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La Red de Mujeres Guerrerenses por los Derechos Humanos de las Mujeres exigen a la Gobernadora poner fin a los matrimonios forzados

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Acciones urgentes y específicas como lo anunció hace un mes en Tlapa

En un pliego de 8 puntos piden cambios a su Plan Estatal de Desarrollo, leyes y recursos materiales y humanos

Isabel Ortega y Sara Lovera

SemMéxico, Tlapa de Comonfort, Guerrero, 11 de diciembre, 2021.-La Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres, y 14 organizaciones de mujeres en la entidad exigieron al gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, poner fin a los matrimonios infantiles y forzados porque es una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Al entregar el pronunciamiento a la Gobernadora, señalan que debe actuar con diligencia en acciones urgentes y específicas para atender y erradicar estos matrimionios en las comunidades de la Región de la Montaña y la Costa Chica e incluir esta Red en la evaluación y monitoreo de la estrategia que la gobernadora anunció el 10 de noviembre pasado, en su visita a Tlapa.

En un pronunciamiento la red condena la situación y dirigen a Salgado Pineda 10 demandas y acciones puntuales para revertir la violación de las niñas en Guerrero, luego de advertir que estas prácticas se amparan en la tradición cultural, pero que realmente están violando los derechos de niñas y adolescentes.

Le demandaron armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas.

La Red señala que la realidad del matrimonio forzado por ampararse en la tradición cultural, no ha sido tomada en cuenta con un serio problema de violencia contra las mujeres, específicamente las niñas y adolescentes, y se permite perpetuar la situación asimétrica y de uso de poder de los hombres; una costumbre en la que participan tutores, abuelas y abuelos, madres y padres.

Explican en el documento que históricamente, el matrimonio es una institución en la que mayor desigualdad ha existido entre hombres y mujeres y se legitima desde el estado dejando a las mujeres en una condición de vulnerabilidad y expuesta a diversas formas de violencia.

En el contexto regional el matrimonio forzado se da en el marco de las tradiciones y costumbres indígenas, al amparo de la protección cultural. La Red narra cómo sucede, como se vende a las niñas, asegura que ellas tienen que trabajar para pagar la deuda que va de 150 a 200 mil pesos; que viven aisladas, en matrimonio sin su voluntad, que es hora de actuar sin diligencia.

Hacen notar que esta realidad no ha cobrado suficiente relevancia y no se ha abordado como un problema de violencia contra las mujeres, específicamente las niñas y adolescentes son quienes padecen esta grave violación a sus derechos humanos. los matrimonios forzados son una forma de violencia contra las mujeres en las que subyacen relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres.

Ven como lamentable que, al amparo de los mandatos culturales, los hombres controlan, subordinan y dominan a las mujeres y sus cuerpos. Lo que se suma a la urgencia de entender que las violencias y discriminaciones “que vivimos son estructurales y, por tanto, complejiza el acceso a nuestros derechos y autonomía.”

En el texto también señalan que los usos y costumbres en los municipios de la Región Montaña y Costa Chica del estado permiten ponerles precio a las niñas; es decir sus tutores, abuelas, abuelos, madres y padres venden a sus hijas, siendo un matrimonio forzado, sin que exista su consentimiento para ello.

Las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su compra, haciendo labores del hogar, de jornalera y campesina. Se trata de una dote en efectivo que va de los cincuenta mil hasta doscientos mil pesos, más otro pago en especie como refrescos, cervezas, cigarros, panes y otros alimentos es la forma de cobrar por ellas.

Los matrimonios infantiles y forzados convierten a niñas y adolescentes en madres a muy temprana edad, derivando problemas graves asociados con el embarazo que se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres obligadas con infancia infeliz y estudios truncados.

La mayoría de estas uniones no se registran y no se denuncian, solo “te ponen un precio y así te venden sin preguntar, sin avisar”, prohibido “decir que no” porque ya estás destinada a casarte, a pesar de ser menor edad.
ésta práctica ocurre frente a los agentes del estado, la iglesia, las autoridades comunitarias: delegados, comisarios y policías; mismos que permiten siga como si las niñas fueran animales u objetos, permaneciendo apáticas y amparándose en los usos y costumbres de los pueblos. en este sentido, el estado mexicano está obligado a generar políticas públicas que incluyan aspectos preventivos y de información hacia las comunidades.

Condenamos la prevalencia de ésta práctica que violenta los derechos de las infancias, de las niñas de la región montaña y del estado.
Tlapa de Comonfort, guerrero. diciembre 10 de 2021

Demandamos:

  1. Cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos, desde educación básica.
  2. Integración en el Plan Nacional Estatal de Desarrollo proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de derechos humanos y de género con enfoque intercultural.
  3. Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región montaña del estado.
  4. Armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas.
  5. Sinergia institucional mediante un plan de intervención de las dependencias como son: secretaria de la mujer, secretaria de asuntos indígenas, DIF, Sipinna, entre otros, que procuren y salvaguarden los derechos de las niñas y adolescentes.
  6. Promover espacios seguros y hogares libres de violencia a través de un plan emergente integral de protección de para las niñas y adolescentes de la región montaña.
  7. Formar parte como organizaciones de la sociedad civil, colectivas e independientes de la evaluación y monitoreo de la estrategia presentada el día 10 de noviembre en éste municipio por gobernadora.
  8. Exigimos que se cumplan nuestras sentidas demandas en torno a nuestros derechos, los que han sido negados y postergados históricamente desde las políticas oficiales.

A las demandas de la Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres se sumaron por 14 organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

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