución del ingreso y la riqueza; ni la superación de las condiciones históricas del mercado laboral, caracterizado por la informalidad y la exclusión (sobre todo de mujeres y jóvenes). Las expectativas cifradas en un aumento de las exportaciones, amparadas en el T-MEC y las disputas de EU con China, aún son precarias e inciertas. Las reformas en esta materia han dado algunos resultados, pero no han sido suficientes. Y reflejan, igualmente, la lenta marcha del conjunto de la economía.
Como se ha repetido varias veces en las páginas de El Sur y han afirmado académicos e instituciones dedicados a estos temas, se requiere un mayor esfuerzo gubernamental: cambios legales tan indispensables como la creación de un seguro de desempleo (recomendado por CONEVAL, entre otras medidas, para incluirse en el presupuesto de 2023); la revisión del sistema de pensiones contributivo; y programas de apoyo a las familias, monetarios y no monetarios, que les permita superar el bache en el que cayeron durante la pandemia y acceder a más bienes, principalmente, alimenticios. Además, no es de olvidar, asignar los recursos suficientes a las instituciones encargadas de implementar la reforma laboral de 2019 en materia de democracia sindical y contratación colectiva.
Quizás la reflexión más destacada que puede sacarse del panorama descrito, consiste en que el proceso de cambio no puede limitarse a lo que ya se ha hecho. El impulso reformista tiene que ser de largo plazo y revisarse constantemente. De otra manera, los avances obtenidos corren el riesgo de perderse o diluirse en un mundo tan turbulento como el que se vive hoy en día.
SEM/MG
